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PSOE, Podemos y ERC pactan que el castellano deje ser lengua vehicular en toda España

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Los grupos parlamentarias han pactado una enmienda transaccional para la «ley Celaá», actualmente tramitada en el Congreso

El PSOE, Podemos y ERC han pactado una enmienda transaccional para la « ley Celaá», actualmente tramitada en el Congreso que deja fuera que el castellano sea lengua vehicular en toda España. En principio, esta enmienda se aprobaría en la Ponencia del próximo jueves.

Pese a que Unidas Podemos le dijo a ABC, sin embargo, que esta enmienda «no está cerrada», Gabriel Rufián (ERC) compartió en Twitter una noticia sobre el tema con la frase: «Más allá del ruido, la política». También el PSOE ha confirmado a ABC que dicha enmienda va a ser aprobada.

El proyecto de ley educativo, Lomloe, dice en su articulado actualmente (en un redactado muy similar a la ley vigente, la Lomce) que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».

La idea es cambiar este último párrafo por otro que señale que las comunidades autónomas deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los estatutos de autonomía.

«Aplicarán la inmersión con casi ninguna barrera legal»

Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de Cataluña lamenta que «dejarán la ley de educación sin la obligación de que el español sea vehicular en toda España, solo hablan de garantizar que se domine, un concepto que les permite aplicar la inmersión con casi ninguna barrera legal y sin establecer herramientas que controlen que ese dominio es real e igual en todo el país».

Losada advierte de que «ahora nos resultará más difícil conseguir ganar los recursos que les obligan a impartir el 25% de castellano; los ganaremos porque la Constitución y la jurisprudencia se mantiene pero añade más dificultades»

A su juicio, «este pacto por intereses políticos para aprobar los presupuestos supone que el Gobierno de España reconoce que no quiere garantizar la igualdad de derechos lingüísticos de todos los españoles».

El PSOE defiende su pacto y dice que está en línea con la Constitución

Fuentes parlamentarias del PSOE niegan todo ataque al castellano y dicen que «la enmienda tiene el objetivo de evitar los problemas del plurilingüismo en España. Nosotros defendemos un modelo plurilingüe que recoge la Constitución y la Lomloe es garantista con los derechos lingüísticos recogidos en la Carta Magna». Añaden que la Lomloe busca «garantizar que todos los alumnos reciban enseñanzas en castellano y en su lengua cooficial allá donde la haya».

Además, aseguran que en el caso de que la administración educativa «detecte que alguna de las dos lenguas no se están trabajando adecuadamente, deben tomr medidas compensatorias para paliar esas deficiencias».

«Están utilizando la educación como moneda de cambio»

Por su parte, Marta Martín, portavoz de Educación de Cs, ha dicho que «eliminar el castellano como lengua vehicular y oficial es una vulneración de derechos fundamentales de la que el PSOE es responsable. De nuevo, vergonzosamente, con la Lomloe están utilizando la educación como moneda de cambio. Lo grave es que, esta vez, si lo aprueban, lo hacen conscientemente y sin pudor a sabiendas de que va en contra de lo que ha determinado el Tribunal Constitucional. Por tanto, con alevosía. Toda la tramitación de la Lomloe es un puro disparate. Aquel PSOE que pedía un Pacto Educativo, un consenso y una reforma educativa hace tiempo que murió. No queda nada de ese PSOE. Queda el sanchismo que está demostrando que no tiene ningún respeto por la formación de nuestros jóvenes, que para es lo más valioso que les podemos dar en estos momentos. Una pena».

«Consensos»

Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido «esperar» al debate parlamentario pero ha justificado esta posibilidad por la necesidad de que «la ley de Educación cuente con la más amplia participación y con los mayores consensos posibles».

El Gobierno busca socios estables en este sentido, y entiende que no puede contar con el PP, por lo que ha venido a justificar que es esa necesidad de apoyos lo que les obliga a estas negociaciones: «Necesitamos una cierta previsión en el desarrollo integral de una ley que tiene muchísimos elementos. Y que tardará varios ejercicios en poder conseguir el desarrollo en toda su plenitud. Y en este sentido hay que hablar con el conjunto de fuerzas políticas para intentar consensuar un texto lo más amplio posible».

Y sobre la cuestión concreta del castellano la portavoz ha puesto en valor que la norma «reconozca la libertad, la diversidad y la situación que vivimos en nuestro país tanto en términos de pluralidad cultural, pluralidad lingüística» y «la capacidad por tanto de que cada uno en función de la igualdad de oportunidades se pueda expresar en las condiciones que le marca también su propio territorio», informa Victor Ruíz de Almirón.


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