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Los funcionarios impugnan ante el Tribunal Supremo los altos cargos nombrados a dedo por el Gobierno

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Los funcionarios, agrupados en la asociación Fedeca, consideran que el Gobierno está haciendo "un uso espurio de la excepción" y piden poner freno.

 El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, desde que se constituyó en enero, acumula ya 26 excepciones a la obligación recogida en la ley de que altos cargos como los directores generales de los ministerios sean funcionarios. La última excepción recogida es la dirección general del Instituto para la Transición Justa. Una situación que ha causado malestar entre el cuerpo de funcionarios. La Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca) ya ha impugnado ante el Tribunal Supremo una veintena de estos nombramientos.

"Creemos que se está haciendo un uso espurio de la excepción. Y además, en esta ocasión, con un doble agravante: que en esta ocasión se está doblando el número de altos cargos designados a dedo frente a otros gobiernos; y que demuestra que los que deciden no han aprendido la lección", explica Jordi Solé Estalella, presidente de Fedeca y funcionario del cuerpo superior de inspectores de Hacienda del Estado.

Fedeca ha interpuesto ya un escrito en el Tribunal Supremo para impugnar el decreto de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y que ya recogía una veintena de direcciones generales a cuyo titular se exime de la obligación de ser funcionario. Ahora completarán su escrito con los nuevos nombramientos, algunos decididos por el Consejo de Ministros en los últimos días. La informacion.com adelantó que esta asociación ultimaba un recurso, pero desde Fedeca confirman que ya han presentado un escrito.

"El número no nos preocupa en sí el número, lo que nos preocupa es el modelo que se instaura, que la clase política piensa que la administración puede ser un cortijo, un botín" se queja Solé. Fedeca aúna a a 45 asociaciones profesionales y sindicatos de funcionarios públicos de carrera de las más variadas profesiones (abogados, economistas, ingenieros, arquitectos, médicos, diplomáticos...), organizados en "cuerpos". Representa a la práctica totalidad de funcionarios públicos pertenecientes al primer grupo o grupo superior de la Administración del Estado (Grupo A1) y donde se integran aproximadamente 15.000 profesionales.

En total, desde que Pedro Sánchez fue investido el pasado mes de enero, el Ejecutivo acumula en cuatro meses 26 excepciones de altos cargos -direcciones generales- nombradas a dedo y salvando la exigencia de que fueran funcionarios de carrera como establece la ley de Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 66, o la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General en su segundo artículo.

Para poder aplicar estas excepciones, la ley obliga al Gobierno a motivarlo mediante una memoria razonada. En el caso del Instituto para la Transición Justa, la última excepción publicada en el BOE, la motivación se limita a lo siguiente: "El cumplimiento de este mandato requiere la articulación de medidas basadas en la participación social y la promoción de espacios de diálogo, en coordinación con organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales, instituciones y entidades públicas y privadas y demás agentes sociales. El ejercicio de estas funciones por la persona titular de la Dirección del Instituto requiere de una cualificación profesional y de unos conocimientos específicos que no se exigen de forma expresa en ninguno de los cuerpos de funcionarios de carrera".

Una excepción que ha coincido en el tiempo con la decretada para la dirección general de ordenación de juego, dependiente del Ministerio de Consumo. "Muy pocas argumentaciones tienen fundamento. Se hace, por regla general, para colocar a personas afines, lo que deriva en un mal modelo de Administración, porque se prima la lealtad y no la capacitación para estar al lado de puestos importantes donde se toman las decisiones".

Entre las 26 exenciones para ocupar una dirección general sin ser funcionario, muchas de ellas corresponden a los departamentos de Unidas Podemos. Por ejemplo, la Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030; la Dirección General de Derechos de los Animales; la Dirección General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial; la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI; o la Dirección General de Consumo, entre otras.

DIRECCIONES GENERALES CUYO TITULAR QUEDA EXIMIDO DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO

  • 1- Comunicación, Diplomacia Pública y Redes.
  • 2- Infraestructura.
  • 3- Tráfico.
  • 4- Agenda Urbana y Arquitectura.
  • 5- Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas.
  • 6- Política Energética y Minas.
  • 7- Oficina Española de Cambio Climático.
  • 8- Libro y Fomento de la Lectura.
  • 9- Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación.
  • 10- Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
  • 11- Derechos de la Infancia y de la Adolescencia.
  • 12- Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030.
  • 13- Derechos de los Animales.
  • 14- Migraciones.
  • 15- Inclusión y Atención Humanitaria.
  • 16- Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial.
  • 17- Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.
  • 18- Consumo.
  • 19- Diversidad Familiar y Servicios Sociales.
  • 20- Ordenación del Juego.

MÁXIMOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DONDE QUEDA EXCLUIDA LA EXIGENCIA DE SER FUNCIONARIO

  • 1- Dirección General del Instituto de Turismo de España (Turespaña).
  • 2- Dirección General del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
  • 3- Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas.
  • 4- Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
  • 5- Dirección General del Instituto de la Juventud.
  • 6- Dirección General del Instituto para la Transición Justa.

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