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El CGPJ emite un comunicado en el que recuerda al vicepesidente Iglesias su obligación de no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas

Pablo Iglesias Politica

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido este jueves un comunicado en el que expresa su «profundo malestar» por las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en las que defendía a Isabel Serra, diputada en la Asamblea de Madrid condenada ayer a 19 meses de cárcel, multa e inhabilitación.

En el escrito, los jueces recuerdan a Iglesias que su objetivo es perseguir «en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles» y advierten: «La primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas».

Este es el segundo toque de atención que recibe el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por parte de los jueces. El CGPJ ya le exigió «responsabilidad institucional» por sus críticas a la justicia nada más aterrizar en su cargo. A la nueva advertencia de este órgano se han sumado asociaciones como Foro Judicial Independendiente (FJI), que ha afirmado que «la separación de poderes es consustancial en todo Estado democrático, y debe ser respetada por todos, especialmente por quien encarna uno de los poderes del Estado».

«Me invade una enorme sensación de injusticia», publicó Iglesias en su cuenta de Twitter. «En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso», critica. En la misma línea, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, criticó que se le haya condenado «sin pruebas» y tildó la sentencia de «injusta». «Obviamente recurriremos, pero yo pensaba que los jueces estaban para impartir justicia. Qué vergüenza».

Ante esto, el CGPJ ha expresado su «profundo malestar» por unas declaraciones que «no solo cuestionan una actuación judicial, sino que también propagan una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serian impunes a la acción de la justicia».

«Más allá del legítimo derecho a la crítica», sostienen los jueces, estas palabras «generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de Juzgados y Tribunales cuando es público, notorio y reconocido» que «han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados». Es en este punto cuando el CGPJ recuerda sentencias como las de los casos Nóos, Gürtel, ERE o las tarjetas «black».

En el comunicado se habla de un «tono ciertamente inapropiado» por parte del vicepresidente y se apela, «de nuevo, a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados». «La primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial», concluyen.
Asociaciones

Las asociaciones de jueces también se han pronunciado sobre las palabras de Iglesias. María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, ha manifestado a Europa Press que no le sorprenden las palabras del vicepresidente del Gobierno, ya que no es la primera vez que se pronuncia sobre resoluciones judiciales.

Sin embargo, la existencia de precedentes no hace que esta nueva manifestación de Iglesias deje de «causar desazón» porque se trata de miembros del Ejecutivo o del Legislativo —en alusión a Pablo Echenique— que no tienen «respeto institucional». «¿Cómo es posible que no entienda qué es la separación de Poderes?», se pregunta Del Barco.

Por su parte, Foro Judicial Independiente ha recordado en un comunicado, tanto al vicepresidente como al portavoz parlamentario de Podemos, que la diputada en la Asamblea de Madrid ha sido condenada por un delito de atentado, un delito leve de lesiones y un delito de daños, no «por protestar en un desahucio». «Sin perjuicio del derecho a la crítica a que todas las resoluciones judiciales están expuestas, la sentencia de 70 páginas aparece claramente motivada», apunta.

La asociación considera que dichos comentarios, procedentes de quien es miembro del Ejecutivo y ostenta el cargo de Vicepresidente, «no son en absoluto respetuosos con la separación de poderes, y suponen una injerencia en el Poder Judicial».

«A pesar de la declaración del estado de alarma, la separación de poderes es consustancial en todo Estado democrático y debe ser respetada por todos, especialmente por quien encarna uno de los poderes del Estado», señala la nota, en la que se recuerda, además, que «la ley es igual para todos los ciudadanos, dado que sin distinción alguna de condición, cargo u oficio nos encontramos sujetos al principio de legalidad».

El pasado enero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se vio obligado a intervenir con una declaración institucional en respuesta a las manifestaciones de Iglesias en una entrevista en la que afirmó que la Justicia española ha resultado humillada por los tribunales europeos en referencia a la actuación a lo largo del «procés». El «núcleo duro» del órgano de gobierno de los jueces apeló entonces a la «prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad» de los jueces y magistrados.

«Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho», señaló entonces el órgano.


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