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Doscientos guardias civiles esperan aún las medallas por destapar los preparativos para la independencia de Cataluña

ECDIMA20170919 gc cataluña

La concesión de los indultos parciales a los condenados a penas de prisión por el intento de secesión de Cataluña de 2017 ha provocado cierta reacción de indignación entre algunos policías nacionales y guardias civiles, sobre todo aquellos antidisturbios que intervinieron el 1-O y los que se enfrentaron a los violentos en los altercados tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo en octubre de 2019.

Por un lado, se quejan de que un número importante de agentes aún está siendo investigado por distintos juzgados y tribunales en Cataluña, por las denuncias por lesiones y uso desproporcionado de la fuerza que interpusieron algunos activistas independentistas que obstaculizaron el paso a los policías y guardias civiles que tenían el mandato de requisar el material del referéndum ilegal de independencia.

Por otro lado, también critican que los responsables de organizar y celebrar el referéndum ilegal y de toda la intentona para independizar Cataluña ya están en la calle, mientras a ellos ni siquiera les han llegado a entregar las condecoraciones prometidas por intervenciones tan complejas como las que tuvieron que llevar a cabo en Cataluña por ese mismo motivo.

Carta a la directora general

ECD ha podido saber que sobre este asunto la Unión de Oficiales, una de las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil, ha enviado una carta a la directora general del cuerpo, María Gámez.

En la carta, la Unión de Oficiales explica a Gámez que “en enero de 2020 el general jefe de la Zona de Cataluña elevó propuesta de condecoraciones de carácter extraordinario de la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en sus distintas modalidades”.

189 propuestas de medalla

En esa propuesta “se describía la participación de cada uno de los agentes y se proponía para su evaluación de méritos y condecoración a ciento ochenta y nueve (189) Guardias Civiles de distintos empleos y Unidades, fruto del ingente trabajo desplegado en las investigaciones judiciales y de inteligencia vinculadas a los hechos que tuvieron lugar durante el segundo de semestre de 2017 en Cataluña, cuando el Gobierno de la Generalitat, personal de instituciones públicas y movimientos independentistas realizaron diferentes acciones tendentes a la consecución de la independencia de Cataluña”.

Es decir, que el general jefe de la Guardia Civil en Cataluña propuso en enero de 2020 -dos años y dos meses después de los sucesos de octubre de 2017- que se condecorara a casi 200 agentes por las investigaciones y actuaciones para frenar los preparativos del referéndum ilegal y de la secesión.

Desde la Unión de Oficiales explican que en esa propuesta no se incluyó a los antidisturbios que intervinieron por orden judicial en puntos de votación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, ya que las propuestas de medallas por esa intervención se realizó por otro lado.

Policía Judicial, Información y GRS

Entre los agentes propuestos para recibir la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil había sobre todo agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, del Servicio de Información -encargado de la lucha antiterrorista y de vigilar movimientos extremistas y desestabilizadores-, así como antidisturbios de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) que, por ejemplo, fueron ‘asediados’ por miles de independentistas a causa del registro en el Departamento de Economía el 20 de septiembre de 2017.

Tal y como contó ECD en julio de 2017, desde meses antes se habían desplegado en Cataluña unos 200 agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil para vigilar y tratar de tener bajo control todos los movimientos del Govern de Carles Puigdemont y de los partidos independentistas, que ya habían empezado a preparar su desafío con un referéndum ilegal de independencia.

Gracias a la labor de estos guardias civiles de Información, que consiguieron datos con la colaboración de empleados de empresas privadas e instituciones públicas, se realizaron registros en imprentas, para incautar papeletas, sobres y carteles del referéndum, y en organismos oficiales como el Departamento de Economía.

Estas actuaciones previas al 1 de octubre dejaron tocada la logística del referéndum ilegal, si bien no consiguieron intervenir las urnas y no impidieron que los puntos de votación abrieran y cientos de miles de personas acudieran a depositar su voto.

Para la sentencia del Supremo

“Las actuaciones vinculadas a investigaciones, tanto judiciales como de inteligencia, permitieron imputar a numerosos cargos y funcionarios públicos que aprovecharon tanto el dinero público, como su posición para impulsar acciones declaradas prohibidas por el Tribunal Constitucional encaminadas a lograr la independencia de Cataluña”, relata la Unión de Oficiales en su carta a la directora general.

Entre los hechos descritos en la propuesta que elevó el general jefe de Zona de Cataluña se citaban los siguientes:

  • -- “Investigación y final condena del Tribunal Supremo de los miembros del Govern de Cataluña”.
  • -- “La realización de numerosos operativos policiales de entradas y registros entre los que destaca el realizado el 20 de septiembre de 2017 en el que participaron más de 250 agentes. Hay que destacar que el equipo que debía realizar los registros en la Consejería de Economía fue sitiada por más de 40.000 personas durante más de 20 horas”.
  • -- “La incautación de más de 9 millones de papeletas que dificultaron la realización del referéndum ilegal y permitieron conocer el gasto público ilegalmente destinado a estos actos prohibidos”.
  • -- “La averiguación de la creación de aplicaciones informáticas para la realización del referéndum prohibido y sobre todo su financiación con dinero público”.
  • -- “La inutilización durante el día del referéndum del programa informático que pretendía utilizar la Generalitat para llevar a cabo la votación ilegal con “garantías” de no manipulación”.
  • -- “La averiguación del dinero y recursos públicos utilizados para financiar la realización del referéndum ilegal, así como los actores implicados y que finalmente fueron imputados/detenidos”.
  • Sin noticias del expediente

Por estos hechos se propusieron medallas para oficiales, suboficiales y guardias civiles, tanto destinados en Cataluña como otros que fueron trasladados desde Madrid para reforzar el despliegue y las investigaciones.

La propuesta que elevó el general jefe de la Zona de Cataluña recogió de forma individualizada la actuación que se consideró meritoria de cada uno de los guardias civiles que intervinieron, a la espera de su valoración mediante la instrucción del correspondiente expediente administrativo.

La queja de la Unión de Oficiales ante María Gámez es que “a día de hoy no se tiene conocimiento por ninguno de los propuestos de la apertura del correspondiente expediente, entendiendo esta asociación profesional que ya debería haberse dado curso a la propuesta con la apertura del correspondiente expediente de condecoraciones que valorara la propuesta del General Jefe de Cataluña”.

La célula de los CDR que preparaba explosivos

Estas medallas, por hechos de hace casi cuatro años, llevan cerca de un año y medio en tramitación.

La Unión de Oficiales se queja también de que no se tiene constancia de que se haya iniciado el expediente para condecorar a otros guardias civiles que actuaron en Cataluña: los responsables de la ‘Operación Judas’.

Se trató de las detenciones realizadas en septiembre de 2019 bajo las órdenes del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional: “Fueron detenidos varios sospechosos vinculados a los «Equipos de Respuesta Táctica» (ERT), a los que se les atribuye la intención de lograr la independencia de Cataluña por vías violentas, encontrando en poder de los detenidos planos de edificios públicos e instrucciones para la fabricación de Goma-2 y sustancias susceptibles de ser utilizadas para la elaboración de explosivos caseros como la termita”.

“El personal propuesto con ocasión de esta operación tampoco ha tenido conocimiento del inicio del expediente de condecoración”, denuncia la Unión de Oficiales, que apunta que en este caso se propuso para medalla principalmente a guardias civiles del Servicio de Información destinados en Cataluña, que vigilaron los movimientos de los miembros de esas células independentistas violentas que preparaban explosivos.

Por todo ello, la Unión de Oficiales solicita a la directora general de la Guardia Civil que les informe “sobre el estado de tramitación de las propuestas de condecoraciones descritas, y los motivos que pudieran estar ocasionando el retraso en su tramitación”.

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