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El ministro de Seguridad Social, deja en el aire la subida de las pensiones mínimas y las futuras revalorizaciones

escriva el ingreso minimo vital es un compromiso del gobierno

La Seguridad Social va a tener que pedir al Estado nuevos préstamos para poder pagar las pensiones, debido al descenso de las cotizaciones que se va a producir este año, tal y como ha avanzado este martes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien sin embargo ha restado dramatismo a la situación, pese a las desastrosas cifras de afiliación y desempleo conocidas esa misma mañana.

Tampoco ha cuantificado hasta dónde se disparará el déficit de la Seguridad Social, pese a las reiteradas preguntas de los periodistas, ni ha concretado cómo o cuándo se materializará el compromiso del Gobierno de subir las pensiones mínimas o el sistema de revalorización para próximos años, que son dos reivindicaciones históricas del colectivo de pensionistas.

El ministro tan solo ha admitido que en 2020 el déficit del sistema va a ser superior al 1,34% del PIB registrado en 2019 (el año se cerró con un desfase de 16.793,3 millones de euros) y que "posiblemente hasta principios de 2021, vamos a afrontar una situación que va a requerir de financiación con deuda pública, pero esto es pura contabilidad, lo importante es el consolidado entre la Administración Central y la Seguridad Social".

Durante una rueda de prensa telemática, y a preguntas de 65Ymás, Escrivá ha querido tranquilizar a los pensionistas, reafirmando que el compromiso del Gobierno con ellos "sigue intacto" y que las pensiones no se van a recortar ni a congelar por supuestos problemas de sostenibilidad de la deuda. "Me parecen inaceptables las especulaciones que apuntan a esa posibilidad. Son ganas de generar inquietud entre los pensionistas, y eso es algo intolerable", ha subrayado el ministro, especificando que el rating de España sigue invariable, en niveles de hace cuatro meses, con una prima de riesgo "muy baja".

Aunque en el capítulo de pensiones no ha proporcionado cifras del previsible mayor gasto, ni de cómo plantea financiarlo, ni ha puesto números a la magnitud de la nueva deuda que generará el conjunto de medidas sociales, Escrivá sí ha especificado que casi un 30% de la población activa ocupada está siendo protegida, y la Seguridad Social ha hecho transferencias de rentas de cerca de 6.500 millones hasta mayo y una inyección de liquidez de 750 millones: en total, 7.300 millones gracias a las medidas de protección del empleo aprobadas. Con ello, el ministro confía en que se produzca una estabilización del mercado laboral.

Ingreso mínimo vital: costará 3.000 millones al año y se cobrará desde junio

El ministro ha confirmado que el ingreso mínimo vital (IVM) se aprobará este mismo mes y se podrá solicitar en cuanto la medida se ponga en marcha, por lo cual se pueden empezar a hacer pagos "en el mes de junio". Escrivá ha avanzado que este nuevo instrumento tendrá un coste anual de 3.000 millones de euros y con él se eliminará "casi completamente" la pobreza extrema en un 20% de los hogares españoles.

Sin embargo, el titular de Seguridad Social no ha especificado en qué Consejo de Ministros se aprobará ni si la medida tendrá carácter temporal o permanente, aunque ha dejado entrever que podría ser estructural, amparándose en las "abrumadoras" recomendaciones de todos los organismos internacionales, que insisten en que España es uno de los países de la OCDE con mayor problema de pobreza severa. "El problema es estructural", ha añadido.

Lo que sí ha desmentido rotundamente es que este ingreso mínimo vital vaya a beneficiar a los okupas que se hayan empadronado. "No hay nada de cierto, es parte de estas noticias que circulan sin ninguna base".

ERTE: 1 de cada 4 afiliados del régimen general

Pese a las tranquilizadoras palabras del ministro, las cifras que se barruntan por culpa de la crisis del coronavirus dejan poco margen al optimismo. No solo por el descalabro de la afiliación a la Seguridad Social, que ya ha sufrido una pérdida cercana al millón de cotizantes desde que comenzó la pandemia, hasta dejar el total de ocupados en 18.396.362 a finales de abril. En términos de afiliación media, tan solo en el mes de abril se produjo un descenso de 548.093 ocupados respecto a marzo (-2,9%), un mal dato que para ese periodo no se veía desde la anterior crisis, en 2009.

Preocupa además el ingente volumen de afiliados que se encuentran afectados por ERTE. Es decir, figuran como cotizantes del sistema (por tanto, no desempleados), pero han sufrido o bien un cese temporal de su actividad total, o les han reducido la jornada laboral. Según las últimas estadísticas actualizadas por el ministerio que comanda Escrivá, al finalizar abril el total de afiliados que estaban en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por suspensión total o parcial era de 3.386.785 personas, el equivalente a uno de cada cuatro afiliados en el régimen general.

Por si fuera poco, la crisis de afiliación golpea de forma muy distinta a las comunidades autónomas, lo que dibuja una España a muy diferentes velocidades, con Andalucía (-123.259 afiliados) por ejemplo perdiendo cerca del doble de afiliados que Valencia (-72.416), y eso tan solo en el mes de abril.

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