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Justicia acelera los trámites del indulto para los policías del Faisán

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Agosto es un mes tradicionalmente lento para las gestiones judiciales y administrativas. Pero no es el caso para los condenados por el caso del chivatazo a ETA. No sólo se están agilizando trámites internos en el Cuerpo Nacional de Policía sino que también se han comenzado a dar pasos a una velocidad sin precedentes, en el ámbito gubernamental, para avanzar en la resolución de la solicitud de indulto por parte de los dos mandos condenados.

Según explicaron a EL MUNDO fuentes cercanas al proceso, el Ministerio de Justicia ha dado ya el primer paso para resolver la petición de gracia del inspector Ballesteros y del ex jefe superior del País Vasco Pamies. Ha reclamado informes a la Audiencia Nacional, instancia que aún no ha dado traslado a Interior de la condena.

Pamies y Ballesteros fueron condenados en firme por el Tribunal Supremo como autores del aviso al dueño del bar Faisán de Irún de que se iba a iniciar una actuación contra el entramado de extorsión de ETA, el 4 de mayo de 2006, cuando el Gobierno de Zapatero estaba en plena negociación con los terroristas.

El Ministerio de Justicia envió dos escritos a la Audiencia Nacional los pasados 30 de julio y 1 de agosto, instando al tribunal sentenciador de primera instancia a que se pronuncie sobre la petición de indulto de los condenados.

Rapidez extraordinaria

Este trámite es obligado. Una vez que un condenado reclama esa medida de gracia, el Ministerio de Justicia tiene que dar traslado tanto al tribunal sentenciador, en este caso la Audiencia Nacional, como a la Fiscalía y a las posibles víctimas del delito por el que haya sido condenado.

El Gobierno se pronuncia sobre estas solicitudes de indulto una vez que tiene encima de la mesa los informes judiciales, que en ningún caso son vinculantes. Lo extraordinario del caso son los tiempos con los que el Ministerio del Interior y el de Justicia están llevando este caso.

Ballesteros presentó una solicitud de indulto al Gobierno el pasado 20 de julio. Su compañero de condena, Enrique Pamiés, tramitó la suya un día después.

El inspector presentó un escrito de 11 folios ante el Departamento de Alberto Ruiz-Gallardón en el que admite, finalmente, haber entregado el teléfono al dueño del bar Faisán, aunque insiste en que no conocía el contenido de la conversación.

Esta petición ha sido cursada en un tiempo récord y en periodo estival por el Ministerio de Justicia. Como recuerdan los expertos, la cadencia temporal a la hora de llevar a cabo los trámites no es ni de lejos tan eficaz.

En apenas 10 días, el Departamento de Justicia ya ha remitido a la Audiencia Nacional la petición para que se pronuncie. Los trámites de un indulto se alargan durante varios meses y ni en el mejor de los casos se inician en pleno mes de agosto. Además, el Ministerio ha enviado al tribunal sentenciador todo el material oficial sobre las hojas de servicio de los condenados, para que las tenga en cuenta.

En la sede de la Audiencia Nacional se acumulan ahora ya las diferentes solicitudes sobre este caso ya que, además, los mandos policiales han remitido dos escritos (uno cada uno) pidiendo la suspensión de la sentencia en tanto se resuelve su indulto.

Pendientes de notificación

Y todo sin que aún, la Audiencia Nacional haya notificado la sentencia firme del Tribunal Supremo al Ministerio del Interior. Es decir, el organismo judicial aún no ha dado soporte oficial a Interior y a la Policía para que lleve a cabo la ejecución de la condena. Ambos funcionarios fueron condenados a un año y medio de prisión y a cuatro de inhabilitación por revelación de secreto, lo que hubiera supuesto la expulsión del Cuerpo.

La cadencia de actuación de Justicia es coherente con el movimiento exprés que se produjo en el Ministerio del Interior a la hora de resolver la petición de jubilación presentada por Ballesteros. Y la clave fue que la sentencia, pese a ser firme, no estuviera notificada a la Policía.

Según explicaron fuentes policiales, Ballesteros «causó baja médica del servicio» el 21 de julio, al día siguiente de presentar el escrito en Justicia; 11 días después de que el Supremo ratificara su condena.

Una semana después, el 28 de ese mismo mes, el inspector entregó una instancia en el Registro General de la Policía en la que solicitaba la apertura de un procedimiento para su jubilación «por incapacidad permanente». Aportaba varios informes médicos. El día 30, con una celeridad absolutamente inhabitual en casos semejantes, el inspector fue recibido por el tribunal médico que tenía que evaluar los informes aportados y contrastarlos con su estado de salud.

Ese mismo día, el tribunal dictaminó «la incapacidad total para desempeñar las funciones en la Policía. El día 1 de agosto se gestionó ya la «propuesta de jubilación». El día 12 alcanzó ya oficialidad la jubilación después de que fuera firmado por el jefe de la División de Personal.

En menos de un mes, Ballesteros pasó de estar de baja médica a jubilado. Un tiempo récord, según explicaron fuentes policiales que entienden que este proceso, en la gran mayoría de los casos, lleva una cadencia mucho más lenta. Se sorprenden de que esta celeridad, además, se haya podido llevar a cabo en pleno periodo estival.

EL MUNDO

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