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El entorno proetarra indignado porque 300 guardias civiles se han acogido a la Ley vasca de vulneración de Derechos Humanos

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Consideran que sólo está destinada a corregir supuestos “abusos policiales” y que los agentes no se pueden acoger a sus beneficios

“Guardias civiles intentan sabotear el reconocimiento a víctimas estatales con 300 solicitudes”. Con este expresivo titular, “Gara-Naiz”, próxima a la Izquierda abertzale, trata de denunciar que agentes que tuvieron que sufrir todo tipo de amenazas (y sus familias) y vejaciones a cargo de ETA y su entramado puedan acogerse a una Ley de la Comunidad Autónoma Vasco que, en principio les ampara y que, según esa publicación, está destinada sólo a los supuestos “abusos policiales”. Por lo visto, la “violencia” y6 la vulneraciuón de los derechos humanos en el País Vasco y Navarra la ejercieron las Fuerzas de Seguridad y no la banda terrorista.

LA RAZÓN ha informado que guardias civiles que estuvieron destinados en el País Vasco y Navarra durante el periodo más duro de la banda asesina ETA, se han acogido a la ley del Parlamento Vasco sobre víctimas por vulneración de los derechos humanos. Una ley cuyo texto había sido pensado para beneficiar a los que supuestamente fueron objeto de “excesos policiales”, para falsear la verdad, aunque sus promotores se han encontrado ahora con la realidad de los hechos: las auténticas víctimas de excesos, de ver conculcados sus derechos, son precisamente los agentes de las Fuerzas de Seguridad y sus familias; y los colectivos que eran objetivos de la banda terrorista. La Asociación Pro Guardia Civil (APROG) difundió un video y un texto tutorial para que los agentes se puedan acoger a los beneficios contemplados en el texto legal. En la grabación se recogen imágenes de atentados de la banda y se animaba a los agentes a que presenten la documentación correspondiente.

La llamada «ley de abusos policiales» --dice “NAIF”-- se ha topado con un “obstáculo imprevisto y denigrante: cientos de agentes de las FSE, especialmente guardias civiles, se han registrado para ser aceptados como víctimas, intentando colarse en el apartado de «incontrolados», en una campaña orquestada”.

“¿Guardias civiles víctimas de «abusos policiales»? --se pregunta-- Suena a sarcasmo pero está pasando con la ley 12/2016 de la CAV, que tiene como objetivo paliar la histórica falta de reconocimiento y reparación a quienes han padecido ataques de aparatos estatales o paraestatales, miles y miles de personas en Euskal Herria entre fallecidas, torturadas... Dos semanas después de cerrarse el nuevo plazo de presentación de solicitudes, no hay datos todavía sobre inscripciones, pero NAIZ ha podido saber que entre ellas hay muchas decenas, en torno a 300, presentadas por agentes de las FSE, sobre todo guardias civiles”.

“¿Cómo puede haberse llegado a esta situación? Técnicamente, aprovechando el resquicio abierto por una redacción algo ambigua de la norma, aprobada por el Parlamento de Gasteiz en 2016 y retocada luego en 2019 para salvar la amenaza del Tribunal Constitucional. En ella se amparan los hechos de «vulneraciones de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999, en el ámbito de la CAV», explica con todo detalle “NAIF”.

“Y ello se concreta en tres apartados. El a) es una obviedad: «Que se haya producido en un contexto de violencia de motivación política». También el c): «Que, como consecuencia de la vulneración de derechos humanos, se haya causado una afección a la vida o a la integridad física». Es en el b) donde han visto un «coladero»: «Que haya sido llevada a cabo en un contexto de actuación o actuaciones con fines de motivación política, y en el que hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones, o bien particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada». En medios antiterroristas se señala que en dicho apartado estarían incluidos los agentes que tuviero0n que sufrir los ataques de ETA, sus familias o, por el mero hecho de serlo, sus allegados.

“Políticamente, --recuerda “GARA”--el objetivo de desacreditar esta ley ya quedó de manifiesto el día en que se aprobó en el Parlamento de Gasteiz la versión final, acotada para remarcar que no habría persecución penal de estos casos. Lejos de conformarse con ello, desde la tribuna miembros de Jusapol invitados por el PP se enzarzaron con el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga e insistieron en hacer ante las cámaras un gesto que se entendió como la escenificación amenazante de empuñar una pistola, pero que en realidad lo que estos estos policías era una simple J, de Jusapol. En la tribuna hubo también miembros de Jucil y de SIPE, esta última formada por ertzainas”.

“La avalancha de solicitudes lógicamente no es casual. Forma parte de una campaña orquestada de la que puntualmente han dejado huella en medios de la derecha española o redes sociales. Así, “LA RAZÓN” publicó el año pasado que la Asociación Pro Guardia Civil (APROG) «ha remitido a los agentes un dossier en el que se explican pormenorizadamente los pasos a seguir para formular las solicitudes». Auguraba la opción de trasladar «miles» de peticiones.

“De lo anterior se desprende que quienes han acudido a la ventanilla de Lakua (Gobierno vasco) saben perfectamente que su solicitud no va a ser aceptada, más aún cuando para las vulneraciones de derechos que puedan haber sufrido hay normas –tanto estatales como vascas– muy anteriores en lo que atañe al reconocimiento como víctimas y con mayores dotaciones económicas en lo que toca a la reparación. Pero la maniobra ya tiene su resultado práctico al acarrear dos distorsiones de entrada; por un lado, enmarañar el objetivo ya algo difuso de la ley en su definición (su título oficial es ‘Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política’); y junto a ello, complicar el trabajo de la comisión de valoración, abocándola a analizar también estos expedientes”. “Este vergonzoso capítulo se suma todas las carencias de esta ley y de la aprobada posteriormente en Navarra, que todavía no ha abierto el plazo de solicitudes”, concluye.

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