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Víctimas de ETA, guardias civiles y policías refuerzan su oposición a la ley vasca de abusos policiales que avala ahora el Gobierno de Sánchez

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Una quincena de colectivos de víctimas y de miembros de las FSE acuerdan su 'hoja de ruta' después de que el Gobierno central acordara retirar el recurso ante el Constitucional. "Nosotros hemos sido las víctimas", recuerda el representante del SUP mientras confían en que la Justicia evitará la reactivación de la norma vasca

La plataforma integrada por asociaciones de víctimas, sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil reforzará sus iniciativas públicas y jurídicas para reclamar que sea el Tribunal Constitucional quien determine la legalidad de la ley de abusos policiales vasca que el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari Iñigo Urkullu se han comprometido a reactivar. El Gobierno central aprobó en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones la retirada del recurso ante el Constitucional contra esta norma y el Ejecutivo vasco promueve unos "retoques" en la norma que víctimas y policías consideran meramente "estéticos". "Nos encontramos en un momento muy importante de la lucha antiterrorista porque no podemos permitir que se ponga en entredicho la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el País Vasco y en toda España", ha señalado el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) Ramón Cossio en la reunión que se celebra esta mañana en Vitoria.

"Nosotros hemos sido víctimas no autores de ningún delito. Esta es una cuestión muy rentable para el PNV porque está pescando votos en el entorno de la Izquierda Abertzale pero tanto para las víctimas como para quienes hemos combatido a ETA el decir que ha habido un terrorismo de Estado es reprobable", ha insistido Cossio en un receso del encuentro en el que participan cuatro asociaciones de víctimas y una decena de sindicatos de la Policía Nacional y de asociaciones de la Guardia Civil.

Esta plataforma no sólo ha denunciado públicamente las consecuencias en la aplicación de esta norma parcialmente suspendida por el TC desde mayo de 2017 sino que ya ha puesto en marcha inicitivas jurídicas ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para abrir nuevas vías para que el Constitucional tenga que analizar esta norma pese a la decisión de Sánchez de retirar el recurso presentado en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Es la primera reunión para poner en común todas las iniciativas que ayuden en la estrategia de paralizar la retirada del recurso ante el Constitucional pactada por el Gobierno de Sánchez con el PNV"

"Si hubiera un presunto culpable de un delito habría que ponerle en manos de la Justicia pero no lo hay y los cambios que se anuncian son estéticos para que salga adelante la ley", ha señalado el representante del SUP muy crítico con las consecuencias que sobre el papel realizado por las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi puede suponer que una Comisión de Valoración dé por buenas las denuncias de torturas o malos tratos que se le trasladen sin ningún tipo de acreditación jurídica o informe policial que las autentifique.

"Plena confianza en la Justicia y vamos a ceñirnos a llevar a cabo todas las medidas legales y haremos una 'hoja de ruta' para seguir defendiendo que esta norma no se adecua a la legalidad", ha señalado Cossio.

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