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El Gobierno indemnizará con 390.000 € a los asesinos etarras que digan ser "víctimas" de la Policía española

España Euskadi Reunion Pedro Sanchez Iñigo Urkullu PSOE PNV

Una asociación proetarra firma el informe con 4.113 supuestos casos de tortura sin documentar y que avala Urkullu

La retirada del recurso a la ‘Ley de Reconocimiento y reparación de víctimas de vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política’, la autodenominada por los nacionalistas como ‘Ley de torturas’, abre la puerta a indemnizar con hasta 390.000 euros a los etarras que digan ser “víctimas” de abusos policiales

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, anunció este martes que Pedro Sánchez había alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo de Urkullu para retirar el recurso que en su día interpuso Mariano Rajoy.

Previsiblemente, la decisión será anunciada este viernes en el Consejo de Ministros. Se trata de uno de los mayores deseos de los nacionalistas vascos, y también de los proetarras, que desde hace años vienen presentando decenas de reclamaciones por presuntos abusos y torturas de los distintos cuerpos de seguridad, desde Ertzaintza a Policía

El Ejecutivo vasco tiene un ‘censo’ con más de 4.000 casos de presuntas torturas, solo basado en testimonios y sin juicios, según recogen L. Sela y M. Jamardo en OKDIARIO.

El artículo 9 de esta ley recoge las cuantías que las víctimas de violencia policial tendrán derecho a recibir en un único pago una vez reconocido su “derecho de reparación” por el órgano administrativo correspondiente.

Los importes baremados se fijan en función de la intensidad de los daños causados por la “vulneración de derechos” de los etarras. Y comprenden una horquilla desde los 35.000 euros por incapacidad permanente parcial hasta los 390.000 por gran invalidez.

Para la financiación de las compensaciones económicas previstas se destinarán los correspondientes créditos de pago consignados en los Presupuestos Generales del País Vasco durante cada ejercicio.

Cantidades  que podrán verse actualizadas en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas en otros programas vía modificación presupuestaria.

Además, y con carácter excepcional, se prevé la aplicación retroactiva de las mismas hasta 1960. 

Según el texto de esa inicua ley:

“La vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos, que se relacionen causalmente con los daños o la afección a los derechos alegados o, subsidiariamente, en su defecto, por cualquier  medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo”.

Será una comisión la que determina quién es o no víctima, según el contenido de la ley.

Estará formada por diez personas y sus miembros serán designados con criterios políticos.

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