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Agentes y víctimas claman contra la Ley de Abusos Policiales

covite gc

Tanto el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) como sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han alzado la voz contra la polémica Ley de Abusos Policiales, destinada a «reconocer y reparar» a las personas cuyos derechos humanos fueron vulnerados entre 1978 y 1999 por razones de motivación política. Los principales beneficiarios de esta norma, cuyo futuro se encuentra en la actualidad en manos del Tribunal Constitucional (TC), son precisamente los miembros de la organización terrorista ETA, que cuando eran detenidos denunciaban ser víctimas de torturas de forma sistemática. La ley naufrgaba desde que el año pasado el PP recurriera varios de sus puntos, si bien la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa ha dado un giro a la situación.

Ya se han producido los primeros acercamientos entre el Gobierno del PSOE y el Ejecutivo vasco, cuyos representantes auguran que la ley, aprobada en 2016 con el único apoyo de PNV y PSE, podría desencallarse en cualquier momento. Un hipotético pacto pondría fin al proceso que inició el año pasado el gabinete de Mariano Rajoy, que presentó un recurso ante el TC al considerar que la administración autonómica no tiene potestad para valorar quién es o dejar de ser víctima de hechos delictivos de carácter penal. Esa labor corresponde a los jueces, según establece la propia Constitución.

El tribunal mantiene la suspensión parcial de la Ley de Abusos Policiales, pero el Gobierno vasco confía en que esta situación cambiará a lo largo de este mes. De hecho, ya se ha constituido la polémica «comisión de valoración» encargada de estimar qué personas merecen la condición de víctima. Un movimiento que precipitó la denuncia de Covite y seis sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil, que a través de una carta conjunta reclamaron al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no ceda a la presiones de los nacionalistas y mantenga congelada una norma que, a su parecer, constituye un «ataque severo al Estado de Derecho».

Una de las asociaciones que suscribió la misiva fue el mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP), cuyo portavoz, Ramón Cosío, no esconde la «indignación» y la impotencia que sintió al conocer el contenido de la norma. En declaraciones a ABC, el agente lamentó que el Ejecutivo central se haya prestado a valorar la retirada del recurso «como si no importase que la ley sea anticonstitucional».

«El hecho es grave», subrayó Cosío, quien a pesar de todo no eludió casos como el de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, que fueron torturados y asesinados por miembros de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). No fueron los únicos. Este mismo febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por los «tratos inhumanos y degradantes» que sufrieron Igor Portu «Pantani» y Mattin Sarasola «Luzia», implicados en el atentado de la T-4 en el aeropuerto de Barajas.

En todo caso, el portavoz del SUP hizo hincapié en que los casos de malos tratos a terroristas, aunque de obligada «persecución», siguen siendo «mínimos». En este sentido, consideró que el Gobierno vasco actuó con «frivolidad» a la hora de dar por válido un informe del Instituto Vasco de Criminología que cifra en 4.113 el número de torturas y abusos perpetrados por agentes de policía. De hecho, solo 202 de estos casos fueron investigados, apuntó Cosío, que auguró que el objetivo de esta ley no es otro que el de «captar votos» en el caladero de la izquierda «abertzale».

«Yo creo que no hace falta recordar que somos una policía democrática -subrayó-. La ley no tiene razón de ser. Desde su origen tiene un punto de vista totalmente parcial, que es el del independentismo vasco». Al respecto, el portavoz del SUP destacó que en las dos décadas en las que estuvo destinado en Bilbao «nunca» llegó a tener constancia de tortura alguna, y lamentó que la administración alimente la teoría de un «conflicto» entre dos bandos que, a su parecer, solo busca «construir un relato paralelo».

Falso conflicto

También desde Covite advirtieron a Pedro Sánchez de que, si finalmente avala la norma que aprobó el Parlamento vasco, se convertirá en «cómplice» de esa «falsa teoría del conflicto». En el comunicado que redactó con el visto bueno de los sindicatos policiales, la asociación de Consuelo Ordóñez apeló a la condición de juez del ministro Grande-Marlaska para convencerle de que, como todas las leyes, la de abusos policiales debe estar «sometida al control del Tribunal Constitucional». En este sentido, las víctimas exigieron que la comisión de vulneraciones de derechos humanos se contextualice e investigue «debidamente», pero que en ningún caso «se deslice que las fuerzas de seguridad han actuado como una organización criminal cuyos miembros eran incitados a cometer crímenes».

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