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La Fiscalía recurre la condena de Alsasua al entender que la agresión a dos guardias civiles sí fue terrorismo

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido ante la Sala de Apelaciones la sentencia que condena a ocho jóvenes de Alsasua (Navarra) por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016, al entender que los hechos deben ser calificados como terrorismo, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El Ministerio Público pedía para los ocho acusados penas de entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel por delitos de lesiones y amenazas terroristas, pero finalmente la Sección Primera de la Sala de lo Penal les condenó a entre 2 y 13 años por atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

Aunque los magistrados impusieron las penas más altas contempladas para los citados delitos, no creen que deban ser penados por los delitos terroristas porque que "no ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA".

El tribunal está de acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones particulares y populares con que la agresión de Alsasua no fue una mera pelea de bar, pero no estima que los condenados "tuvieran la clara intención y finalidad de llevar a cabo alguno de los postulados que tuviera la banda terrorista ETA ni que hubieran asumido en aquella época tales postulados".

"Por lo tanto, no resulta probado que tuvieran intención subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública o provocar el terror en la gente en la localidad de Alsasua", explica la Sala en su sentencia.

"PENSAMIENTO ÚNICO"

Sin embargo, la opinión del fiscal José Perals es bien distinta. A su juicio, "se trató de un ataque premeditado y con una finalidad clara, demostrar que quien manda en Alsasua es el 'pensamiento único' y excluyente de determinadas personas que tienen secuestrada y atemorizada a parte de una población que no piensa como ellos". Además, la agresión "sirve de aviso al resto de la población de que esas personas deben ser excluidas".

El fiscal recuerda en su escrito que la propia sentencia en la que no se estima terrorismo sí aprecia en los ocho condenados una actuación "impregnada por una motivación ideológica derivada de la dinámica de la izquierda abertzale impulsada por el movimiento Ospa, que era uno de los movimientos a su vez impulsados por el frente de masas de ETA" que defiende la expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra.

"Todo ello lleva a la conclusión de que lo que ocurrió en Alsasua la noche del 15 de octubre de 2016 no fue una pelea de bar ni una trifulca. Fue una agresión planificada y organizada contra dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas con una finalidad terrorista. Con la finalidad de expulsar a los miembros de la Guardia Civil de un territorio que los acusados consideran suyo de una manera excluyente, atemorizando además a una parte de la población que no piensa como ellos", explica Perals.

Aunque la sentencia de la Sala de lo Penal remarca que en el año en que ocurrieron los hechos ETA ya había anunciado el cese de su actividad terrorista, la Fiscalía remarca que aún "persiste una herencia de décadas de terror" que se puede calificar de "terrorismo de baja intensidad" que no es "sino una prolongación del que durante décadas ha imperado en el País Vasco y Navarra y que también se trasladó al resto de España e incluso a Francia". "ETA no es una simple organización de pistoleros. Es un entramado mucho más complejo que conformaba tres frentes principales: el de masas, el institucional y el armado", explica.

El fiscal reprocha que la sentencia "dice que todo lo anterior es pasado y que los acusados ni siquiera eran mayores de edad cuando en el 2011 la banda terrorista manifestó que abandonaba la lucha armada". En su opinión, esto "es cierto", pero "no impide que todo este ideario que se ha ido consolidando haya finalmente calado en la mentalidad de estos jóvenes, herederos de que las ideas políticas pueden defenderse mediante la violencia y que los hayan llevado a la práctica con la finalidad ideológica de la organización terrorista".

Además, subraya que en el año 2016 ETA había declarado el cese de su actividad armada, pero todavía "existía y, con independencia de que posteriormente haya o no declarado su disolución, imponía su ideología". De hecho, recuerda Perals en varias ocasiones en su escrito que dos de los condenados, Jokin Unamuno y Adur Ramírez, se habían mostrado "especialmente activos" en el movimiento Ospa, tal y como también destaca la sentencia de la Sala de lo Penal.

Y así, añade el fiscal, el "ideario o finalidad del movimiento ha sido impulsado mediante la creación de un clima de terror y coacción que desembocó finalmente en el acto de violencia" que fue la agresión del 15 de octubre en Alsasua, que califica de "salvaje y bárbaro".

"Esa violencia directa y física lo que pretende es implantar el miedo, generando una sociedad atemorizada en la que los violentos y los radicales, los que prefieren la fuerza física a la palabra, la coacción al diálogo, vencen gracias al clima de terror que previamente han generado. Y sólo en momentos muy concretos y gracias a la valentía de determinadas personas se puede vencer ese terror de la población", apunta el recurso.

CREE QUE ETA SE DISOLVIÓ POR LA PRESIÓN DEL JUICIO

ETA anunció su disolución a principios del pasado mayo, cuando se estaba celebrando el juicio de la agresión de Alsasua, y el Ministerio Público opina que lo hizo entonces, entre otros factores, "por la presión" de este procedimiento, pero destaca que esto no quiere decir que los actos ocurridos en la localidad navarra "dejen de ser terroristas".

"Si una acción violenta se comete con una motivación ideológica impulsada por una organización terrorista, dicha acción constituye terrorismo aunque el sujeto no esté integrado en una organización terrorista", remarca.

Para el fiscal, los condenados "atacaron el bien jurídico protegido de autoridad, pero hubo algo más, una finalidad de asegurar una política de coacción e intimidación contra los guardias civiles y sus familias para que no puedan relacionarse ni vivir en aquellos territorios que consideran suyos". "Y esta es la finalidad terrorista, conseguir mediante la violencia el éxito de unas ideas políticas", concluye.

Este anuncio se produce a dos días de que se vuelva a celebrar en Pamplona una manifestación organizada por los familiares de los agresores de Alsasua en contra de la sentencia. Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona ya han anunciado que se personará en esta manifestación.

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