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Víctimas del terrorismo piden ante el Supremo dureza contra el enaltecimiento

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El cambio de criterio en el Tribunal Supremo sobre el enaltecimiento del terrorismo ha provocado un profundo malestar entre las víctimas del terror. Dos de ellas, que ocupan escaños en la Eurocámara -Maite Pagazaurtundua (UPyD) y Teresa Jiménez-Becerril (PP)-, han pedido una reunión al magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo, que ha sido ponente de la sentencia que ha llevado a la absolución del tuitero Arkaitz Terrón, que estaba acusado de enaltecimiento del terrorismo.

Esta sentencia absolutoria se ha apoyado en parte en la nueva directiva europea sobre cómo combatir el terrorismo, aprobada en 2017 por el Parlamento Europeo y que aún no está transpuesta a la legislación española.
"Consideramos que el magistrado no ha entendido el espíritu de esa directiva, en la que se ha buscado en todo momento proteger los derechos y la dignidad de las víctimas del terrorismo", explican las europarlamentarias, ambas víctimas de la banda terrorista ETA.

"Nosotras hemos participado en la elaboración de esa ley europea con nuestras enmiendas, ya que ambas, desgraciadamente, somos víctimas del terrorismo y nos duele y preocupa que se malinterprete una ley cuyo objetivo no es sólo combatir el terrorismo sino proteger a sus víctimas, también emocionalmente y psicológicamente", añaden. Teresa Jiménez-Becerril recordó que otra directiva europea de 2012 sobre derechos de las víctimas, de la que ella fue ponente, se refiere a la protección de las víctimas y sus familiares, al igual que a la defensa de su dignidad. "Creemos que esta sentencia del Supremo hará muy difícil condenar por enaltecimiento del terrorismo a quienes siguen humillando a tantas víctimas de ETA, y desde luego en Europa no se legisla de espaldas a las víctimas sino tendiendo la mano a quienes han sacrificado sus vidas por la democracia y la libertad de todos», subrayaron.

El presidente de Dignidad y Justicia recuerda que ETA no se ha disuelto y tiene armas escondidas

En la misma línea se pronunció Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, quien recordó que la nueva directiva europea entiende que para castigar el enaltecimiento se requiere que los mensajes generen "un riesgo de que se pueda cometer uno o varios delitos".

Dado que ETA no supone un riesgo real, los magistrados consideran que no se da cumplimiento a los requisitos.

Portero considera que las decisiones del Supremo, "recortan las posibilidades de acusación por humillación a las víctimas del terror o a sus familiares".

"El Supremo considera 'humor negro' los tuits ofensivos hacia las víctimas del terrorismo que se refieren a las lesiones que sufrieron las víctimas, sin entrar en la causa que los generó, es decir, olvidando el daño producido por ETA en sus casi 60 años de historia".

Recuerda Portero que las directivas europeas se transponen a los tres años de dictar y en este caso no ha pasado ni uno. "Me recuerda esta decisión a aquella aplicación de la sentencia de derogación de la doctrina Parot en la que los magistrados de la Audiencia Nacional no tardaron ni 24 horas en aplicar dicha sentencia que supuso liberar a más de 100 terroristas, asesinos y violadores en menos de tres meses".

"La única realidad", añade Portero, "es que a día de hoy ETA es una organización activa que no se ha disuelto, que continúa incautándose arsenal asesino un día si y otro también. ¿Cómo puede hablarse de que ETA no supone una amenaza si aún no se ha disuelto? ¿Y su arsenal? ¿Acaso se incautó todo el material? ¿Le damos más credibilidad a los comunicados de una organización asesina que al dolor de una víctima?". "ETA no mata, pero ETA mató, y, además, no ha desaparecido", concluye el presidente de Dignidad y Justicia.

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