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Desde el PP vasco se mantiene que si ETA se disuelve el País Vasco «debe» gestionar Prisiones

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La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, aseguró ayer que el País Vasco «puede y debe» gestionar las prisiones del territorio, una de las principales reclamaciones que el PNV va a poner sobre la mesa al Gobierno central en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 que arrancarán tras el verano.

Una transferencia fijada en el Estatuto a la que el Gobierno central se ha mostrado reacio hasta la fecha, pero cuya materialización empieza a considerarse factible con el final del terrorismo. Este mismo mes le ha abierto la puerta por primera vez el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, siempre que ETA se disuelva. Ese mismo discurso articuló ayer Fernández al señalar que si Cataluña ya ha asumido la competencia, el País Vasco también está en disposición de hacerlo. «Pero no será de hoy para mañana», matizó antes de asegurar que la desaparición de la banda es condición «indispensable» para iniciar el proceso.

Igual que el ministro Zoido -y anteriormente su número dos, José Antonio Nieto- ha empezado durante los últimos días a abordar con naturalidad el traspaso de las prisiones, un proceso que ha permanecido bloqueado durante décadas y que solo transcurrido un lustro desde el cese definitivo de la actividad de ETA ha dejado de ser tabú, el PP vasco se suma ahora también a una tesis que hasta la fecha le resultaba incómoda. Sus portavoces nunca han ocultado sus reticencias e incluso han llegado a insinuar que el PNV no pone especial énfasis en la materialización de la transferencia.

Política penitenciaria

Con los presos de ETA situados en el centro del debate político en el País Vasco, los nacionalistas trasladan a la sociedad cada vez que tienen oportunidad que recibir la transferencia de Prisiones no supone tener la llave para acabar con la dispersión. Esencialmente, la competencia solo permitirá al Gobierno Vasco hacerse cargo de los funcionarios, de la seguridad y del mantenimiento de los centros penitenciarios una vez que la asistencia sanitaria y la educativa están en manos de Lakua desde hace años. Dicho de otro modo, los jeltzales pretenden dejar claro antes de nada que la política penitenciaria va a seguir quedando en manos del Ministerio de Interior pase lo que pase en las negociaciones de los Presupuestos del Estado.

Aclarado el matiz, lo que une a un posible traspaso de la gestión de las cárceles vascas a Lakua y el cambio de la política penitenciaria es que el Gobierno central condiciona cualquier paso a la disolución de ETA, el arrepentimiento de sus reclusos y su colaboración con la Justicia. Unos procesos, especialmente la desaparición de la banda, que el ministro no cree que puedan registrarse a corto plazo, según reconoció el pasado 3 de agosto en una entrevista a Europa Press en la que habló por primera vez de la legitimidad del País Vasco para asumir la competencia penitenciaria.

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