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Los asesinos de ETA con derecho a pensión y vivienda aún sin contribuir y pese a su sangriento historial

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Los gobiernos estatal y vasco afrontan un agujero de 44 millones anuales por las jubilaciones de etarras. Al haberse negado a trabajar en prisión, unos 3.000 etarras accederán a pensiones no contributivas de 368,90 euros al mes con complementos de 338,7 euros al mes para llegar al mínimo. La mayoría donaron sus propiedades para no afrontar las indemnizaciones a las víctimas. Al carecer de casa propia recibirán 525 euros al mes en concepto de ayudas a la vivienda.

Durante años, la política penitenciaria de la banda criminal fue clara: nada de acceder a beneficios penitenciarios, entre los que se encuentra el poder trabajar y cotizar en prisión con el fin de reducir condena. Esta orden ha traído consigo una consecuencia inesperada: un agujero de unos 3.700.000 euros al mes para los gobiernos estatal y autonómico en concepto de pensiones por jubilación a etarras que jamás aportaron nada a la Seguridad Social. Es decir, más de 44.000.000 de euros al año.

En este sentido, más de 3.300 presos vinculados a ETA han pasado por las cárceles españolas y francesas. El cumplimiento medio de la condena ha sido de algo menos de 20 años. Si bien ahora los etarras deben cumplir íntegramente las penas, hasta 2002, el tiempo medio que pasaban el prisión era aproximadamente del 40% del máximo permitido.

En España, para poder acceder a la totalidad de la pensión se necesitan 35 años habiendo contribuido (37 con la nueva reforma) y al menos 15 años para poder disfrutar del 50%.

Pensiones no contributivas con complementos de más de 300€

La edad media en el momento de ingreso en prisión de los etarras era de 33 años, por lo que tras el tiempo trascurrido la cárcel y teniendo en cuenta que pocos encontraron trabajo inmediatamente tras su salida en prisión, se estima que unos 3.000 etarras que han cumplido penas privativas de libertad no tendrán derecho a pensiones completas, esto es, recibirán no contributivas de 368,90 euros al mes.

A eso, hay que sumar las ayudas que otorga el Gobierno vasco a aquellos que reciben este tipo de pensión. Tras la reforma aprobada en 2008, el Ejecutivo vasco se comprometió a complementarlas hasta el 100% del SMI (actualmente en 707,6 euros) para las unidades convivenciales unipersonales, el 125% del SMI para las unidades de convivencia de dos personas, y el 135% del SMI, para las unidades convivenciales de tres o más personas.

Esto es, en el mínimo de los casos la comunidad autónoma vasca deberá aportar un extra de 338,7 euros al mes por cada uno de ellos.

Ayudas a la vivienda de 525 euros

Sin embargo, no acaba todo ahí. Para aquellas personas que no dispongan de vivienda propia y tengan una pensión no contributiva por jubilación, el Gobierno vasco prevé una ayuda de 525 euros mensuales en concepto de alquiler.

Es necesario recordar que para evitar tener que hacer frente a las indemnizaciones a las víctimas, aquellos terroristas que tenían propiedades a su nombre, las donaron a amigos o familiares con el fin de declararse insolventes. Esto hace que la mayoría de ellos cumplan los requisitos para poder acceder a esta ayuda a la vivienda.

El coste de mantener a un etarra en la cárcel es de 21.000€ 

Todo ello se agrava si se compara con el gasto que estos etarras han tenido para el Estado a lo largo de los años. El coste medio de mantener a un preso en la cárcel ronda los 21.000 euros (concretamente, 21.298,82 euros el año pasado). Si se tienen en cuenta los tiempos medios anteriormente citados, los terroristas etarras encarcelados han supuesto un gasto de 1.260.000.000 euros.

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