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485 excarcelaciones sin cumplimiento íntegro de las penas, ETA ya ha ganado la batalla de los presos

euskal presoak

La declaración de "cese de la lucha armada" y la derogación de la "doctrina Parot" solamente han sido excusas. Desde 2008, los gobiernos españoles han liberado continuamente a presos sirviéndose de beneficios penitenciarios para ello.

El periodista Juan E. Pflüger hace balance en Gaceta.es, del momento que viven los presos de la banda asesina ETA, cuantos de ellos continúan aún en prisión y cuantos han sido excarcelados sin cumplir integras las penas desde el año 2008, siguiendo la "hoja de ruta" marcada por el Gobierno Zapatero y que asumió el Gobierno Rajoy.

El desarme parcial anunciado para el próximo ocho de abril llega en un momento en el que pocos presos de la banda terrorista de ultraizquierda quedan en las cárceles. En el año 2008 había 762 etarras condenados por sus atentados. De ellos, 157 cumplían sus condenas en Francia y el resto en España. La segunda legislatura socialista presidida por José Luis Rodríguez Zapatero acabó en 2011 -año en el que los terroristas hacían pública su declaración definitva de cese de la “lucha armada”-.

Tras eso, el año 2012 empezaba la primera legislatura de Mariano Rajoy con 607 presos en las cárceles, de los que un centenar cumplía sus condenas en Francia y el resto en las prisiones españolas.

Desde entonces el número no ha hecho más que bajar. Las políticas penitenciarias del Ejecutivo de Rajoy permitían que, sin cumplir la promesa del PP del cumplimiento íntegro de las penas, se abrieran las puertas a centenares de presos terroristas. Todos ellos pasaban rápidamente de grado penitenciario y obtenían la libertad condicional.

A finales de 2013, antes de la derogación de la “doctrina Parot” y la política de puertas abiertas para los terroristas, había todavía 527 presos que, año y medio después y gracias a que el Gobierno decidió no estudiar uno a uno los recursos de los presos afectados por la “doctrina Parot”, el número de etarras en las cárceles se había reducido hasta los 427. En 2016 ya eran menos de 350 y actualmente son 277 presos terroristas en nuestras cárceles.

Está claro que el sometimiento del Estado ha permitido que la histórica reivindicación del entorno de la banda terrorista y de sus franquicias políticas sea una realidad y los presos han quedado reducidos a una tercera parte en nueve años.

La mayoría de estas excarcelaciones se han producido sin que la causa de la libertad sea el final de la condena. Los beneficios penitenciarios han permitido que las víctimas del terrorismo hayan visto a los asesinos de sus familiares salir por la puerta grande de las cárceles y llegar a sus municipios natales y de residencia -donde muchos de ellos cometieron parte de sus crímenes- y se les reciba con los ya habituales ongi etorri. Unas celebraciones que han sido denunciadas por asociaciones de víctimas sin que las autoridades locales y nacionales hayan hecho nada por impedir su celebración.

¿Otro desarme trampa?

Ahora se produce un anuncio de un nuevo desarme en el que los “observadores internacionales” y miembros de la sociedad civil y cargos electos franceses vigilarán la supuesta normalidad del procedimiento. El compromiso de ETA es la entrega total de su arsenal, repartido en zulos y domicilios particulares, pero no ha entregado un inventario previo para que pueda ser controlado por el Ministerio del Interior y que permita la comprobación del desarme real. Es por tanto otra entrega trampa como la que tuvo lugar en 2014.

Pero además, gran parte de las armas está en manos de los pistoleros de la banda que siguen huídos de la acción de la Justicia. La mayoría de ellos se encuentran escondidos en Francia, donde no tienen una financiación regular y sobreviven, en muchos de los casos, vendiendo sus armas y dedicados al narcotráfico.

Es más, el planteamiento de los términos del desarme es en sí otra trampa clara por varias razones, como ha señalado el digital benemeritaaldía.org en un reciente artículo “Las nueve mentiras del anuncio de desarme de ETA”. En primer lugar porque lo que está intentando es que los gobiernos español y francés den carta de legalidad a un desarme que no podrá comprobarse. En segundo lugar, porque ha pedido que no interfieran en este proceso los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que serían los únicos agentes autorizados para llevar a cabo un desarme de la banda terrorista. Y lo tendrían que hacer, no por la recepción de las armas sino por la acción contundente contra ETA. Y en tercer lugar, porque con este dersarme se podrían destruir las pruebas que podrían contribuir al esclarecimiento de los más de trecientos asesinatos que continúan sin resolver y que permitirían la detención y las condenas de los miembros de la banda que no han pagado por sus crímenes.

Antes estos datos no es de extrañar que el Gobierno del PP haya eliminado el acercamiento de presos como línea roja y que este se produzca cuando la banda anuncie su disolución. ¿Será el siguiente paso de la banda terrorista de ultraizquierda?

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