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ETA, bloqueada y dividida en su seno cuatro años después

eta

El Colectivo de Presos de ETA (EPPK por sus siglas en euskera) llega al final de esta legislatura con 268 presos menos que hace cuatro años, pero instalados en una situación de bloqueo, relegados del debate político y con una división en su seno que se agrava cada vez más. Al rechazo del Ejecutivo de Rajoy a entablar ningún tipo de negociación mientras ETA no se disuelva se suma que los presos etarras no han materializado su anuncio de asumir la legalidad penitenciaria para acceder a beneficios.

Según los datos recogidos por Ep, días antes de que el PP ganase las elecciones generales en 2011, el Colectivo de Presos de ETA contaba con 677 internos: 533 en España, 138 en Francia y otros seis repartidos en cárceles de Portugal, Irlanda, Inglaterra, México y Bélgica. En estas cifras no se incluye la veintena de presos acogidos a la denominada 'Vía Nanclares', expulsados del colectivo y considerados unos apestados en el entorno etarra por optar por la salida individual.

Cuatro años después, a pocos días del 20-D, el EPPK lo integran ahora 409 presos: 319 en España, 89 en Francia y uno en Portugal. Esto supone un adelgazamiento de casi el 40 por ciento del colectivo. Tras la derogación de la 'Doctrina Parot' en octubre de 2013, decenas de terroristas salieron a la calle en cuestión de semanas. Además, se mantiene el goteo de excarcelaciones de etarras que van cumpliendo sus condenas.

Sólo en 2015 han salido 73 presos. Por primera vez en mucho tiempo son más etarras los que salen de prisión que los que entran. Frente a los 268 que han ido abandonando las prisiones, 161 han sido detenidos por las fuerzas de seguridad y puestos a disposición de la Justicia en lo que va de legislatura, según datos de Interior. En este 2015 la cifra es 47 detenidos (frente al centenar de arrestados por terrorismo yihadista).

Golpes policiales: «Jaque», «Mate»

En lo que afecta al frente de 'makos' (cárceles), destacan la operación 'Jaque' (enero de 2014) y la operación 'Mate' (enero de 2015). En estos operativos, la Guardia Civil desarticuló el entramado de abogados de ETA, que servía de nexo entre ETA y las prisiones y lograban con sus consignas mantener la unión del colectivo. Les hicieron creer a los presos que el cese definitivo de la banda derivaría en una negociación sobre su situación. Pero esa realidad nunca se produjo.

También en septiembre de 2013 fue desarticulada Herrira, última plataforma abertzale encargada de capitalizar las iniciativas en favor de los internos. Estos golpes policiales y en especial el arresto de la abogada Arantza Zulueta dejaron al EPPK sin apenas capacidad de cohesión. Según ha ido avanzando la legislatura, la ausencia de un discurso único ha permitido apreciar las primeras divisiones internas en un mundo considerado siempre como el más unido del entorno proetarra.

En los últimos meses han adquirido una mayor presencia grupos minoritarios críticos como Amnistia Ta Askatasuna (ATA) con un discurso muy crítico contra la izquierda abertzale oficial representada en Sortu y la antigua Batasuna. Les acusan de haberse acomodado y haber renunciado a reivindicaciones históricas como la amnistía.

En la línea de esta corriente díscola, 93 expresos de ETA e Iparraterrak firmaron en mayo una carta a favor de la amnistía "sin arrodillarse ante nadie". Prueba de este enfrentamiento latente es el hecho de que ambos sectores han convocado ya varias manifestaciones por separado en las calles del País Vasco o que seis etarras denunciaron en un reciente juicio en Francia los intentos de romper el Colectivo. En ATA se dieron por aludidos y respondieron con un duro comunicado.

El «daño multilateral»

Uno de los anuncios más relevantes del EPPK durante esta legislatura fue el que se produjo el 28 de diciembre de 2013 en el que, por primera vez, los presos etarras abrían la puerta a aceptar la legislación penitenciaria a cambio de beneficios y reconocían el "sufrimiento y daño multilateral generados". No obstante, lo que les exige la Ley para acceder a beneficios es romper con la banda, pedir perdón y colaborar con la Justicia. El EPPK no pasó del anuncio a los hechos.

Todas sus estrategias han seguido encaminadas a lograr una solución colectiva y no individualizada chocando siempre por ello con el rechazo de la Administración o los tribunales. A finales del año pasado optaron por solicitar su acercamiento al País Vasco por la vía judicial, meses antes habían hecho lo propio ante las juntas de tratamiento de las prisiones, también pidieron de forma colectiva la excarcelación de los presos considerados enfermos y los mayores de 70 años... Ninguna iniciativa obtuvo respuesta por parte de las autoridades.

El fallo de la 'Doctrina Parot' por parte del Tribunal de Estrasburgo ha sido una de las pocas victorias en el haber de los presos etarras junto a la polémica excarcelación del ya fallecido Bolinaga en el verano de 2012. La liberación del carcelero de Ortega Lara por motivos de salud provocó una oleada de críticas contra el Gobierno, principalmente desde las víctimas del terrorismo. Desde entonces, los movimientos del Ejecutivo en materia penitenciaria han sido prácticamente inexistentes a diferencia de la pasada legislatura en la que el Gobierno socialista llevó a cabo una política de premios y castigos en la que los alejamientos y acercamientos eran una constante.

Obstáculos a la «Vía Nanclares»

El Ejecutivo de Rajoy no ha seguido promocionando siquiera la 'vía Nanclares', poniendo fin a los talleres con víctimas o negando en numerosas ocasiones beneficios a ex etarras ya desvinculados de la organización, obligados a recurrir ante la Audiencia Nacional para conseguir permisos de salida o progresiones de grado.

El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz apostó al inicio de la legislatura por su propio plan de reinserción de etarras que contemplaba el acercamiento al País Vasco a aquellos presos que rompiesen con la banda. Aquel plan, presentado en abril de 2012, también estuvo envuelto en polémica porque no incluía la exigencia de pedir perdón a las víctimas.

Desde el Gobierno se mantienen firmes en la línea roja de mantener la dispersión mientras ETA no se disuelva definitivamente o los presos rompan con la banda. La última amenaza que asoma en el horizonte del EPPK es el posible traslado España de los etarras que cumplen condena en Francia en virtud de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

Esta decisión comunitaria, aprobada este año por el Congreso de los Diputados, abre la puerta a que cualquier preso europeo que esté cumpliendo una pena en otro Estado miembro pueda ser trasladado a una cárcel de su país de origen. Los internos terroristas en cárceles galas ya han comunicado a su entorno que no quieren ser trasladados a España. De momento, los traslados se encuentran paralizados debido a que existen algunas diferencias entre las autoridades españolas y galas a la hora de interpretar la citada ley.

Así termina una legislatura que comenzó precedida por el anuncio del fin de los atentados de ETA para siempre. Eso frenó en seco las deserciones internas y el colectivo recobró la unidad confiando en una negociación sobre su situación, tal y como le transmitían los emisarios de la banda. No obstante, según fuentes conocedoras del sentir de los presos etarras, el EPPK hace ya meses que dio por amortizada la legislatura. Esperarán a después del 20D para volver a mover ficha.

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