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La Audiencia investiga la masacre de guardias civiles como parte de un exterminio etarra

ETARRA-PAYASO

Una de las querellas contra ETA por crímenes de lesa humanidad admitidas el viernes por la Audiencia Nacional considera por primera vez a la Guardia Civil víctima del exterminio de la organización terrorista.

Es la presentada por Antonio Salvá, padre del último miembro de la Benemérita asesinado por ETA en España. Su hijo, Diego Salvá, y su compañero Carlos Sáenz de Tejada, de 27 y 28 años de edad respectivamente, fueron asesinados el 30 de julio de 2009 al estallar una bomba-lapa en el vehículo que patrullaban en Palmanova (Mallorca). Son dos de los 98 crímenes de miembros de la Benemérita que a día de hoy continúan impunes.

La querella por crímenes de lesa humanidad «contra los hombres y mujeres de la Guardia Civil y sus familias» por su mera pertenencia a este colectivo comparte la misma dirección letrada (la del abogado Miguel Ángel Rodríguez) que las otras dos querellas acumuladas en la Audiencia Nacional (la de Dignidad y Justicia y la de la Fundación Luis Portero), pero su origen es distinto. No solo porque la primera es relativamente reciente (del pasado mes de junio), sino porque pone el punto de mira en la Guardia Civil, uno de los colectivos más castigados por ETA. Y lo hace sin hablar de genocidio, sino de crímenes de lesa humanidad, delito que indiciariamente sí aprecia el juez Juan Pablo González, partidario de investigarlo solo desde 2004, cuando España incorporó este delito a su ordenamiento jurídico.

La querella, a cuyo contenido ha tenido acceso ABC, habla de una «política de persecución sistemática» por parte de ETA que ha consistido en la «perpetración de asesinatos selectivos y masacres, expulsiones forzadas de población mediante el terror y la coacción desde, al menos el 11 de noviembre de 1970 (fecha de la entrada en vigor de la Convención Internacional de Naciones Unidas)» contra los miembros de la Guardia Civil. Pero también contra sus familias, «indistintamente de su identidad personal».

Prueba de ello, sostiene la querella, son los atentados contra las casas cuarteles, en las que vivían niños y embarazas, protegidos frente a toda forma de violencia por el Derecho Internacional desde las Convenciones de la Haya de 1899 y a la luz del precedente internacional de la declaración de lesa humanidad del atentado de Hezbolá a la AMIA. La Asociación Mutual Israelita Argentina fue objeto de un atentado el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires por parte de esta organización terrorista, que con un furgón cargado de explosivos se cobró la vida de 85 personas e hirió a 300.

La querella compara aquellos crímenes contra la humanidad -contemplados como tales- con los de ETA en sus atentados contra la casa cuartel de Zaragoza (1987), donde murieron 11 personas -cinco de ellas niñas- y 88 resultaron heridas; contra la de Vic (Barcelona, 1991), con diez muertos -cinco de ellos menores- y 44 heridos; o la matanza que intentó en la casa cuartel de Burgos el 29 de julio de 2009 y que se saldó con casi 150 heridos. Como no hubo los muertos pretendidos, 34 horas después asesinaron a Diego Salvá y a su compañero.

ABC

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