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Un informe de la Guardia Civil de 600 folios cree que ETA cometió genocidio

GENOCIDIO-ETA

La Guardia Civil entregará hoy en la Audiencia Nacional el informe que ha elaborado por indicación del juez Javier Gómez Bermúdez, que investiga si ETA, a lo largo de su historia, ha incurrido en delitos de genocidio o de limpieza étnica.

Según han señalado fuentes conocedoras del asunto, el informe de la Benemérita, de unos 600 folios más 4.000 de anexos, implica a los 40 dirigentes de la banda que han pertenecido al «comité ejecutivo» en la estrategia criminal que perseguía una auténtica estrategia de genocidio o limpieza étnica en el País Vasco, mediante la comisión de atentados indiscriminados contra cualquier colectivo que se opusiera a sus planes separatistas.

A este respecto, se recuerdan los primeros documentos de la banda, en la década de los sesenta, en los que consideraba que el País Vasco había sido ocupado «ilegítimamente» por España. Ante esa situación, sólo cabía lograr la independencia, para lo que estaban en su derecho de utilizar la violencia. «El pueblo colonizado no tiene otro camino que el de los medios “ilegales”(...) El oprimido deberá forzar para que su derecho sea reconocido. Habrá que crear y hacer reconocer su propia legalidad por la fuerza de las armas. A la legalidad hispana o gala anteponemos nosotros la vasca (...) con explosivos y metralleta, precedidos y acompañados por toneladas de propaganda (...) Para nosotros, al igual que para el cruzado del siglo X la suya, nuestra verdad es la verdad absoluta, es decir, verdad exclusiva que no permite ni la duda ni la oposición y que justifica la eliminación de los enemigos virtuales o reales. (...) somos intransigentes en nuestra idea, en nuestra verdad, en nuestra meta esencial».

Con la eliminación física de esos «enemigos virtuales» o su intimidación por medios coactivos, lo que pretendía ETA y su entramado era crear un clima de temor e inseguridad en la población, que anulara a los sectores de la sociedad a los que pertenecían esas personas.

Lo cierto, es que la actividad terrorista de ETA, complementada por la presión social de las organizaciones su entorno, generó una situación de temor y coacción generalizada en sectores de la sociedad civil vasca y navarra que se sentía española y lo defendía. Además, conllevó un efecto colateral, ya que muchos interiorizaron una sensación de impunidad y control territorial por parte de ETA y su entramado.

En el informe se analizan los 2.500 atentados cometidos por ETA y el papel que jugaron en su planificación y desarrollo los 40 cabecillas que desde su fundación pertenecieron al «comité ejecutivo».

La responsabilidad de estos individuos era determinante para dirigir las campañas contra distintos colectivos, una vez establecido desde el principio que las Fuerzas de Seguridad y los Ejércitos eran objetivos de los atentados, sobre los que los «comandos» no tenían que consultar a sus dirigentes, ya que los uniformados suponían el enemigo directo con el que había que acabar para dar los pasos necesarios hacia la independencia.

Dirección global

De hecho, los cabecillas han sido los encargados de llevar a cabo el diseño de la estrategia general a lo largo de su historia y quienes se han ocupado de ordenar a los «comandos» del llamado «aparato militar» y a los que les daban los medios («aparato logístico») que la materializarán en atentados, secuestros, etcétera. Los jefes de ETA ejercen una dirección global de todas las actividades de la banda, que se desarrollan de modo colegiado. El relevo de sus miembros, por las detenciones y la clandestinidad, está rigurosamente previsto, ya que cada cabecilla tiene «lugarteniente», con lo que se garantiza la continuidad de la estrategia marcada, en la que los militantes de base no intervienen y se limitan a obedecer bajo el principio del centralismo democrático: las decisiones de los que mandan son siempre las adecuadas, ya que tienen un mayor nivel de preparación y conocimiento.

Por ello, los «aparatos» y «sub-aparatos» de ETA y los «comandos» han sido meros instrumentos de la cúpula directiva, que decidía en todo momento la orientación de la «lucha armada» y los objetivos contra los que atentar; en resumen, qué había que hacer, cuándo llevarlo a cabo y de qué forma materializarlo.

Asimismo, los cabecillas se encargaban del adiestramiento «político» y «militar» de los miembros de los «comandos»; de hacerles llegar las informaciones sobre los objetivos contra los que había que atentar; y los facilitarles los medios materiales y humanos necesarios para llevarlas a cabo.

La estrategia de ETA, que aumentó el número de atentados de manera espectacular nada más producirse la llegada de la democracia a España, era la de impedir la consolidación del régimen democrático y las instituciones, así como provocar la inestabilidad. El fin era crear una situación de miedo e inseguridad en una parte de sus ciudadanos, que obligara al Gobierno de turno a sentarse a negociar con los pistoleros la independencia del País Vasco, con la anexión de Navarra.

Policía y Ertzaintza

El informe del Instituto Armado se suma a los ya remitidos por la Policía Nacional y la Ertzaintza en el marco de la investigación a la banda terrorista por delitos de lesa humanidad. La Policía considera en su informe, de más de 200 folios, que ETA tenía entre sus objetivos, además de «independencia y socialismo», «obligar a los Cuerpos represivos y demás agentes colaboracionistas del Gobierno español a que abandonen definitivamente el territorio de Euskadi sur. Además, en un dictamen que detalla de forma pormenorizada y minuciosa toda la historia criminal de la banda, de sus fines y objetivos y de los medios para lograrlos, se documenta que la banda terrorista quería eliminar «uno por uno» a sus enemigos.

Diferentes conclusiones tiene el informe de la Ertzaintza de nueve folios, que considera que ETA no buscó el genocidio en sus atentados, sino que el objetivo de la «violencia» de la banda siempre ha sido de carácter «instrumental».

El «ZUBA» fijaba nuevos objetivos

Los atentados que ETA ha cometido a lo largo de su siniestra historia se han dirigido contra los sectores del País Vasco y Navarra (además de los cometidos en otras zonas de España) representativos de las instituciones del Estado y contra aquellos grupos políticos-ideológicos, profesionales, económicos o sociales que se oponían, dificultaban o suponían una amenaza para la consecución de los objetivos perseguidos por la banda terrorista.

Entre estos objetivos, figuraban:

- Miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas.

- Responsables políticos e institucionales del PP, PSOE y UPN.

- Empresarios.

- Personas pertenecientes a las Instituciones de los tres poderes del Estado.

- Responsables y funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

- Periodistas y responsables medios de comunicación.

- Ciudadanos que se manifestaban contra el proyecto de la banda terrorista.

Un caso destapado por LA RAZÓN

Este diario adelantó en exclusiva el pasado 19 de febrero que la Audiencia Nacional investigaba una querella de Dignidad y Justicia que preside Daniel Portero contra la banda terrorista ETA por un delito de genocidio. La querella apunta a cinco históricos dirigentes de la banda entre 1977 y 1983: Juan Lorenzo Lasa Michelena, Eugenio Echebeste, José Luis Ansola Larrañaga, Francisco Múgica Garmendia alias «Pakito» y José Antonio Urruticoechea «Josu Ternera». LA RAZÓN ha informado recientemente de sendos informes de la Ertzaintza y la Policía sobre este asunto. El pasado domingo 28 de febrero desvelaba el dictamen de la Policía autónoma vasca, que sostiene que ETA no buscó un genocidio con sus atentados y, un día después, informaba del de la Policía –de más de 200 folios– en el que se documenta que la banda quería eliminar «uno por uno» a sus enemigos en sus casi 2.500 acciones terroristas.

LA RAZON

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