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Un juez exige a Sopela que recupere las ayudas concedidas a familiares de presos de ETA

SOPELA

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Bilbao ha decidido reclamar al Ayuntamiento vizcaíno de Sopela que recupere las ayudas públicas concedidas a familiares de presos de ETA en el ejercicio de 2011, cuando Bildu asumió el liderazgo del Consistorio.

El juez ha dictado una sentencia, fechada el pasado día 31 de octubre, en la que cuestiona el reparto de fondos destinados a sufragar los desplazamientos a las cárceles, aunque no concreta los plazos de devolución.

El caso enfrenta en los tribunales al Ayuntamiento de Sopela, gobernado en minoría por Bildu tras sucesivos años de mandato del PNV, y la Administración general del Estado, en nombre de la Delegación del Gobierno en el País Vasco. El delegado, Carlos Urquijo, recurrió a la Justicia para intentar impugnar la concesión de ayudas públicas a familiares de presos de ETA, un procedimiento que se ha dado en numerosos ayuntamientos vascos. Sin embargo, la novedad de este litigio es que el juez reclama al Consistorio señalado la devolución de las cantidades entregadas hace ya tres años, en lo que puede convertirse en un complicado proceso de restitución económica.

En concreto, la Administración General del Estado impugnó la decisión de la Corporación de la localidad vizcaína, articulada en unas «bases reguladoras de las ayudas destinadas a subvencionar desplazamientos para visitas realizadas en 2011 a personas penadas o en prisión preventiva interna en centros penitenciarios fuera del territorio de Bizkaia». Asimismo, buscó dejar sin efecto un decreto de Alcaldía de Sopela, cuya makila está en manos de Saioa Villanueva desde las últimas elecciones municipales de mayo de 2011, por el que se resolvía aprobar las partidas económicas con ese fin, concebidas para mitigar de algún modo los efectos de la dispersión de reclusos de la banda terrorista.

Según la resolución judicial a la que ha tenido acceso este periódico, la delegación del Gobierno tuvo conocimiento del caso de Sopela casi dos años después, en febrero de 2013. La representación del Ejecutivo central en el País Vasco, inmersa en numerosos litigios para intentar hacer cumplir la ley de banderas en los ayuntamientos gobernados por Bildu en Euskadi, se dirigió a la alcaldesa sopelostarra para solicitarle toda la documentación sobre la distribución de subvenciones a familiares de presos de ETA. La legislación concede un plazo de veinte días para que los responsables municipales remitan el expediente a la delegación. Una vez expirado ese período de tiempo, la Administración del Estado dispone de dos meses para interponer un recurso en los tribunales, formulado oficialmente el 2 de mayo del año pasado.

Por valor de 5.300 euros

El juzgado subraya que las entidades públicas están obligadas a concretar en un plan estratégico su programa de subvenciones, así como sus objetivos y «efectos que se pretenden con su aplicación». La misma Sala invoca una sentencia del Tribunal Supremo, en que se señala la necesidad de incluir las ayudas en un expediente «con carácter previo» e «imperativo». Aunque el Ayuntamiento de Sopela remitió un dictamen firmado en 2012 por la interventora municipal, el juzgado insiste en «condenar» al Consistorio a «obtener las cantidades abonadas» en principio a los familiares de dos presos por un valor conjunto de alrededor de 5.300 euros.

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