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"Escrache"

enriquelopez

Reproducimos un artículo de opinión de Enrique López publicado en el diario La Razón. López es magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, también es profesor asociado de la Universidad de León y autor de diversos estudios. Forma parte de la Fundación Wolters Kluwer.

Según la enciclopedia Wikipedia, «escrache» es el nombre dado en el Río de la Plata, principalmente Buenos Aires y Montevideo, a un tipo de manifestación en la que un grupo de activistas se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar, se trata por lo tanto de un método de protesta basado en la acción directa. Tiene como fin que las reclamaciones se hagan conocidas a la opinión pública, pero en ocasiones también es utilizado como una forma de intimidación y acoso público, para lo cual se realizan diversas actividades generalmente violentas. El «escrache» ha sido utilizado en España por la organización Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y últimamente por la plataforma «Stop desahucios», los cuales las defienden como actuaciones pacíficas. Nada que objetar al fin perseguido por estas organizaciones, transformar leyes y evitar desahucios, por más que sean consecuencias de la propia ley, base de un Estado de derecho, lo cual garantiza nuestra democracia, y entre otras cosas que alguien pueda intentar cambiar las leyes. Pero la delgada línea que separa la protesta de la acción violenta y del delito, no se debe traspasar, porque llegado este momento, toda la legitimación de estos movimientos se arrumbará, y además deberá dar lugar a la actuación de la norma penal, porque si algo no se puede permitir en una democracia es la coacción y los métodos violentos para conseguir fines, legítimos o no. Pero estos días nos hemos encontrado con anónimos que amenazan a políticos vascos con estas acciones nombrando a la propia banda criminal ETA, lo cual además de grosero e intimidante, resulta patético y dramático. Hace unos meses en esta misma tribuna, me pronunciaba sobre las vías de hecho, las cuales no son más que actuaciones públicas colectivas que pueden llegar a convertirse en un poder absolutamente contrario a las bases de un Estado social de Derecho, cuya máxima expresión es la Ley y especialmente su cumplimiento. Destacaba una primera y principal nota, su ilegalidad; y una segunda, su impredecibilidad, tanto en la producción como en sus consecuencias. También destacaba dos notas características, la violencia intrínseca y la privación de derechos del resto de los ciudadanos. Por ello, se convierten en una anomalía que niega la esencia de la democracia y la libertad. Con actos ilegales, por más que se recubran de un sentimiento solidario, se estará debilitando el Estado de Derecho y con ello la propia democracia. La actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ante este tipo de actos no es una opción, es una obligación, y por ello los responsables de la seguridad de nuestro Estado ya han dado las pertinente órdenes. Pero el problema es que este tipo de concentraciones, cuando se convierten en acoso, pueden acabar siendo calificadas de coacciones, y por ello la vía de hecho no sólo es antijurídica, sino delictual. Pero para mí éste no es el problema principal, puesto que pase lo pase se tendrá que hacer lo que se debe hacer, y eso será una consecuencia insoslayable de nuestro Estado de Derecho; el problema principal radica en que este tipo de acciones cuasidelictuales que se basan en el acoso y las coacciones a una persona, sea un político o no, deben de ser rechazadas por la generalidad de la sociedad, y especialmente por la propia clase política, de todos los signos, por que la violencia no tiene signo, es violencia y nada más, y no hay que olvidar que la violencia genera más violencia. La utilización de las vías de hecho violentas, puede ser contestada por otras vías de hecho también violentas, y en España sabemos muy bien cómo terminan estos procesos. Por ello es necesaria no sólo la actuación policial y judicial, sino el general repudio de estos actos, por más que estén o intenten estar amparados por cáusas sociales y solidarias. Por ello, se echan de menos declaraciones públicas desde todos los ámbitos deplorando este tipo de propuestas. La legitimidad democrática se adquiere tras los periodos electorales, y se reclama cada cuatro años; su ejercicio está sometido a procedimientos, sin cuyo concurso acabaremos en un caos, que quizá es lo que algunos persiguen. Los problemas sociales se resuelven con decisiones políticas, con actividades solidarias sociales, y con el ejercicio de la crítica democrática, pero no por vías de hecho violentas. Si se permite que las vías de hecho sean la regla general de actuación ciudadana para el ejercicio de la libertad de expresión o de participación política, estaremos retrocediendo muchos años. Cuando Dante, guiado por Virgilio, emprende su viaje al infierno, va pasando por nueve círculos sucesivos, tanto más profundos cuanto más grande sea la maldad condenada al eterno suplicio. El séptimo esta reservado a los violentos, siendo un lugar terrible, surcado por uno de los ríos infernales, el Flegetonte, río en el que como dice el poeta, bullen las almas de quienes dañaron a otros con violencia.

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