¿Tenemos una legislación coherente?

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Acabamos de conocer el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sala que preside el ilustre Magistrado Don José Luis Gil Ibáñez, con antecedentes de justicia en Europa y una carrera profesional brillantísima.

Coronel de los Cobos

No obstante, sus sentencias en procesos contra la Administración del Estado son por lo general más claramente favorables a los demandantes en épocas de gobierno del PP y a la Administración en épocas de gobierno del PSOE. Eso no quiere decir nada, pues las casualidades existen. Además, las sentencias de este tribunal son impecables, muy bien razonadas jurídicamente y no suelen irse por las ramas. De hecho, la sentencia contraria al Coronel Don Diego Pérez de los Cobos solo tiene 28 páginas y en una sentencia de este tipo, puede ser poco. De todas formas, aunque yo no soy abogado ni mucho menos, la encuentro un poco enrevesada. No soy abogado, pero desde hace mucho tiempo los abogados han sido frecuentes en mi familia. Tal vez mi bisabuelo Don Antonio Marín del la Bárcena, Presidente del Tribunal Supremo en 1931, me haya legado algún gen lector de sentencias.

              En fin, lo que si se constata es un hecho: se legisla demasiado y sin los filtros adecuados. Ello trae una consecuencia: la posibilidad de decisiones arbitrarias en bastantes casos, puesto que las interpretaciones pueden llevarnos por uno u otro camino. El gran problema es que quien decide las leyes no suele saber de leyes y depende de asesores que él mismo (o ella misma) ha nombrado y que “a todo trance” han de estructurar esas leyes de manera acorde con la voluntad de sus políticos protectores (y pagadores). Ello significa que la inmensa mayoría de nuestras leyes, al menos desde 1976, están hechas a imagen y voluntad del partido o partidos del gobierno. Pero como todo se relaciona con todo, el guirigay es de aúpa. En términos prácticos podemos decir que todas o casi todas las leyes se contradicen. Pero es que aún es más grave: hay contradicciones con la legislación fuente, como es nuestra Constitución vigente. Muchas leyes autonómicas son realmente ilegales si las pasamos por el filtro de la Constitución. Y lo peor es que esto no es nuevo. Es antiguo como la vida en el planeta tierra. El Corpus Iuris Civilis Romano llegó a tener una complejidad tal que acabó devorándose a sí mismo, de lo cual se aprovecharon los Bárbaros. ¿Vamos por ese camino? ¿Nos va a devorar, por ejemplo, el Fundamentalismo Islámico, que solo tiene unas pocas leyes, pero muy claras? Eso si, a mi parecer distan mucho de la lógica que anima la convivencia en paz. Pero ni eso ni lo nuestro, donde no hay forma humana de poder garantizar la igualdad y ecuanimidad en la Justicia. Cosas fundamentales como la Justicia, la Educación, la Seguridad, el Orden Público, al Sanidad, la Política de Asuntos Exteriores, y muchas otras, están verdaderamente destrozadas porque cualquier cosa es posible con nuestra legislación actual. Ello hace que cualquier indocumentado asuma como justo lo que no lo es. Nadie exige una formación adecuada para poder acceder al mundo de la política. Y debería ser obligatoria para poder presentarse a unas elecciones nacionales o autonómicas. Tal vez no tanto para las locales, pero en este caso el error garrafal es conceder el derecho al voto a los no españoles que estén por aquí. Porque una cosa es permiso de residencia y otra nacionalidad. Hoy en día se confunden con frecuencia ambas cosas. ¿Cómo no se van a confundir, si nos gobiernan muchas veces iletrados?

              El Coronel Pérez de los Cobos es posible que presente el correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo, pero esto parece más un juego de azar que una norma de convivencia. Desde luego no quieren ascenderlo el Ministro del Interior ni la Directora General de la Guardia Civil. Ignoro el por qué, pues a mi no me convencen sus alegatos de pérdida de confianza. Es algo así como decir que no me vacuno frente a la COVID porque no me fío de las enfermeras de Lugo. O sea: una astracanada. Al final pudieran darle la razón e indemnizarle a él o a sus descendientes, pues la velocidad no suele ser frecuente en las sentencias del Supremo. Pero también puede ser que se la vuelvan a quitar y tenga que pagar costas. En definitiva, la Justicia de este país no es seria. Yo la veo más confusa que la vida en otras galaxias: ¡sepa Dios!

              Y esto no se arregla con cambios de gobierno, sino con cambios de principios éticos. Cuando la inmoralidad o amoralidad son la norma, es imposible la convivencia. Por eso hay que modificar urgentemente la educación y controlar de verdad las finanzas del Estado y de las Autonomías. A lo mejor, con suerte, dentro de 30 o 40 años llegamos a ser un país justo, porque hoy por hoy no lo somos. Y la cosa es urgente, porque el islam radical está llamando a la puerta. Y a esos les importa un bledo nuestro “teórico” modelo de justicia. Pero claro, si expulsamos y cesamos a los más cualificados, poco vamos a poder hacer. Quien verdaderamente lo tienen crudo son nuestros hijos y nietos. ¿Podrán tener una mínima calidad de vida? No lo sé…

              Sentencias como la del Coronel de la Guardia Civil, Don Diego Pérez de los Cobos, me tientan para irme de España, si es que queda algún país sensato todavía. O si no, como decía Fray Luis de León: al campo deleitoso, donde solo con Dios te compasas y a solas tu vida pasas, ni envidiado ni envidioso.

Francisco Hervás Maldonado

Coronel Médico (r)