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Iglesias, Juan Antonio Delgado y la desmilitarización de la Guardia Civil

Sin título 1Iglesias delgado

Si pensamos en la definición de “antítesis” en el ámbito de la Guardia Civil, rápidamente nos viene a la mente la figura de Juan Antonio Delgado, como lo contrario o lo opuesto al guardia civil.

Un guardia civil que se precie, sabe cuáles son sus obligaciones, podríamos preguntarnos, conociendo como incluso guardias civiles en reserva y retirados se ofrecieron al principio de la pandemia para ayudar a sus compañeros en activo, donde se encontraba entonces el “asesor” Delgado, que había solicitado y se le había otorgado el reingreso en el Cuerpo y que se encontraba a la espera de destino en Cádiz.

Deberíamos preguntarnos si conocía como era su obligación, la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, en que se recoge expresamente en su art. 20, el deber de cooperación en caso de catástrofe, disponiéndose expresamente que en los casos de declaración de los estados de alarma, excepción o sitio, o en los casos de alteraciones graves de la seguridad ciudadana, los guardias civiles habrán de presentarse en su dependencia de destino o en la más próxima, y ponerse a disposición inmediata de las autoridades correspondientes. Si conocía como guardia civil lo dispuesto en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que prevé expresamente y como falta muy grave en su art. 7.11, el incumplimiento por parte del guardia civil del deber impuesto por el art. 20 de la LO 11/2007 anteriormente citado, y ahí lo dejo.

Si buscamos lo opuesto a ser “político sin bajeza”, encontraremos igualmente al mismo personaje, Delgado, el “asesor” impuesto, según el propio director general de la DGT, Pere Navarro, que a preguntas de sus señorías en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, respondía que tenía “la instrucción de darle trabajo y que trabaje. Viene a trabajar", no esperábamos otra cosa, al menos que trabaje, en lo que sea, pero lejos de la Guardia Civil a la que ha demostrado que odia.

Si buscamos lo que significan las puertas giratorias, de garaje en este caso, encontraremos la fotografía del exdiputado de Podemos, alguien sin conocimientos específicos, sin preparación para el cargo, al que se le da el nivel 30. Y no, no me vale que digan “es guardia civil”, porque si la necesidad era incorporar a un guardia civil a la DGT, lo lógico es que fuese alguien perteneciente a la Agrupación de Tráfico.

Delgado es en definitiva, uno de los pagos de Sánchez a Podemos, es el topo de Iglesias en Interior, al menos han sido lógicos, porque la pretensión era que “asesorase” en Defensa dada su condición de guardia civil, lo que significaría una incongruencia para quien durante años ha luchado por desmilitarizar a la Institución, es decir, pretendían meter un anitimilitarista en el ministerio de los militares. Es la demostración que en política el mérito está en la mediocridad, que en política, al contrario de lo que ocurre en otros ámbitos se sube más rapidamente si no tienes un talento especial, no tienes ningún talento o no tienes suficiente capacidad para la actividad que se te pide que realices, con reirle las gracias y ensalzar al lider, ya es suficiente.

Juan Antonio Delgado, llegó a la política para ser la voz de los guardias civiles en el Congreso, pero el ser político implica ser capaz de mentir y cambiar los argumentos por los que solicitó el voto de los guardias civiles, así que en lugar de apoyar a los compañeros, se limitó a seguir la senda marcada por el líder de la manada, criminalización de los guardias civiles de Ceuta, apoyo a delincuentes condenados, silencio ante el apoyo y la aproximación y cercanía del partido que representaba a la rama política de ETA, acercamiento a los familiares de los agresores de dos guardias civiles en Alsasua, pero también demostró con su silencio lo poco que le importaban los guardias civiles desplazados y destinados en Cataluña durante el 1-O, votar siguiendo las directrices en contra de la equiparación salarial de guardias y policías, aunque después tuvo la indecencia de manifestarse junto a ellos, demostrando el oportunismo de los políticos para hacer y decir un día una cosa y la contraria al día siguiente.

Ni siquiera ha demostrado saber que es la Guardia Civil y cuál es su historia, cuando permitió que su partido llevase en el año 2016 en su programa electoral, “la supresión de la Guardia Civil por ser un cuerpo represor y de raíces franquistas”, entenderíamos que Podemos llevase este punto específico en su programa, dada su animadversión a todo lo que representa el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho, pero con un guardia civil en sus filas, debemos pensar que el “guardia” o es un inculto histórico o simplemente no sabe contar, ya que Franco nació, ¡48 años después! de la creación del “Cuerpo de Guardias Civiles”.

Hoy aplaude, con las orejas, es decir, de forma entusiasta en redes sociales, las palabras del Vicepresidente 3º del Gobierno, que hace suyas y que reconocía que le "parecería bien desmilitarizar el cuerpo de la Guardia Civil”, para añadir en rueda de prensa desde la Moncloa posterior al Consejo de Ministros, que "como líder de mi partido le diría que el hecho de que la Guardia Civil pueda reunirse, manifestarse o sindicarse, como han reivindicado las asociaciones profesionales, me parecería bien".

Estas declaraciones, más parecen de un radical sin conocimientos sobre la Guardia Civil, que de alguien que tiene responsabilidades de gobierno, miente el vicepresidente y miente el asesor, miente Iglesias y miente Delgado, sobre todo este último, al manifestar a su vez en su cuenta de Twitter que “Pablo Iglesias defiende el derecho de sindicación en la Guardia Civil. Y si le preguntaran a los Guardias Civiles, la mayoría estarían a favor, no me cabe duda”.

Debería no ser tan contundente en sus afirmaciones el "asesor". Sólo una asociación profesional de la Guardia Civil defiende claramente la desmilitarización, pero eso no quiere decir que sean todos los guardias civiles, ni siquiera la mayoría de guardias civiles, ya que en las últimas elecciones al Consejo de la Guardia Civil menos de 13.000 guardias civiles, de un total de 80.000 votaron a la asociación mayoritaria, asumir que dicha asociación representa a toda la Guardia Civil demuestra el desconocimiento y el fanatismo del asesor Delgado, como reconocer que la misma representa a los guardias civiles y el resto de asociaciones profesionales a los mandos, como pretende una y otra vez atacando a las asociaciones que denuncian su torpeza, porque tan solo tres asociaciones de las nueve que tienen representación en el Consejo, son específicas para mandos, la Unión de Oficiales, la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil y la Asociación de Cabos, el resto tienen entre sus asociados a miembros del Cuerpo de todas las escalas y de todos los empleos.

Pero además Delgado y por ende su líder, demuestran que conocen poco lo que es la sindicación y el asociacionismo profesional, al solicitar para los agentes del Cuerpo el derecho a sindicarse,  habría que explicarles a los dos ignorantes, de forma clara, la diferencia entre sindicato y asociación profesional.

Al preguntarnos, sobre la diferencia entre una asociación profesional con “finalidad reivindicativa” y un sindicato, podemos observar que en la práctica la diferencia es casi nula, o simplemente no existe. La propia Constitución Española deja clara esa diferencia, mantiene en su artículo 22 que las asociaciones con finalidad reivindicativa, son aquellas que persiguen la defensa de fines económicos, sociales o profesionales de sus miembros, como es el caso de las asociaciones en la Guardia Civil, es decir lo mismo que los sindicatos tipificados en al artículo 28.1.

Es decir, asociación reivindicativa sería toda asociación profesional, al entenderse que los fines perseguidos por la misma son los de todo sindicato, con una única diferencia, el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, diferencia que incluso ratificaba el Tribunal Constitucional en su Sentencia 219/2001, de 31 de octubre, donde mantiene sobre este particular, que la diferencia entre un sindicato de trabajadores y una asociación profesional policial o militar, en este caso de guardias civiles, no se encuentra en el carácter reivindicativo de los intereses que cada una de estas reivindicaciones defiende, -que vienen a ser en ambos casos los mismos-, la defensa socio-económica y profesional de sus afiliados frente a la Administración, sino que estriba en los medios de acción que se integran dentro del contenido esencial de la libertad sindical, medios que en el caso de la relación de especial sujeción que une a los guardias civiles, en el caso que nos ocupa, con la Administración General del Estado son completamente inidóneos, como lo son los de jueces y fiscales, con asociaciones profesionales o policías, con sindicatos.

En cuanto a la pretensión, también recogida en el proyecto no de ley que presentaba Podemos y reivindica Iglesias y su lacayo Delgado, de convertir las actuales asociaciones profesionales de la Guardia Civil en sindicatos, “que con las limitaciones imprescindibles, proporcionadas y motivadas que pudieran acordarse, adquieran un nivel de protección y participación semejante a los sindicatos que ya existen en la Policía”, habría que decir que las atribuciones, derechos y deberes que las asociaciones profesionales en la Guardia Civil, expuestas en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil y los derechos que mantienen los sindicatos policiales según recoge la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional vienen a ser los mismos, la defensa de los derechos económicos, sociales y profesionales de guardias civiles y policías, incluso ambos cuerpos policiales deben regir sus actuaciones de acuerdo al artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo que demuestra que desde una asociación profesional se puede luchar perfectamente por los derechos de los guardias civiles en aquellos ámbitos que más les puedan afectar, evidentemente la ley excluye, en Guardia Civil, por cuestiones obvias, las reivindicaciones relativas al servicio, como las excluye por las mismas razones en Policía Nacional.

Hablaba el entonces exdiputado de Podemos, Juan Antonio Delgado, de “movimientos para impedir” el pleno desarrollo y aplicación de los derechos fundamentales de los guardias civiles, y aludía a los expedientes abiertos a diferentes dirigentes de asociaciones profesionales, entre otros a los de la asociación a la que pertenecía antes de pasarse a la política, por “hacer uso de la libertad de expresión”, pero ya mentía entonces, como miente hoy, ya que tras consultar a diferentes asociaciones profesionales de la Guardia Civil, estas ignoran cuáles serían esos “movimientos”, ya que aseguran que de no existir libertad de expresión, no se entenderían las declaraciones que habitualmente realizan los dirigentes de las diferentes asociaciones, incluida y especialmente la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, cuestionan además que los expedientes se deban a esa “falta de libertad de expresión” a que aludía en su día Delgado, y que denuncia hoy Iglesias, cuando la realidad es que la mayoría de ellos se iniciaron por ausentarse o no acudir al Consejo de la Guardia Civil, habría que recordar, que los representantes de los guardias civiles acuden al Consejo en “comisión de servicio”, la ausencia o la no comparecencia al mismo equivaldría y sería sancionada tal y como se sanciona la ausencia o la no comparecencia de cualquier guardia civil que no acude a la vista de un juicio oral a la que se le ha citado en calidad de testigo o de perito sin una causa justificada o a un curso, por poner tan solo dos ejemplos, la no asistencia, por tanto, implicaría repercusiones disciplinarias para todos ellos.

No podríamos decir que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil no actúen como verdaderos sindicatos, hemos visto en varias ocasiones como asociaciones profesionales de la Guardia Civil se han concentrado y se han manifestado, teniendo en cuenta que una asociación profesional no puede plantear un conflicto colectivo, es difícil creer que los guardias civiles y sus asociaciones tengan mermados sus derechos hasta el punto que mantenía el exdiputado Delgado y el partido al que representaba, al menos las asociaciones profesionales que defienden y luchan desde el marco legal del Consejo de la Guardia Civil no lo entienden así.

Y por último, condenaba Delgado, en una proposición no de ley presentada en el Congreso por Podemos, en la que se instaba al Gobierno a reconocer a los agentes del Cuerpo el derecho a sindicarse, que finalmente fue rechazada “el empecinamiento de extender sin límites la aplicación del Código Penal Militar, incluso a las actividades de la vida privada de los guardias civiles”, cosa que tampoco es cierta, mantienen las asociaciones consultadas que es una falacia decir que se aplique el código castrense en situaciones familiares, y afirman que es igualmente incierto afirmar que el Código Penal Militar se aplique en situaciones profesionales enmarcadas en la actuación policial o profesional de los miembros de la Guardia Civil, donde en realidad se viene aplicando el Código Penal ordinario, que por otro lado suele tener consecuencias más graves para el guardia civil que el propio Código Penal Militar.

Quizás no se trate de un deseo de acometer una supuesta falta de derechos en cuanto a reivindicaciones profesionales o laborales, que por otro lado ya hemos visto cubierta por las propias asociaciones profesionales, sino más bien el deseo de una reivindicación histórica y declarada en varias ocasiones, tanto por parte de Podemos, como por parte del propio Delgado, la desmilitarización de la Guardia Civil, y por consiguiente la desaparición del Cuerpo.

Antonio Mancera Cárdenas, guardia civil retirado.

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