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El "Bienvenido Mr. Marshall" de la extradición de Puigdemont

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El Tribunal Supremo español no estaba pidiendo nada distinto de lo que nuestros tribunales vienen dando a Alemania y a otros países con normalidad desde hace años

 I. Quien, como funcionario, abogado, juez o fiscal, tenga experiencia práctica en la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega (en adelante: euroorden), o también en los antiguos procesos —más restrictivos— de extradición, estará perplejo ante lo sucedido con Puigdemont. En pocas palabras: basta conocer someramente la práctica de este tipo de instrumentos internacionales para concluir que el Tribunal Supremo español no estaba pidiendo nada distinto de lo que nuestros tribunales vienen dando a Alemania y a otros países con normalidad desde hace años, aunque justo en este caso concreto el tribunal alemán se haya permitido obstruir la tramitación.

Bien sencilla es la razón del sistema de la euroorden: como ya no hay fronteras internas, que se detenga a una persona en Berlín o París para trasladarla a Madrid o Valencia —allá donde esté reclamada por un juez—, es tan natural —e indispensable— como si se le detiene en Sevilla o Valencia y es puesta a disposición judicial ante un juzgado en Málaga o Barcelona. De eso se trata y esto lo entiende cualquiera, por mucho que como los estados de la Unión Europea todavía mantienen cuotas de soberanía, el sistema conlleve aún cierta burocracia judicial. Pero la idea es que en la práctica sea eso: puro y simple papeleo, sin más.

II. Se han publicado ya valiosas contribuciones de juristas de mucho prestigio que han explicado lo anterior desde puntos de vista teóricos y que demuestran en detalle que asiste plena razón al Tribunal Supremo español. Por ello, limitaremos nuestras líneas a un breve recordatorio desde una perspectiva práctica de cómo se sustancian las euroórdenes en España en su día a día, para así poder decir con conocimiento de causa qué le era exigible al tribunal alemán si quería —como debía— cumplir con un obvio principio de reconocimiento mutuo o hasta de simple reciprocidad con la Justicia española.

La respuesta es limpia: nuestra praxis demuestra sin fisuras que España cumplimenta las euroórdenes que recibe sin obstaculizarlas lo más mínimo, sin artificios ni martingalas, de tal manera que resulta claro que en el caso Puigdemont el tribunal alemán no ha estado en absoluto a la recíproca.

III. La euroorden tiene, en primer lugar, una tramitación directísima si el país que reclama lo hace por algún delito que se encuentra contenido en un listado de 32 ilícitos ya predeterminados que conllevan entrega inmediata. Es el caso de la malversación de caudales públicos, por lo que respecto de dicho delito debió producirse la entrega sin más

Y sin embargo, el tribunal alemán se dedicó a solicitar información suplementaria al Tribunal Supremo español, para decidir si procedía o no la euroorden por malversación. Ergo: aunque finalmente la Audiencia de Schleswig-Holstein haya decidido acceder a la entrega por este delito de malversación, ya el haber pedido información al Tribunal Supremo es muy, pero que muy revelador de una determinada actitud del tribunal alemán. Para ser exactos: una actitud crasamente contraria al sistema de la euroorden y, sobre todo, al principio de reconocimiento mutuo que debió —y no lo hizo— presidir su decisión.

Y así, basta comprobar cómo operan nuestros tribunales, para visualizar de forma nítida el grado de deslealtad al principio de reconocimiento mutuo y a la Justicia española con la que se ha comportado el tribunal alemán. Citemos, casi escogida al azar, una de las decenas de resoluciones, que ya desde mediados de 2000 resuelven así en España: basta con comprobar “la identidad, autoridad judicial que la expide, naturaleza y tipificación del delito, relato de hechos y pena máxima a imponer”, pues cuando “las infracciones han sido encuadradas por la autoridad judicial alemana en la categoría” de alguno de los 32 delitos predeterminados, “es procedente la entrega sin control sobre la tipificación de los hechos” (AAN/Sala de lo Penal/27-3-07). ¿Leen Vds. que la Justicia española pida información suplementaria o muestre desconfianzas desleales? No, ¿verdad? Hay un 'formulario tipo' y basta con ello. ¿A quién acabamos de leer que se fía el ‘encuadre’ del delito? Pues al país requirente, justo lo contrario de lo hecho por la Sala de Schleswig-Holstein, que se lo ha arrogado para sí misma, siendo en realidad el país requerido.

Basta comprobar cómo operan nuestros tribunales para visualizar el grado de deslealtad a la Justicia española con la que se comportó el tribunal alemán

Créame el lector: como esta, hay decenas de resoluciones españolas, y no solo con Alemania, sino con el resto de los países adscritos al sistema de la euroorden.

IV. Esta misma actitud obstruccionista y contraria a derecho del tribunal alemán es la que ha llevado a denegar la entrega por los delitos de rebelión y sedición. Pues aunque estos delitos no estén entre los 32 de concesión directa, existe jurisprudencia más que de sobra para poder concluir que la entrega era obvia, y que de nuevo se ha quebrantado el principio de mutuo reconocimiento o, si se prefiere, de reciprocidad entre países amigos que operan bajo el espacio Schengen.

Y así, también ya desde la segunda mitad de 2000, existen resoluciones que lo ratifican: para un caso en el que Alemania reclamaba —fuera del listado de los 32— que le entregaran a una madre española que había traído a su hija a España impidiendo al padre el acceso a la niña (hecho descrito por los alemanes en apenas una docena de líneas), los breves y únicos fundamentos jurídicos de la resolución española fueron: “Concurren los requisitos legales y formales en la euroorden expedida por la Fiscalía de Maguncia, por dos delitos de sustracción de menores. (…) Se ha efectuado indicación de la identidad y nacionalidad de la reclamada, autoridad judicial que la expide, resolución de detención antecedente, naturaleza y tipificación del delito, relato de hechos y pena máxima a imponer y además las infracciones han sido encuadradas por la autoridad judicial alemana en la categoría del apartado 2 del art. 9 de la Ley. (…) es procedente la entrega a Alemania” (AAN/Sala de lo Penal/18-4-07). Más no dice la resolución española de entrega, ni falta que hace.

¿Han leído Vds., a pesar de que el delito no es de los 32 de entrega directísima, que el tribunal español pregunte o ponga en duda lo que le comunicaron desde Alemania? ¿Que se plantee si es verdad o no que la madre había sustraído los hijos al padre o que discuta en qué pruebas se basa el juzgado alemán? No, ¿verdad?

Es más: en cuanto al requisito de la doble incriminación —si lo sucedido es delito tanto en España como en Alemania—, basta leer incluso los procedimientos de extradición que se sustanciaban bajo la vigencia del Convenio Europeo de Extradición antes de instaurarse la euroorden, para ver que ya entonces simplemente se comprobaba si según el relato del país requirente había delito, pero jamás se ponía en duda dicho relato y menos se analizaban las pruebas para llegar a dicho relato, es decir, justo lo que excediéndose ha hecho el tribunal alemán, que hasta ha creído la versión de Puigdemont en contra de lo afirmado por el Tribunal Supremo.

La ‘entradilla’ que se repetía en dichos procesos de extradición daba buena cuenta de que los hechos, según se le relataban al tribunal español, no se discutían: “Fundamentos de derecho: los hechos así relatados constituyen delitos de encubrimiento, intento de estafa electrónica, (…) del Código Penal alemán; y se corresponden con los delitos de encubrimiento, tentativa de estafa (…) del Código Penal español. Concurren, por tanto, los requisitos de doble incriminación (…) El tribunal acuerda: acceder a la extradición de Alexander a Alemania” (AAN/Sala de lo Penal/27-11-06). Como vemos, nuestros tribunales se referían a los hechos “así relatados”, es decir, como Alemania se los relataba a España en sus peticiones, sin modificarlos. También justo lo contrario de lo que ha hecho el Tribunal de Schleswig-Holstein.

V. (Desiderátum) Defendiendo en una ocasión a un cliente frente a una extracción solicitada por EEUU, se tuvo oportunidad de estudiar el cuadro estadístico de reciprocidad: y resultó que en los últimos años EEUU había instado en España cerca de 160 extradiciones, y habíamos concedido todas menos un par de ellas; y bien al contrario, la estadística demostraba que España había solicitado durante esos mismos años a EEUU unas 25 extradiciones, de las cuales no nos habían concedido prácticamente ninguna —unas estaban pendientes 'sine die', otras habían sido denegadas, de otras nada se sabía, etc.—.

“Un vergonzante” —dije en el alegato final del juicio— “Bienvenido Mr. Marshall procesal-extradicional, incompatible con el principio de reciprocidad”. España recibía con alegría las extradiciones que pedía ese pueblo con poderío —EEUU—, y ellos pasaban, pasaban muy de largo de nuestras peticiones. El juicio se ganó y la extradición fue denegada a los EEUU en esa particular ocasión.

Sin duda que la Justicia alemana ha debido estar encantada de cómo se recibían con alegría en España sus euroórdenes en los últimos años: puro trámite, una confianza casi ciega. Y no decimos que eso fuese incorrecto, pero resulta que a lo que se ve no hay mutuo reconocimiento, ni reciprocidad. ¿Y entonces? Pues entonces esta realidad deja dos insatisfactorias alternativas: o bien España se replantea seguir cumplimentando de la forma vista las euroórdenes alemanas —casi con agasajo, entregando sin más—, y empezamos a realizar por cada petición su correspondiente pre-juicio, como el que Alemania ha hecho en el caso Puigdemont —solicitudes de información, valoración de los hechos y pruebas, dar pábulo a la declaración no contradicha del 'extraditurus', etc.—, lo cual sería justa reciprocidad con la Justicia alemana, pero a la vez el fin del sistema de la euroorden. O bien España continúa como hasta ahora, respetando los parámetros de la euroorden, pero entonces tendremos el relatado 'Bienvenido Mr. Marshall' extradicional en estado puro: España recibiría con papanatismo judicial las peticiones alemanas, mientras Alemania pasaría de largo de las españolas.

Con el fugado de nuevo en Bélgica, quizá ya solo quede que al menos en algún momento, al hilo de este u otro supuesto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ponga las cosas en su sitio y reproche lo sucedido —y lo que 'de facto' sigue sucediendo en Bélgica—, porque es intolerable. Y si eso no llega, hablar de 'Unión' Europea será una filfa.

Ha hecho muy bien el Tribunal Supremo rechazando la entrega sesgada que pretendía el tribunal alemán; el plan Marshall ya no pasó una vez por España.

Escrito por Javier Sánchez-Vera, doctor en Derecho por la Universidad de Bonn y catedrático acreditado de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. Oliva-Ayala Abogados SLP (OTRI). Miembro del Consejo Académico de Fide.

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