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¿Ha sido un error dejar en libertad al Mayor de los Mozos Jose Luis Trapero y a la intendente Teresa Laplana?

Trapero declara Audiencia Nacional

Para algunos agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, que han hablado con este diario, lo es, principalmente porque siendo el máximo responsable operativo de los Mozos de Escuadra no solo puede destruir pruebas, sino ordenar que se haga.

Es cierto sin embargo, y según nos explica nuestra colaboradora, Graciela Rodriguez, abogado, que la "La regla general es la libertad provisional, dado que la excepción a la regla, y que sólo puede adoptarse en los casos previstos en la Ley sería la prisión provisional". Es decir que dejar en libertad a Trapero es "lo normal" con cualquier investigado antes del juicio.

Según el artículo 502 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, apartado 2º. "La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional".

Según nuestra experta, en este caso "no sólo se atiende a la entidad de la pena que pudiera ser impuesta, sino a las circunstancias del investigado en este caso y el propio hecho en sí y la entidad de la pena (se tienen en cuenta por SSª todos y cada uno de esos elementos de forma cumulativa, no unos u otros a falta de los demás). En la práctica, y para este tipo de casos, la prisión provisional se suele acordar cuando se cree que el investigado puede huir". Evidentemente se habría entendido que no es el caso de Trapero.

Sin embargo el artículo 503, apartado 1º, 3- b, mantiene "que se puede decretar la prisión provisional para "Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto". Artículo que se podría haber aplicado para enviar a prisión provisional a Trapero.

En el apartado 2º, se dice que "También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los requisitos establecidos en los ordinales 1.º y 2.º del apartado anterior, para evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos", sería el caso de los "Jorges" enviados a prisión. Al parecer la Juez Lamela ha tenido la certeza de que Trapero no delinquiria mas, algo de lo que guardias civiles y policias nacionales discrepan.

Pero también han sido muchas las consultas sobre la posibilidad de que le pudiesea ser aplicado el regimen Disciplinario de los Mozos de Escuadra ya que el art. 68 de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad de Cataluña «Mozos de Escuadra», establece que es una falta muy grave: "a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto en el ejercicio de las funciones."

En este sentido, efectivamente se le podría incoar un expediente disciplinario, si bien, como ya existe una causa penal por los mismos hechos, en nuestro sistema rige la prevalencia o preferencia de la causa penal, por lo que o bien no se le incoa, o si se le incoa (que debiera), se suspendería sobre la marcha hasta que se resuelva la causa penal.

En este caso resulta dificil que, o bien desde la dirección de los Mozos, que mantiene el inculpado, o desde la propia Consejeria de Interior de la Generalidad, se le incoe un expediente disciplinario conociendo la deriva tanto del inculpado, como de los dirigentes politicos que mantienen el mando de los Mozos.

Otro caso sería si se aplicase el articulo 155 de nuestra Constitución, ya que entendemos que al tomar el control de la seguridad en Cataluña el Ministerio de Interior, debería precederse a la incoación de dicho expediente, aunque se suspenda hasta que se resuelva la causa penal.

Aunque es cierto y así nos lo hacen ver compañeros de los cuerpos de seguridad de ambito nacional, que es una incongruencia, el que sea totalmente imposible ingresar en el cuerpo de Mozos de Escuadra o en cualquier otro cuerpo policial, con un juicio pendiente, el pasaporte retirado y debiéndote presentar cada 15 días ante el juez, y mantener en su puesto a un imputado por sedición.

En este caso se da la paradoja de Trapero puede seguir al mando de una fuerza armada de 17.000 policías, armados, sin ninguna medida restrictiva y además cobrando sus más de 85.000 euros al año, ya que entre las medidas cautelares tomadas por la Audiencia Nacional no está la de inhabilitación ni la suspensión de empleo y sueldo.

Otra consecuencia de mantener la ibertad de Trapero, imputado por sedición, sería la relación de los Mozos con la Justicia, fuentes fiscales consideran que el hecho de que Trapero esté imputado por sedición y el ministerio público haya pedido para él la medida cautelar más gravosa, la prisión incondicional, no tiene por qué afectar a las relaciones de la Audiencia Nacional con los Mozos de Escuadra, pero lo cierto es que ya existen ciertas reticencias desde la Justicia en relación con los Mozos, que, como policía integral de Cataluña, llevan a cabo operaciones contra el terrorismo y el crimen organizado en esa comunidad. Además de la desconfianza de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil con los mozos de escuadra para futuras colaboraciones entre los cuerpos policiales de ámbito nacional con el cuerpo autonómico catalán.

Pero ¿a quien obedecerán los Mozos de Escuadra?, a un imputado pendiente de juicio, por un delito de sedición o a su juramento de respeto y defensa a la Constitución española y al Estatuto de Cataluña.

En este sentido una circular interna, al parecer remitida a principios de la semana pasada, anterior a la comparecencia como imputado de Trapero en la Audiencia Nacional, y dirigida a todos los mozos por la jefatura del Cuerpo, que mantiene el ahora imputado, de fuentes bien informadas del propio cuerpo de los Mozos, da una serie de instrucciones sobre lo que tienen que hacer los agentes de la policía catalana, de cara a la proclación unilateral de la independencia de Cataluña por parte del presidente Puigdemont.

Entre las instrucciones que figuran en esa circular interna dadas a los agentes de forma, reservada, figuran:

a).- Estar preparados y tener listos los uniformes todos los agentes, para poder ser movilizados en cualquier momento, dado que son muchos los efectivos que habitualmente realizan sus funciones de paisano

b).- Anulación de los permisos y vacaciones de todos los agentes dentro de lo posible;

c) .- Alta de aquellos agentes de baja médica por dolencias leves;

d).- Estar dispuestos y localizables en todo momentoaquellos agentes que no estén de servicio para incorporarse de inmediato a sus comisarias

Instrucciones que contrastan con las recibidas por estos mismos agentes para dar cumplimiento al mandato judicial de paralizar el referendum ilegal el pasado 1 de octubre, donde se permitió a agentes darse de baja, se concedió permiso a la mitad de los antidisturbios y a gran parte de efectivos de seguridad ciudadana, obliando a intervenir a unidades de Policia Nacional y Guardia Civil, en misiones de competencia exclusiva de Mozos de Escuadra.

Lo cierto es que existe la duda, de como actuarán los Mozos ante una eventual proclamación unilateral de independencia o ante la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución española, ya que existe una división real entre los agentes de la policia catalana, Trapero dispone además de listas negras de agentes no independentistas, que serían anulados de inmediato en caso de que desde la cúpula de interior se de la orden de contrarrestar la acción de Guardia Civil y Policía Nacional.

Este hecho sería conocido por el propio Ministerio de Interior, ya que ha quedado demostrado que la policía autonómica logró burlar vigilancias y crear una especie de agentes de contraespionaje radicalizados, «patas negras» dentro del Cuerpo de Mozos de Escuadra, que han tenido una relevancia especial en blindar las actuaciones de los dirigentes autonómicos en el referéndum, pero también en conocer por adelantado los pasos que daban las Fuerzas de Seguridad del Estado. Estos agentes son los encargados además de dar protección ante eventuales detenciones de lideres politicos de la Generalidad.

Estos «patas negras», agentes independentistas altamente radicalizados, lograron uno de sus principales objetivos, blindar una parte importante de la logística diseñada por el Gobierno catalán para llevar a cabo el referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero no fueron del todo eficaces, ya que al conocerse por los investigadores esa  supuesta vigilancia efectuada a la Guardia Civil, se evitó por parte de los guardias civiles encargados de las investigaciones, principalmente del Servicio de Policía Judicial dar a conocer estas detenciones a la cúpula de los Mozos, de ahí las declaraciones de Trapero ante la Audiencia Nacional culpando a los agentes de la Guardia Civil, de las agresiones que sufrieron al no haber avisado a los Mozos de que esas detenciones practicadas los dìas 20 y 21 pasados, se iban a llevar a cabo, ni de los registros a las sedes de las consejerias de la Generalidad catalana.

Como recuerda la Guardia Civil en sus escritos enviados a la Audiencia Nacional, los organizadores del referéndum ilegal del pasado día 1, así como parte de la policía autónoma catalana, han funcionado con los mismos métodos para evitar las actuaciones policiales que los grupos de delincuencia organizada. Sabiendo esto es fácil entender la inacción de los Mozos ante las entradas y registros, así como que no se diese cuenta a la policía catalana de las detenciones practicadas por la Guardia Civil, durante los días 20 y 21 y que dieron lugar al secuestro de la comitiva judicial, compuesta por la Letrada de la Administración de Justicia y guardias civiles pertenecientes a Policía Judicial, así como de los agentes del GRS que debían proteger a esta comitiva judicial durante mas de 20 horas en la Consejería de Economía de la Generalidad catalana y por los que han sido encausados por un delito de sedición el mayor de los Mozos Jose Luis Trapero, la intendente del cuerpo Teresa Laplana Cocera, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El hecho es que desde la Dirección de los Mozos, que bajo las órdenes directas de Trapero se "habían dado las instrucciones necesarias al personal bajo su cargo para aumentar la contravigilancia sobre las personas más expuestas", la Guardia Civil a la vista de este dato, ha concluido en sus informes que el jefe de los Mozos "está dando protección a las personas encargadas de la logística del referéndum".

Ante este eventual escenario donde los Mozos de Escuadra serían los encargados de mantener el orden público ante un brote de paros y movilizaciones, una de las primeras consecuencias que implicaría la aplicación del 155, además de la suspensión del autogobierno, sería la toma de control de la policía autonómica. Interior contempla ya el cese de los mandos de ese cuerpo, y que estas competencias pasases a ser realizadas por Guardia Civil y Policía Nacional atendiendo a sus propias competencias, apoyandose en caso necesario en los cerca de 7.000 mozos (un 41% del total) que se cree se mantendrían leales al ordenamiento constitucional, gran parte de esos agentes habrían pasado antes por las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas.

Estos se unirían a los cerca de 10.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil desplazados por Interior desde otras regiones, y con los 2.800 policías nacionales y los 1.900 guardias civiles que tienen destino permanente en la comunidad. Una cifra de efectivos que garantizarían el orden constitucional y la legalidad, muy por encima de los cerca de 8.000 agentes de Mossos, 2.000 de ellos altamente comprometidos con la independencia que se cree que darían cobertura y protegerían la supuesta independencia catalana. El resto de mozos de escuadra, unos 3000 son una incognita.

Antonio Mancera Cárdenas

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