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EL ABUSO DE AUTORIDAD – Análisis del art. 48 del Código Penal Militar

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Los delitos relativos al abuso de autoridad tipificados en nuestro Código Penal Militar (en adelante, CPM), y que han sido objeto de análisis en artículos precedentes, concluyen con el contenido del art. 48 del CPM.

Este artículo reza de la siguiente manera: “El superior que, respecto de un subordinado, realizare actos de acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional, le amenazare, coaccionare, injuriare o calumniare, atentare de modo grave contra su intimidad, dignidad personal o en el trabajo, o realizare actos que supongan discriminación grave por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, será castigado con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo.”

En este tipo del abuso de autoridad, sujeto activo del delito sigue siendo como en los supuestos anteriores el superior jerárquico (quien realiza la acción), y sujeto pasivo del delito y, por tanto, quien ve lesionado el bien jurídico protegido por la norma en su propia persona lo es el subordinado. La conducta típica consiste tanto en: realizar actos de acoso sexual y por razón de sexo, amenazar, coaccionar, injuriar o calumniar, atentar de modo grave contra su intimidad, dignidad personal o en el trabajo, como en realizar actos de discriminación de muy variada naturaleza, respecto de la persona del subordinado.

Sucede con el art. 48 del CPM, algo parecido a lo que sucede con el art. 47 del CPM analizado en un artículo anterior, en el sentido de que los actos de acoso sexual y por razón de sexo, y los actos de discriminación de las más variada naturaleza, constituyen novedad, como la constituyó la inclusión en el mencionado art. 47 de los actos de abuso y agresión sexuales de un superior jerárquico respecto de un subordinado. La solución que se dio en su día por los tribunales para condenar este tipo de actos cuando no se contaba en el CPM con un artículo como el 48 de la ley actual, consistió en subsumir los actos de acoso sexual y por razón de sexo en el contenido del antiguo art. 106 del CPM de 1985, que tipificaba como delito de abuso de autoridad tratar a un subordinado de manera inhumana o degradante. Así, en este sentido, nos encontramos con la sentencia de la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo nº 2170/2003, de 28 de marzo, en que se apuesta por la referida solución, fundamentándolo muy acertadamente la Sala en los siguientes términos:

"De conformidad con la doctrina de la Sala, que los tratos apreciados (…) tienen la condición de "degradantes" y suponen una acción vejatoria a las víctimas, afectando al derecho reconocido en el art. 15 de la Constitución Española cuando establece que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". El concepto de trato degradante viene del art. 3º del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de Noviembre de 1950, el cual, a su vez, tiene como antecedente el art. 5º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, y fue posteriormente recogido en el art. 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, todos ellos constitutivos de fuente del derecho español de acuerdo con el art. 10.2º CE, cuando se refiere a que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, toda vez que el Convenio de Roma fue ratificado en Instrumento de 26 de septiembre de 1979, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 13 de abril de 1977. Paralelamente, dichos textos fundamentales han de ser completados con la Convención de Nueva York de 10 de Diciembre de 1984, ratificada el 19 de octubre de 1987 y el Convenio Europeo de 26 de Noviembre de 1987 ratificado el 28 de abril de 1989, en relación a la prevención de la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes.

A efectos de la inclusión de las conductas citadas en la citada normativa descrita hay que acudir a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al interpretar el art. 3º del Convenio de Roma (SSTEDH de 18.01.78 y 25.04.78, 25.02.82; 28.05.85; 27.08.92; 9.12.94; 28.11.96 y 10.05.01) resoluciones todas ellas en las que el TEDH perfila el concepto de "trato degradante" en los supuestos de afectación de la dignidad, en la existencia de humillación ocasionada por la conducta que los origina y en los efectos psicológicos desfavorables para la víctima; describiendo que los malos tratos "han de revestir un mínimo de gravedad", significando que "la apreciación de ese mínimo es cuestión relativa por su propia naturaleza, que depende del conjunto de los datos del caso, y especialmente de la duración de los malos tratos y de sus efectos físicos o mentales y, a veces, del sexo, de la edad, del estado de salud de la víctima, etc., debiendo analizarse también el hecho de que los tratos degradantes creen en las víctimas "sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar en su caso su resistencia física o moral". Esta jurisprudencia europea ha sido luego ratificada por el Tribunal Constitucional (SS de 29.01.82; 11.04.85 y 27.06.90 y por esta Sala de lo Militar en numerosas Sentencias 30.10.90; 14.09.92; 23.3.93; 12.4.94; 29.04.97; 25.11.98 y 20.12.99, entre otras), haciendo siempre hincapié en que la humillación o degradación del superior y el desprecio al valor fundamental de la dignidad humana han de ser valorados para la configuración del tipo delictivo del art. 106 CPM en su modalidad de trato degradante.

La definición de dicho trato en el ámbito militar tiene que incluir cualquier atentado a la dignidad de la persona que lesione su integridad moral de forma grave para que, objetivamente, pueda generar sentimientos de humillación y vejación, debiendo tenerse especialmente en cuenta el contenido del art. 171 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas aprobadas por Ley 85/1978 que, en su artículo 171, reconoce la protección y el deber de respeto y el derecho a exigir "la dignidad y los derechos inviolables de la persona" , estableciendo que "ningún miembro de los Ejércitos podrá hacer objeto a los demás, ni sufrir él mismo maltrato de palabra u obra ni cualquier otra vejación o humillación indebida de sus derechos". Proyectando la citada doctrina genérica y abstracta sobre la dignidad y el trato degradante en relación con el derecho a la libertad sexual, ha de constatarse que ésta última, conforme a constante jurisprudencia, ha de entenderse como "un bien eminentemente personal" y que queda afectado cuando se violenta la libertad de la mujer agredida con cualquier tipo de ofensa de tal carácter y, en el marco del delito de abuso de autoridad, cuando la conducta esté realizada por un superior respecto a quién le está subordinada jerárquicamente lo que constituye la razón del prevalimiento, que es el requisito inserto en la norma para la determinación de la concurrencia de los elementos del delito.”

Asimismo, la sentencia aludida conceptúa lo que debemos entender por trato degradante, siendo este el que: “incluye situaciones en que la víctima sienta sentimientos de humillación y vea perturbada su estabilidad física o psíquica, quedando patente la absoluta oposición de la misma a los deseos o intenciones de quién perturba su libertad sexual, prevaliéndose de su jerarquía y haciendo un uso totalmente reprobable de la potestad de mando, afectando a la integridad moral del sujeto pasivo, que son encuadrables en lo que en el lenguaje técnico jurídico se viene configurando con la expresión "acoso sexual".

Igualmente precisa la sentencia. “Queremos precisar que en el ámbito del Código castrense el abuso de autoridad del art. 106 incluye estas conductas como indiscutiblemente caracterizables como trato degradante de forma inequívoca conforme a la doctrina de la Sala antes referenciada, delito éste que por su naturaleza pluriofensiva integra el quebrantamiento de la disciplina y de los deberes del mando, además de la actuación sobre los sujetos pasivos con las consecuencias de vulneración de sus derechos fundamentales, en este caso plasmada en una serie de actos y actitudes especialmente caracterizables conforme a la descripción del "acoso sexual", prevista en el art. 184 del Código Penal”.

A la fecha de la publicación del presente artículo, no se cuenta aún con ninguna sentencia de la Sala 5ª Tribunal Supremo en que se resuelva aún sobre las conductas delictivas tipificadas en el art. 48 de nuestro actual CPM, en que el juzgador razone conforme a su detallado contenido, sin necesidad de recurrir a paralelismos con el contenido del art. 106 del antiguo CPM. Sin embargo, la opción de nuestros tribunales por esta última y acertada solución, de subsumir en su día los delitos de acoso sexual y por razón de sexo en el art. 106 del antiguo CPM en tanto que constituyen al fin y al cabo, un trato degradante o inhumano al subordinado, ha permitido condenar a superiores jerárquicos por la comisión de los actos de acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de la jurisdicción militar. Sin embargo, a la fecha de la publicación del presente artículo, aún no se cuenta con jurisprudencia de la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo que se haya pronunciado o haya enjuiciado hechos delictivos incardinables en el actual art. 48.

Posiblemente, al tiempo de la publicación del presente escrito, los magistrados de la Sala Quinta a la que me refiero, se encuentren deliberando en relación a recursos planteados en esta materia, no siendo muy aventurada en pronosticar, que los fundamentos jurídicos de sus futuras sentencias seguirán en la línea de considerar los actos de acoso sexual o por razón de sexo como tratos inhumanos o degradantes, pues evidentemente lo fueron, lo son y lo seguirán siendo.

GRACIELA RODRIGUEZ

Abogado, Col. nº 818, ICA Santa Cruz de La Palma

https://gracielarodriguezblog.wordpress.com/

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