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PARAR EL GOLPE DE LOS TRAIDORES

santiago abascal 2015 cropped

Imaginemos que una fuerza armada tomase el Congreso de los Diputados y la televisión pública y declarase abolida la Constitución Española. ¿Qué haría el Gobierno legítimo de la Nación?¿impugnar la acción de los rebeldes ante el Tribunal Constitucional?¿Formularía una denuncia ante la jurisdicción ordinaria a la espera de que la justicia dictase sentencia?

Un gobierno cabal, decente y consciente de su misión seguramente no haría nada de eso, sino que, simplemente, ordenaría a los rebeldes deponer las armas y, en caso de no recibir respuesta, utilizaría a las Fuerzas Armadas para reducir a los golpistas. Y a nadie le parecería mal, puesto que la primera obligación de un gobernante es proteger el orden constitucional y la unidad de la Patria.

Sin embargo desde hace cinco interminables años, los españoles observamos perplejos como el Gobierno de la Nación consiente que en Cataluña se viole la Constitución todos los días, y se perpetre un golpe de Estado a cámara lenta.  Perplejos y atónitos porque la única respuesta de nuestro Gobierno ha sido impugnar los actos de los golpistas ante el Tribunal Constitucional.

Y es que Mariano Rajoy y su desastrosa Soraya Saenz de Santamaría, actúan como leguleyos en lugar de como gobernantes, y han decidido tratar el desafío separatista como un asunto meramente jurídico. Así, las convocatorias de consultas ilegales y otros actos separatistas, cuyo objetivo es romper la unidad de nuestra Patria reciben el mismo tratamiento que un conflicto de competencias administrativas.

Es asombroso que dos juristas como Rajoy y Soraya, nada más y nada menos que un Registrador de la Propiedad y una Abogado del Estado, no se den cuenta de la inutilidad de esa estrategia que no ha detenido ni por un segundo el avance del golpe de Estado.

Desgraciadamente nuestro Código Penal presenta debilidades importantes según muchos juristas para combatir el intento separatista de destruir España. No obstante  existen tipos penales suficientes que ya permitirían tener encerrados a Mas, Puigdemont, Junqueras y compañía.

Aún así, es denunciable que a pesar de que el golpe se viene fraguando desde hace cinco años, y durante gran parte de ese tiempo Mariano Rajoy ha dispuesto de mayoría absoluta en ambas cámaras, el Código Penal no ha sido reforzado para parar a los golpistas. Así, la falta de iniciativa de un presidente pasmado es la causa de que la única protección penal sea la que data del código de 1995 y no se haya recuperado el tipo penal de Aznar, más directo y concreto, que penalizaba directamente con cárcel la convocatoria de refrendos ilegales.

La responsabilidad institucional, de Gobierno y jueces, es gigantesca. Lo hemos visto con Artur Más, cuya ridícula condena, impuesta dos años después de perpetrar  la consulta ilegal del 9 de noviembre ha sido poco más de un año de inhabilitación. Inhabilitación que no le impide, por otra parte, cobrar su jugosa pensión de ex presidente.

Rajoy no puede seguir  escondido tras los tribunales. Por eso, si el presidente Rajoy quiere evitar el referéndum ilegal, -y debe hacerlo-, no tiene otra salida que intervenir la autonomía catalana invocando el artículo 155 de la Constitución. De esta forma podrá dar instrucciones directamente a la administración catalana y a la policía autonómica para detener la mascarada sediciosa del referéndum.  Y puede hacerlo porque para ello solo se necesita mayoría absoluta en el senado. No hay excusa y la unidad de la Patria lo exige.

El problema es que para Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría hacer cumplir la constitución en Cataluña es un acto de provocación. Por eso  mismo no han tenido el valor de elevar el nivel de alerta antiterrorista y desplegar el ejército en toda España. Y por otra parte, los partidos que tendrían que ser leales a España en estos momentos, Ciudadanos y PSOE no apoyarían al gobierno en la aplicación del artículo 155. El primero porque  aspira a los votos catalanistas de  Convergencia. Y el  segundo, porque su líder, Pedro Sánchez, está obsesionado con hacer a su señora primera dama y está dispuesto a apoyarse en los diputados de los partidos separatistas.

Se acabó el tiempo. Si Rajoy no se mueve y no aplica el art.155 (hay quien dice que una solución podría ser también la Ley de Seguridad Nacional), el 1 de octubre habrá referéndum y cuarenta y ocho horas después declaración de independencia.

El Gobierno tiene que recuperar el Poder efectivo en toda España, y demostrar a los catalanes leales que no les ha abandonado a los pies de los separatistas. Actuando con serenidad, sí, pero también con firmeza, el Gobierno debe conseguir que muchos de los que apoyan la causa separatista, se den cuenta de que es una vía que no lleva a ninguna parte.

Una vez que el Gobierno recuperase el control de la situación, sería el momento de comenzar a recuperar a los catalanes para la causa nacional restaurando los afectos dañados por el odio separador durante tres décadas. Para ello hay que retornas al Estado competencias esenciales, como la seguridad y la educación, que han sido utilizadas para sembrar la discordia en el corazón de los catalanes. No  será fácil pero gobernar es ejercer el poder. No esconderse bajo las togas de los jueces ni bajo las faldas de la Merkel, que no tiene ni la misión ni la obligación -ni el deseo-  de salvar España.

Si el Gobierno se obstina en mantener la cabeza bajo tierra y no detiene el avance de los golpistas, la posibilidad de perder una parte entrañable de España será más que real, por dejación de Rajoy, que además habrá llevado a millones de españoles a la tesitura de demostrar la lealtad a su juramento, y a las puertas de una contienda civil.

Santiago Abascal
Presidente de VOX

Blog: generaldavila.com

 

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