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Valor probatorio del parte disciplinario

graciela

En el procedimiento disciplinario vigente, regulado en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre de régimen disciplinario de la Guardia Civil, se establece que éste se iniciará siempre de oficio por el órgano competente. Pues bien, uno de sus impulsos al margen de los demás citados en el art. 39 del mismo cuerpo legal, lo constituye el parte disciplinario.

De acuerdo con el art. 40 de la ley, se erige en instrumento a través del cual todo componente de la Guardia Civil que observe hechos que pudiesen ser constitutivos de faltas imputables a miembros de mismo, superior o inferior empleo debe formularlo al órgano competente, además de informar a su superior inmediato, salvo que éste fuese el presunto infractor.

El apartado segundo del mencionado artículo se dedica a describir el contenido del parte disciplinario, debiendo consistir en un relato corto de los hechos y sus circunstancias, que incluya la identidad del presunto infractor, así como de los testigos, expresando claramente la identidad de quien da el parte y los datos necesarios para ser localizado.

Finaliza el artículo afirmando que la autoridad o mando competente que reciba un parte acusará recibo de inmediato, informando a su promotor de la incoación o no de procedimiento disciplinario.

Por último, quien ha formulado el parte será notificado al igual que el interesado de la resolución final del procedimiento, con indicación de los recursos que procedan, así como del órgano ante el que han de presentarse, y los plazos para interponerlos.

Por otra parte, quien se ha visto incurso en circunstancias como las descritas (expedientado), goza del derecho fundamental a la presunción de inocencia, derecho de marcado reconocimiento y recogido en nuestro ordenamiento jurídico en el art. 24.2 de la Constitución española. En el ámbito del recurso contencioso – administrativo, cuando tras la resolución que pone fin al procedimiento disciplinario, el interesado disconforme solicita a través de la interposición del recurso contencioso – disciplinario militar, la tutela de los tribunales, debemos plantearnos cuál es el alcance que arroja el parte disciplinario en tanto que modo probatorio, y concretamente si puede llegar a enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en qué circunstancias y qué requisitos se exigen para ello.

Así las cosas, es particularmente ilustradora la Sentencia de la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo nº 1947/2016, de fecha 10 de mayo, donde se recoge extensamente el parecer del Alto Tribunal sobre el alcance que puede llegar a tener el parte disciplinario, con el que como veíamos puede dar comienzo el expediente sancionador, y que ya en el marco del proceso contencioso, sigue desplegando sus efectos.

Estos son los puntos en que puede resumirse el parecer de la jurisprudencia sobre el tema aquí tratado:

1º. A cerca de lo que hemos de entender por parte disciplinario, la jurisprudencia nos ofrece el concepto que el legislador omite en la ley correspondiente: “dación de cuenta, verbal o escrita, según la urgencia, mediante la cual se pone en conocimiento de un superior la existencia y características de un hecho que, en principio, puede tener trascendencia en el ámbito castrense”.

2º. Se reconoce el valor administrativo del parte, en tanto que representa el cumplimiento del deber de información al mando, sin embargo procesalmente, no tiene otro valor que el de mera denuncia, constituyendo un principio de prueba de unos hechos que en caso de ser discutida o negada su existencia, precisará de una comprobación o corroboración de su contenido para que tenga el parte total eficacia probatoria.

2º. El parte militar es presunción iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario que puede desvirtuarse por otras pruebas que contradigan su contenido o provoquen incertidumbre sobre su veracidad al deberse a motivos espurios. En particular, la prueba de la existencia de una previa animadversión del mando que

lo suscribe. Para valorar la credibilidad del parte, habrá que estar a la no concurrencia de animadversión por parte del mando.

3º. El parte disciplinario es presunción iuris tantum, pero no de veracidad. Además, no tiene prevalencia sobre cualquier otro medio de prueba.

4º. El valor probatorio ha de entenderse referido a los datos objetivos que en él se contienen y no a las apreciaciones subjetivas que el mando haya realizado. En este sentido, el parte disciplinario puede por sí solo tener valor probatorio para enervar la presunción de inocencia cuando el testimonio recogido en él arroje suficientes garantías de credibilidad y verosimilitud.

6º. Es susceptible de ser valorado como prueba desvirtuadora de la presunción de inocencia de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia, es decir, siempre que su contenido no entre en contradicción con otras pruebas que deban considerarse de descargo. Es apto para desvirtuar la presunción de inocencia pero siempre y cuando se le someta, como cualquier otro medio probatorio, a un análisis crítico de su fiabilidad.

6º. El análisis del parte es imprescindible para concluir si merece o no ser atendido, indistintamente de cuál sea el empleo del militar que lo haya emitido. Cualquiera que sea el empleo del militar que lo haya emitido, el análisis es imprescindible para concluir si merece ser atendido, pues la versión que contiene puede no reflejar fielmente lo sucedido, bien por una defectuosa percepción de ello, bien por una mala conservación de lo percibido en la memoria, bien por una desajustada exposición, intencionada o no, de lo percibido y recordado.

7º. Constituirá prueba de cargo para destruir la presunción de inocencia si cumple los requisitos de verosimilitud, persistencia en la incriminación y, sobre todo, ausencia de circunstancias que hagan dudar razonablemente de la veracidad del mismo, decayendo sin embargo, su valor probatorio si la certeza de su contenido ofrece dudas razonables en atención a las otras pruebas existentes.

8º. Por último, cuando el parte es emitido por el supuesto sujeto pasivo de la acción (o por el autor de una supuesta orden desobedecida, por ejemplo) conviene extremar el rigor en el análisis mediante la valoración de elementos probatorios periféricos por cuanto pueden corroborar o no el contenido del parte.

En resumen, el parte disciplinario es otra prueba más, que si bien en la vía administrativa puede dar comienzo a nuestro expediente disciplinario, en el ejercicio de la tutela por parte de los tribunales, será valorado por estos como una prueba más. En este sentido, no debe infundirnos el parte disciplinario un temor injustificable como si se tratase de una verdad absoluta, que nos haga perder la oportunidad de valernos de otros medios de prueba (de entre los admitidos en Derecho) si disponemos de ellos, que llegado el caso, incluso puedan llegar a desvirtuar lo manifestado en el parte.

Graciela Rodríguez Pérez - Abogado

https://gracielarodriguezblog.wordpress.com/

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