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LA JUSTICIA Y EL ESTADO HAN ABANDONADO A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO

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En algunos casos son las víctimas las que tienen que investigar sus propios atentados, o los atentados que costaron la vida a los suyos, en otros se reclama a las víctimas por los errores y negligencias cometidos por el Estado o la Justicia a la hora de perseguir y encarcelar a los asesinos. Todo esto causa la impresión de abandono de las víctimas del terrorismo.

Desde la Vía Nanclares, hasta las últimas decisiones judiciales, pasando por la rápida derogación de la Doctrina Parot, desde la excarcelación de asesinos que nunca se arrepintieron, unos por decisión judicial tras las normas emitidas por una comisión de la Unión europea que no eran de obligado cumplimiento para el Estado, hasta la excarcelación de asesinos por enfermedad grave que unas veces no lo eran tanto y que otras veces sirvieron para facilitar la fuga del asesino, el Estado y la judicatura han dejado solas a las víctimas, acrecentando su dolor.

Es un hecho que ETA está herida de muerte y que si los políticos no lo impiden, tanto Guardia Civil, como Policía Nacional lograrán acabar con ella, como siempre se debe acabar con los terroristas, mediante la detención y puesta a disposición judicial de todos y cada uno de ellos, también es cierto que la propia organización asesina ha logrado meter en las instituciones a parte de sus individuos, o al menos a políticos de su entorno con el firme propósito y contando con la ayuda de partidos políticos supuestamente democráticos de que la macabra historia de muerte y sangre de la banda terrorista se olvide o se blanquee.

Y en ese plan, ideado desde un Gobierno pasado que se inventó una hoja de ruta para ETA, y desde un Gobierno aún en activo, aunque en funciones que, no solo no abandonó esa vía, que además de dar facilidades a los asesinos para salir de prisión, abría a un más las heridas de las víctimas, y permitía que estas se alejasen de quien hasta ese momento había sido la voz y el apoyo de éstas en el Congreso contra los intentos de manipulación de los proetarras, sino que permitió que los propios asesinos consiguiesen beneficios penitenciarios a los terroristas y que en ningún país civilizado se hubiesen permitido nunca, y que además no se permiten a presos comunes, como la puesta en libertad para seguir un tratamiento médico que puede llevarse desde la propia prisión, o la aplicación de manera urgente y con bastantes prisas de la derogación de la Docrina Parot, tras una norma emitida por la Unión europea que como ya hemos mencionado no era de obligado cumplimiento por parte del Estado.

Hay mas gestos que nos llevan a asegurar que tanto el Estado como la Justicia han abandonado a las víctimas del terrorismo y principalmente a las víctimas de ETA, hace unos días conocíamos la noticia de que la Abogacía del Estado reclamaba 6.000 euros a la familia de una víctima de ETA y de un error judicial, se trataba de la familia de Jesús Velasco Zuazola, militar al que la banda terrorista asesinó en 1980 y que una serie de graves negligencias judiciales condujeron a la impunidad de dos de los autores de aquel crimen, uno de ellos a pesar de que existía un escrito de acusación de la propia Fiscalía contra uno de los autores del asesinato de Velasco, Ignacio Aracama, en el que el fiscal sostenía que "Fanecas", alias de Lorenzo Ayestarán, y "Pana" habían decidido asesinar a Velasco, en ese escrito el propio Ministerio Público llegó a decir que fue "Fanecas" quien remató al comandante introduciendo la pistola por uno de los agujeros que habían quedado en el parabrisas y volvió a disparar.

Una negligencia del propio estado español que hizo en su momento, que los asesinos de Velasco quedasen impunes, además este crimen en concreto, es uno de los más de trescientos crímenes de ETA aún sin resolver, en este caso, a pesar de conocerse a los autores que nunca fueron puestos ante la Justicia para esclarecer el atentado, por una negligencia del Estado y su abogacía.

No es el único caso, Miguel Ángel Madariaga, Comandante retirado de la Guardia Civil, lucha en solitario contra el Estado y la Justicia para esclarecer el atentado que le dejó secuelas tan graves que le obligaron a abandonar el servicio activo y que le costó la vida a su compañero, el guardia civil José Díez Pérez, el día 3 de febrero de 1979.

Este atentado fue cometido por el comando Adarra de ETA; el propio Madariaga ha venido aportando pruebas a Fiscalía y Audiencia Nacional de la implicación del mencionado comando en su atentado y en otros cuatro atentados más cometidos por los integrantes del citado comando y que con las pruebas aportadas no solo no habrían prescrito, sino que hubieran resuelto algunos de los asesinatos de ETA sin resolver.

El problema según el propio Comandante Madariaga nos comenta, es tan solo político, uno de los integrantes del Comando Adarra, y autor del atentado que causó las heridas, lesiones y secuelas de Madariaga y se cobró la vida del guardia civil José Díaz Pérez, Pedro José Pikabea Ugalde, está acogido a la Vía Nanclares para obtener beneficios penales. Dice Miguel Ángel Madariaga que “mi caso y el de los atentados cometidos por el Comando Adarra, no serían supuestas irregularidades de la Administración de Justicia, se trataría simplemente de un proceso político, iniciado en 2006 con la relajación de la justicia por las negociaciones con ETA, y por ser el propio Pikabea un referente de la Vía Nanclares”.

Asegura que "La Vía Nanclares es un fraude, aunque el etarra reconozca delitos no se investigan", y denuncia la falta de apoyo de las Instituciones para esclarecer atentados terroristas: "Me ha hecho más daño la Justicia que la propia ETA". Tiene claro además que lo único que había hecho Pikabea al acogerse a la Vía Nanclares era “ beneficiarse del sistema a cambio de nada”.

El Comandante Madariaga ha llegado a reunirse incluso con el asesino en la prisión de Zaballa, donde actualmente Pikabea cumple condena; a pesar de que una de las directrices para acogerse a la Vía Nanclares es la de colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los más de trescientos asesinatos de ETA aún sin resolver, Pikabea no ha colaborado en ningún caso, ni para resolver los atentados del comando Adarra al que pertenecía y con el que habría cometido varios atentados y asesinatos, ni para resolver muchos otros de los que como integrante de ETA conocería.

Pikabea tan solo reconocería, a instancias precisamente de Miguel Ángel Madariaga y tras la entrevista que mantuvieron víctima y verdugo, el atentado que el comando Adarra llevó a cabo el 7 de octubre de 1980, y donde ETA mató a Carlos García Fernández en su estanco de Eibar tras varios años de amenazas, aunque se da la circunstancia de que cuando el asesino confesó ser él el autor material del asesinato, este ya había prescrito, con lo que su confesión quedó sin castigo.

Madariaga, se reunió durante una hora con el etarra tras recibir el visto bueno de Instituciones Penitenciarias. Su objetivo era lograr que Pikabea le proporcionara información de hasta 27 asesinatos sin resolver y reconociera su participación en el atentado del que él mismo fue víctima y que se cometió contra la casa cuartel de Andoáin, y en el que murió su compañero José Díaz Pérez, manifiesta que «intentó hacer lo que la Justicia no ha hecho, preguntarle».

Se siente abandonado por la justicia, "Mi entrevista con Pikabea no ha sido usada por la fiscalía". La entrevista se grabó, tal y como ordena el reglamento de Instituciones Penitenciarias. Miguel Ángel entonces salió contento de aquella entrevista, había reunido una gran cantidad de información, suficiente para que el etarra perdiera cualquier beneficio penitenciario. Supuso que la Fiscalía actuaría de oficio pero se equivocó, en virtud a un decreto del Consejo de Ministros se declaró como secreta su entrevista y no se investigó más allá, según denuncia la propia víctima.

"Instituciones Penitenciarias no ha permitido que la Guardia Civil interrogue a Pikabea, pese a la recomendación de la Audiencia Nacional. El Ministerio de Justicia, por su parte, ha puesto las trabas constantes a que se sepa la verdad de mi atentado, he tenido que hacer yo la investigación, aportar las pruebas y entrevistarme en la cárcel con el etarra, para hacerle las preguntas que correspondía hacer a la fiscal y al juez”, explica.

A Madariaga el caso que le llevó originalmente a Zaballa era el suyo, aunque recabó información de mas asesinatos cometidos tanto por el comando Adarra, al que pertenecía Pikabea, como por otros comandos de ETA. Lleva años luchando para que su atentado no quede impune y que se haga justicia. Tras dos archivos previos, en 2012 logró reabrir la causa tirando de un arma empleada en varios atentados en la misma zona y en el mismo plazo que vincularía a los miembros del comando Adarra. La Audiencia Nacional interrogó a Pikabea y a otros dos asesinos; no reconocieron nada y no se les preguntó ni se investigó nada más. Pikabea dijo entonces que no le parecía razonable que se le obligara a mirar atrás cuando ahora es una persona «completamente distinta al joven idealista que cogió las armas». Al Estado y a la Justicia al parecer tampoco, por ser el asesino un referente de la mencionada Vía Nanclares.

El caso de Madariaga fue archivado entonces por falta de indicios. Prescribe en 2033 y Madariaga desea y lucha, en soledad contra la Administración, el Estado y la propia Justicia, para que la Fiscalía lo retome después de que Pikabea «reconociese que formaba parte del comando Adarra»; y que se encargaba de «suministrar armas a otros comandos».

Antonio Mancera Cárdenas

Benemérita al Día

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