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PRONUNCIAMIENTO

Mas-ante-TSJC

En un sentido estricto el vocablo "pronunciamiento" se  aplicaría bien al ámbito jurisdiccional, en forma de declaraciones, sentencias o mandatos de un juez o tribunal, o bien al militar como iniciador de un proceso de quebrantamiento de la legalidad constitucional. No deja de ser curioso que en 2015 haya que hablar en presente de un fenómeno que, aunque típicamente español y del mundo hispanoparlante, parecía “demodé”; algo de los siglos pasados.

Fueron pronunciamientos, entre tantos otros, el de Riego en 1820; el de Prim y Serrano en septiembre de 1868; o la “sanjurjada” en agosto de 1932. También lo fue el de Barcelona, la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923, cuando el Capitán General de Cataluña, don Miguel Primo de Rivera, proclamó el estado de guerra y publicó su “Manifiesto al País y al Ejército”.

Un nuevo pronunciamiento en la Ciudad Condal, por tanto, no sería algo nuevo. Y se ha vuelto a producir, el pasado jueves 15 de octubre (aniversario del ajusticiamiento de Companys en Barcelona), a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Lo inédito del caso es que no haya sido un pronunciamiento militar, porque las FAS vienen manteniendo, como debe ser, un exquisito respeto por la ley y el gobierno constitucional, más allá de lo que a cada uno de sus miembros pudiera sugerirle su corazón. Por el contrario, ha sido un pronunciamiento civil. Así podrían valorarse los actos planeados, organizados y desarrollados por el gobierno catalán en pleno, con la comparsa de muchos alcaldes catalanes, bastones en ristre por cierto, a las puertas de dicho tribunal. Comparecía el presidente de la Generalidad, don Artur Mas, imputado por su participación en los actos de convocatoria, organización y celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional (TC). Con un enorme estruendo de fondo de un nutrido, enfervorecido y vociferante coro de independentistas, el acto sería un intento público del poder ejecutivo catalán de intimidar a los jueces y de coaccionar la independencia del poder judicial. Ha supuesto posiblemente un sedicioso acto de rebeldía y un grave atentado contra el más primigenio fundamento del estado democrático y de derecho: el imperio de la ley. Con el agravante de haberse realizado por quienes han jurado o prometido guardar y hacer guardar la ley. Pienso que solamente por este acto contra la independencia judicial, los cargos públicos participantes se han inhabilitado moralmente para ejercer aquéllos. Porque sin estado de derecho no hay democracia posible. 

Estamos ante un pronunciamiento necesariamente atípico, porque al organizarse y ejecutarse por civiles obedece, en el tiempo, a unas pautas distintas a las que hubiera tenido un golpe militar. La praxis política y la militar obedecen a principios distintos. La lógica de las operaciones o actuaciones militares se basa principalmente en el principio de la eficacia: alcanzar los objetivos de la manera más plena y rápida posibles. En cambio, la lógica de la política está gobernada por el principio de economía: lograr los objetivos al menor coste político y de imagen y, por tanto, a plazo flexible. Ni nos engañemos ni dejemos que nos engañen con la aparente tranquilidad ahora reinante en Barcelona. No permitamos que nos distraigan ni con la sañuda pre-campaña electoral para el 20D, ni con los líos partidarios internos, ni con los oportunistas fichajes estrella para la confección de las respectivas listas electorales. Los partidos políticos españoles, cuando se ponen a la caza del voto, pasan a segundo plano todo lo demás. Y así nos va. 

No obstante, nosotros no debemos perder de vista lo fundamental, como ha sido, por ejemplo, lo sucedido hace tres días ante el TSJC. La finalidad que subyace bajo el pronunciamiento del gobierno autonómico catalán ese 15 de octubre de 2015 —fecha que queda para la Historia—, no es otra que desencadenar, ya sin tapujos y al margen de la legalidad vigente, el proceso de quebrantamiento de la unidad de España. En otros términos, ha sido el pistoletazo de salida de un periodo revolucionario. Suena muy fuerte, pero yo así lo percibo. En adelante no puede hablarse, en potencial, del choque de trenes. Los trenes ya han chocado hace tres días en la escalinata de acceso al TSJC. Por eso, no es de recibo que el Gobierno trate de aparentar que nada grave ha pasado, y siga con su mera estrategia de reñir a don Artur. Tampoco lo es que el Kerenski catalán y sus palmeros pretendan encubrir el cataclismo que quieren provocar, acomodando los objetivos de su hoja de ruta al tiempo más favorable para sus fines. Es precisamente en clave revolucionaria como cobra pleno sentido el último desafío al estado de derecho del señor Mas, al afirmar que si el alto tribunal catalán le inhabilitase, “lo aceptará o no dependiendo del momento político en el que estemos y de la situación jurídica del país”. Don Artur acaba de inventar la legalidad a la carta. Es todo un demócrata...

Frente a la rebeldía y la sedición no sirven los paños calientes. Aunque no haya que caer en la respuesta destemplada o inoportuna frente a la provocación, tampoco hay que mirar al tendido sin responderla adecuadamente, especialmente cuando ésta sirve de palanca para impulsar pasito a pasito un atípico proceso revolucionario de ruptura de la Nación. No hay violencia física en la calle, de momento. Pero no es descartable que en algún momento salte la chispa, al hacerse cada vez más palpable la fractura social que el aventurerismo de Mas y sus compañeros de viaje han producido en Cataluña. Eso es algo con lo que hay que contar como hipótesis tanto probable como peligrosa, y para la que el estado debería estar preparado para atajarla. El Gobierno constitucional debería recuperar la libertad de acción necesaria para su función principal: gobernar España. Lo que incluye, obviamente, a Cataluña. Ni la Nación ni el estado pueden ver prolongada indefinidamente la situación de tensión política y descrédito institucional que sufrimos, y que va corroyendo paulatinamente los cimientos de la convivencia en paz de los españoles. 

Para abortar tan frustrante y peligroso proceso como el que sufrimos los españoles en Cataluña, el estado tiene dos caminos en el horizonte. Uno es pactar. El otro es prevalecer. En la primera vereda, afloran inmediatamente múltiples preguntas (que ofrezco al lector para el debate): ¿pactar qué? ¿quién? ¿con quién? ¿cuándo? Es un camino “en diferido” (como diría "doña Cospe"). Peligroso camino porque recorrerlo demandaría —“conditio sine qua non”— asegurar una lealtad institucional de la parte independentista, que no es uniforme, aviniéndose a congelar “su” proceso hasta llegar a un pacto que pasaría por la reforma constitucional. Lealtad que, seamos sinceros, ha brillado por su ausencia hasta ahora. Y ¿quiénes encabezarían las partes? ¿Podrían ser don Mariano y don Artur? Dudoso. Aparte de que ambos están ya más quemados que el carbón vegetal, habría que esperar a ver cómo se resuelve la formación del nuevo gobierno catalán, así como quién será el presidente del Gobierno tras las generales de diciembre. El cuándo, desde esta perspectiva, tendría ya así una primera respuesta: después de las correspondientes investiduras, lo que nos llevaría como mínimo, para empezar,  a febrero de 2016. En todo caso, ese pacto para la reforma constitucional demandaría una común y dificilísima voluntad de pacto de la mayoría de los partidos, tanto los independentistas como los que no lo son. 

El otro camino, el de prevalecer, tampoco es de rosas. Indudablemente, la prevalencia y la exigencia del cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes es la senda más ortodoxa. Difícil de recorrer ahora mismo a dos meses de las elecciones generales y, por tanto, con un Gobierno en el umbral de su más natural debilidad: el estatus de “gobierno en funciones”. Las malas noticias nunca vienen solas. Pero de cualquier forma por esta vía el estado debería estar también preparado y dispuesto para recurrir, con firmeza y de una vez por todas, al arsenal de remedios que la Constitución pone a su disposición para estos casos. Desde su artículo 1 al 155 y siguientes. Caiga quien caiga.

Entregarse a la suerte de que no pase nada no es ahora una opción. Si no se actúa, el problema español en Cataluña empeorará. Cuando está claro tras el 27S que los no independentistas son mayoría en Cataluña, el pronunciamiento civil de Barcelona, del 15 de octubre, debe ser firme y adecuadamente enfrentado. No me importa repetirme un vez más: una Cataluña independiente de España es inconcebible, ni por las buenas ni mucho menos por las malas. España sin Cataluña ya no sería España. Y antes de que hipotéticamente España se evaporase, en Barcelona seguramente se oirían otras voces, se percibirían otros ruidos y aparecerían otros bastones. Un indeseable drama. Vaya, no sé si me explico.

El Blog de Pedro Pitarch

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