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Acertado freno a la Policía catalana

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Uno de los puntos centrales de la reciente cumbre de la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial se centró en la necesidad de limitar la actuación de los Mossos d'Esquadra fuera de Cataluña.

Según aprobó este organismo estatal -en el que participan los ministerios de Justicia e Interior, el Tribunal Supremo, el Consejo del Poder Judicial, la Fiscalía del Estado y los consejeros de Interior de Cataluña, País Vasco y Navarra-, cualquier investigación que lleve a la policía catalana más allá de su territorio deberá ser puesta a disposición de la Policía o la Guardia Civil. Tal como publica hoy EL MUNDO, la función de los Mossos en estos casos será relegada a la de "colaboradores", lo que significa que no podrán comandar las investigaciones aunque un juez les otorgue el peso de las mismas. La medida también afecta a la Ertzaintza y la Policía foral con relación a sus ámbitos territoriales.

La decisión supone cumplir tanto el Estatuto catalán como la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puesto que ambas normas limitan la capacidad de los Mossos al territorio catalán. Pero, sobre todo, constituye una decisión cargada de sensatez, habida cuenta del desafío independentista que ha cuajado en Cataluña y la voracidad en la asunción de competencias que la Generalitat ha demostrado en los últimos años con relación a la policía autonómica.

Tras abandonar la senda de moderación que caracterizó al nacionalismo catalán desde la Transición, el empeño de Artur Mas al frente del Govern ha sido el de acometer las «estructuras de Estado» que germinen en una hipotética Cataluña independiente. La ampliación de las funciones de los Mossos ha sido clave en este plan. Así quedó patente en la creación en de un Servicio de Inteligencia dependiente de la Generalitat y la implementación de recursos orientados a facilitar el contacto de los Mossos con cuerpos como Europol o Interpol, utilizando para ello incluso la lucha contra el terrorismo yihadista. La decisión adoptada para frenar el paso a los Mossos no se puede entender sin considerar estos antecedentes. En cambio, evidencia las dificultades para trazar una estrategia de seguridad basada en la cooperación leal y efectiva entre los diferentes cuerpos del Estado, lo que resulta una anomalía especialmente nociva en una coyuntura como la actual.

Tanto Mas como quienes le acompañan en la lista unitaria independentista incardinan parte de su proyecto rupturista en convertir a los Mossos en una policía propia de un Estado, pese a que aún siguen financiados gracias al presupuesto del Ministerio del Interior. Por este motivo, además de una medida ajustada a la legislación, limitar la actuación de los Mossos fuera de Cataluña supone un aviso a otras comunidades. Tal es el caso de Navarra, donde la Policía Nacional ya ha mostrado sus reticencias a compartir información sensible con la Policía foral, tras el nombramiento de una dirigente afín a Bildu como nueva consejera de Interior.

EDITORIAL EL MUNDO (02-08-2015)

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