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Cataluña destina menos del 1% de sus vacunas a policías y guardias civiles

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La Justicia ha obligado a la Generalidad catalana a inmunizar a 4.398 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional.

El Govern señaló a los guardias civiles y policías nacionales de Cataluña como los responsables de una presunta falta de vacunas contra los colectivos más vulnerables. Para inmunizar a las fuerzas de seguridad del Estado se tendría que mantener expuestos al virus a los mayores de 70 años, blandió el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, tras ser obligado por la Justicia a vacunar a los agentes nacionales en la misma proporción que a los Mossos, después de meses privilegiando la protección de los efectivos autonómicos.

«Cumpliremos, pero para ello retrasaremos vacunación de gente de 70 años, ahí lo dejo», espetó manifiestamente molesto Argimon, a quien Carles Puigdemont quiere promocionar al puesto de consejero de Salud si alcanza un acuerdo con ERC para formar Gobierno.

La sesgada afirmación del responsable de la campaña de vacunación en Cataluña choca con las propias cifras de la Generalitat, que el pasado viernes comunicó a sus sanitarios, a través de un mensaje difundido por canales internos y al que EL MUNDO ha tenido acceso, que esta semana será la de máximo suministro de vacunas en la región desde que arrancó la pandemia, con 490.700 dosis.

Esto supone que, para inmunizar a los 4.398 policías y guardias civiles a los que fuerza a vacunar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para alcanzar el 80,3% de Mossos ya protegidos, se tendrán que destinar el 0,9% de vacunas disponibles en Cataluña esta semana.

En otro mensaje remitido a sus médicos y enfermeros la Generalitat añade que ya el pasado viernes 30 de abril se citó por mensaje a entre 50.000 y 70.000 personas mayores de 70 años para ser vacunadas. Y que la atención primaria está programando 55.000 primeras dosis de Pfizer también para mayores de 70.

El lunes empezó a vacunarse con viales de Moderna a 2.065 policías nacionales y a 2.333 guardias civiles destinados en Cataluña, después de que la Generalitat se viera obligada a acatar el auto del Tribunal de Justicia de Cataluña, que ordenó empezar a inmunizar de inmediato y «sin excusa» a las fuerzas de seguridad estatales, tras constatar que la Policía sólo tenía inmunizados al 9,9% de sus agentes en Cataluña y la Guardia Civil al 6,3%, según admitían los propios informes de la Consejería de Salud.

Con su campaña de señalamiento, la Generalitat colocó en la diana a las fuerzas de seguridad del Estado y ello se tradujo en una campaña de acoso hacia el abogado del sindicato policial Jupol y de la agrupación de la Guardia Civil, Jucil, Marco Antonio Navarro, que llevó hasta el Alto Tribunal autonómico la paralización de las vacunas de los efectivos destinados en la región. «Un hijo de puta al que le sobra la nuca. Como se muera mi madre de 80 años por falta de vacuna voy a ir a por ti», fue uno de los mensajes dedicados al letrado a través de la red social Twitter.

«Si nos hubiesen vacunado antes no hubiésemos tenido que interponer la demanda ante el TSJC», rebatió Milagros Cívico, portavoz de Jucil, la asociación de la Guardia Civil en Cataluña, aprovechando el enrarecido arranque de esta campaña de vacunación policial. También el portavoz del sindicato Jupol, Pablo Pérez, lamentó que se hubiera tenido que recurrir ante la Justicia ante la «ceguera» de la Generalitat.

Mientras deglutía con desagrado la orden judicial, el Gobierno catalán esparcía otras excusas a través de Argimon, como que el listado de agentes estatales llegó tarde al Govern y que eso explica el retraso en su vacunación. Sin embargo, tal y como reveló este diario la pasada semana, la Policía Nacional tenía el listado de efectivos listos para ser vacunados el 25 de febrero.

Puede no ser éste el único revés judicial que encaje la Generalitat, pues las asociaciones de la Guardia Civil amenazan ahora con iniciar acciones legales contra el Govern después de que varios agentes del cuerpo se hayan contagiado en un brote detectado en la central nuclear Vandellós, II, de Tarragona, donde realizaban labores de vigilancia.

Asociaciones y sindicatos policiales denuncian que 15 de los 18 agentes de la Guardia Civil de Barcelona destinados en la central dieron positivo, mientras otros 15 efectivos del cuerpo procedentes de León -donde sí habían sido ya vacunados- no se contagiaron. «El inconcebible retraso en la inmunización de estos trabajadores públicos ya deja graves consecuencias», remarca mientras sopesa iniciar una nueva batalla judicial contra la Generalitat para exigirle responsabilidades.


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