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Cuatro destacados juristas arremeten contra el Supremo por condenar por sedición y no por rebelión en el caso 1-O

LaVanguardia

Cuatro juristas muy conocidos han intervenido en Madrid en un debate sobre las sentencia del caso 1-O, defendiendo que el Supremo se ha equivocado al condenar a los procesados por un delito de sedición, porque los hechos fueron constitutivos de rebelión.

El análisis crítico de la sentencia del Supremo sigue llenando, en suma, la agenda de entidades jurídicas en la capital de España. Una de estas entidades, Law Business School, ha reunido al exabogado del Estado jefe de lo Penal, Edmundo Bal -cesado en este puesto por negarse a convertir la acusación de rebelión en otra de sedición, y hoy diputado de Cs-; Manuel Aragón Reyes -exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC); el catedrático de derecho administrativo Tomás Ramón Fernández, y el catedrático de derecho penal Enrique Gimbernat, unidos todos ellos por la tesis de la rebelión.

Para Edmundo Bal, “una sentencia tiene que dar miedo”, y ésta no lo hace, porque ahora “hay políticos que hablan de negociar su salida de prisión y de que van a tomar en turrón en su casa, y si es así habrá quien se crea un héroe por dos años de prisión”. Sostuvo Bal que, en todo caso, el fallo “contiene una clara advertencia” para el futuro. Considera que en la Conselleria de Economía se registró violencia porque hubo personas que sintieron “miedo” y “la secretaria judicial tuvo que salir por una azotea”.

En cuanto al 1-O “me llamó la atención sobre todo la descripción de la reunión del 28 de septiembre en que la cúpula de los Mossos advierte a Puigdemont que habrá violencia seguro o con una alta probabilidad, y Puigdemont dice que no va desconvocar y asume una alta probabilidad de violencia”. En la propia resolución del Supremo -prosiguió- “se consigna que Puigdemont dijo que si hay violencia proclamaré la independencia”. Pero el Supremo -añadió Bal- “no ha sacado consecuencias de este extremo”, porque Puigdemont después de ser advertido por el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, “ordena la asistencia a los centros electorales”. En mi opinión, lo que hizo Puigdemont fue “alentar” la violencia. Y se comprueba porque hubo episodios que reconoce el Supremo que “no fueron de resistencia pasiva, sino de violencia activa”, demostrado en los partes de lesiones de los agentes.

El Supremo -siguió diciendo Bal- subraya que no hubo violencia “instrumental, preordenada y funcional”, cuando no hay jurisprudencia que exija estas tres características. Bal añadió que el Supremo al interpretar que no hubo tales condiciones “se ha convertido en colegislador”, porque la ley no exige tales condiciones. Pero subrayó que aunque estas características no se dieron el 20-S, sí la hubo el 1-O, cuando Puigdemont no asumió las advertencias de los Mossos, porque no detuvo el referéndum y además dijo que si había violencia “declararé la independencia”. Por eso -siguió diciendo- no podría sacarse luego la conclusión de que el ‘procés’ fue una ensoñación, porque el propio Puigdemont contaba con declarar la independencia “si hay violencia”.

Bal dijo también que es “simple conjetura” qué hubiera pasado si la Abogacía del Estado no hubiera cambiado de posición y hubiera mantenido la acusación de rebelión”. Y añadió que la sentencia pasará los filtros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en materia de respeto a los derechos fundamentales en esta causa. Ahora bien, en materia de malversación “hubieran tenido que incluirse muchos más gastos” que los tenidos en cuenta por el fallo. La sentencia es muy “pro reo” en materia de malversación, pero “no importa nada”, porque -dijo también- “el Tribunal de Cuentas examinará la mala gestión del patrimonio público”.

El actual portavoz adjunto de Cs añadió que “esta mañana se me han abierto las carnes cuando he escuchado al señor Iceta (PSC) que la sentencia dejaba margen para negociar el régimen penitenciario de los condenados”. Para Bal, es sorprendente que un político hable de negociar la aplicación de una ley. “El Supremo ha puesto 13 años por aplicar los delitos se sedición y malversación en concurso medial, con lo que la pena por el segundo delito, la malversación sale muy barata”, cuando “cuando yo acusando de rebelión tenía preparada una petición entre los 16 y los 18 años”.

El catedrático de derecho penal Enrique Gimbernat explicó a su vez que sedición es alzamiento público y tumultuario, y que la diferencia entre este delito y el de rebelión es “la intención, los fines que se persiguen”. Los fines que persigue la rebelión es “la separación de una parte del territorio nacional”, y la sedición cuando el alzamiento pretende “impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas o judiciales”. El fiscal mantuvo que hubo rebelión porque se produjo un “alzamiento público y violento para proclamar la independencia de Catalunya”, que era la finalidad del 1-O. Y así sucedió el 27 de octubre del 2017, con la declaración unilateral de independencia (DUI), que para ser desactivada -prosiguió- precisó la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Gimbernat expuso que el Supremo cambió este relato para sostener que los participantes en “los alzamientos” actuaron “engañados por sus dirigentes”, que no habrían querido proclamar la independencia, sino que en realidad “querían ejercer presión sobre el Estado” para “negociar”, y lograr la separación no por una vía unilateral, sino tras una negociación, con “una inconstitucional cesión por parte del Gobierno”. Si el 1-O hubo engañados -prosiguió-, “el que entró en el Congreso el 23-F también fue engañado, porque pensó que iba a formarse una junta militar” cuando lo que quiso el general Armada era que le nombrasen presidente en un Gobierno con representación de varios partidos. De igual modo -añadió-, según el propio relato de hechos el Supremo sí “se pretendía la independencia, porque ésa era la finalidad de la negociación que bajo presión se quería iniciar con el Gobierno”.

El catedrático de derecho administrativo Tomás Ramón Fernández sostuvo a su vez que “los autores de estos hechos hicieron todo lo posible para obtener la independencia, con la misma fórmula que en Kosovo”, firmando un compromiso explícito, un documento que suscribieron los diputados favorables a la ruptura con España. “No necesito a los testigos -añadió-, yo también soy testigo y lo he visto todo, y lo único diferente con Kosovo es que entonces hubo reconocimiento de algunos países, y aquí la independencia catalana no la reconoció nadie”. Y concluyó afirmando que la sentencia del Supremo “ha hecho mal derecho”.

El catedrático de derecho constitucional Manuel Aragón explicó a su vez que “el Parlament de Catalunya sí proclamó la independencia”, y no se quedó en enunciar propósitos. Dijo también que el delito cometido fue el de rebelión, porque los implicados “hicieron todo lo necesario” para proclamar la independencia, pero no lo consiguieron sobre todo por la falta de reconocimiento internacional. Al final del debate dio un paso más y afirmó que “estamos en una crisis sistémica porque afecta a la forma de Estado y a la forma de Gobierno”, que “no sólo afecta a España, sino a Estados Unidos, Holanda, el Reino Unido, la madre del régimen parlamentario, que nunca hubiera podido imaginar que la introducción de democracia directa ha hecho estallar la Constitución”. Y añadió que no se puede calificar de “caverna” a los juristas que han criticado la sentencia del Supremo, porque el derecho de crítica es fundamental y porque esas tomas de posición lo único que prueban es que “hay quienes, en efecto, no han salido de la caverna”.

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