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GUARDIA CIVIL. 176 AÑOS AL SERVICIO DE ESPAÑA

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El 28 de marzo de 1844, un real decreto establecía la fundación de la Guardia Civil, el cuerpo sobre el que recaería a partir de entonces el peso de la seguridad en el país

Apenas se había conformado el gobierno provisional de la II República española cuando el flamante ministro de la Gobernación, Miguel Maura, se encontró con una apremiante demanda de sus compañeros de gabinete: disolver la Guardia Civil.

«Tras largas horas de estudio y reflexión me negué categóricamente no sólo a disolverlo, sino a alterar una sola coma de las famosas ordenanzas. Son ellas, en verdad, un modelo de previsión, de organización y de espíritu de disciplina. Me negué, incluso, a la sustitución del tradicional tricornio charolado por otra prenda diferente, como ya, en última instancia, me pedían mis compañeros», explica el político en sus memorias.

La resistencia de Maura permitía a la Guardia Civil salir indemne de una delicada situación, pero no podía ocultar la existencia de un sentimiento de hostilidad hacia el cuerpo en una parte de la sociedad española, que se haría patente de forma dramática apenas unos meses después, en la población extremeña de Castilblanco. Allí, el 31 de diciembre de 1931, una protesta popular de un grupo de campesinos, acabó en una macabra escena, en la que cuatro miembros de la institución fueron salvajemente linchados por la multitud, con palos, piedras y cuchillos.

157 días tardó en gestarse oficialmente la Guardia Civil., los que transcurrieron entre el 28 de marzo y el 1 de septiembre de 1844, días en los que se asentó una de las instituciones que hacen de España un estado moderno. 

La saña con la que se emplearon las masas contra los representantes de las fuerzas de seguridad del Estado causó una profunda conmoción en buena parte de la sociedad española, aunque no faltaron quienes la justificaran, como la diputada socialista Margarita Nelken, quien se refirió al episodio como el «desahogo obligado de espíritus reprimidos».

Sin duda, España manifestaba ya el desbordamiento de las pasiones que conduciría, apenas cuatro años después, a un trágico enfrentamiento armado. Pero lo cierto es que aquella no era, ni mucho menos, la primera muestra de hostilidad popular hacia una institución que rozaba ya por entonces los 90 años de existencia.

El macabro episodio de Castilblanco reflejaba la hostilidad hacia la Guardia Civil que se había incubado en parte de la población

Fue el 28 de marzo de 1844 cuando vio la luz el real decreto que establecía la fundación de un «cuerpo especial de fuerza armada de Infantería y Caballería, con la denominación de Guardias Civiles, dependientes del Ministerio de la Gobernación y con el objeto de proveer al buen orden, a la seguridad pública». La iniciativa había partido de un Gobierno presidido por Luis González Bravo, aunque el proyecto llevaba años entre las prioridades de los políticos liberales.

España acababa de salir de una cruenta guerra civil, la Primera Guerra Carlista, que había desgarrado durante siete años buenas partes de la geografía nacional. El conflicto se había resuelto a favor de los intereses de Isabel II y con su reinado llegaba el momento de construir una Administración liberal, sólida y centralizada, que dejara atrás las herencias del decadente Antiguo Régimen.

En esa tarea, la creación de una fuerza de seguridad nacional, que sustituyera los viejos cuerpos regionales, de eficacia dispar, se perfilaba como una prioridad, especialmente para dotar de seguridad al ámbito rural y los caminos del país. Esta pretensión se veía azuzada por el grave problema de seguridad que enfrentaba el país, tras siete años de conflicto bélico.

«En esos momentos actuaba no solo el bandolerismo más o menos endémico en ciertas regiones españolas, sino también el bandolerismo de retorno, típico de las situaciones de posguerra y nutrido por todos aquellos inadaptados a las nuevas condiciones de paz», explica el profesor Enrique Martínez Ruiz en su obra Policías y proscritos. Estado, militarismo y seguridad en la España borbónica (1700-1870) (Actas, 2014).

Como observaba un visitante extranjero, en aquella época, «un viaje en diligencia, que sería la cosa más normal del mundo en cualquier otra parte del globo, se convertía en España en una auténtica aventura, porque se podía adivinar cuándo salías, pero nunca cuándo llegabas o, lo que era mucho peor, si finalmente arribarías sano y salvo a tu destino».

Ante estas circunstancias, el nuevo gobierno, liderado por Ramón María Narváez, daría continuidad a los trabajos de su predecesor y, con los ajustes necesarios, la Guardia Civil estaba en disposición de cubrir su primer servicio el 10 de octubre de aquel año, consistente en la cobertura de la carrera de la comitiva que había de trasladar a la reina desde el Palacio Real para presidir la apertura de las Cortes.

El 10 de octubre de 1844 el cuerpo cubría su primer servicio, cubriendo la carrera de la comitiva real hasta las Cortes

Para poner en marcha aquel cuerpo, conformado a imitación de la gendarmería francesa, había sido fundamental la actuación del que sería su primer director, el mariscal de campo del Ejército, Francisco Javier Girón, duque de Ahumada, que configuró un proyecto de una fuerza elitista, en la que la calidad de los hombres resultaba mucho más importante que la cantidad. Su tipo ideal pasaba por formar un cuerpo de hombres experimentados, de buenas condiciones físicas, instruidos y de un honor intachable. «El honor es la primera divisa del guardia civil. Una vez perdido no se recupera jamás», advertía en la Cartilla, un documento elaborado tras los primeros años de servicio. Por eso, la disciplina sería una de sus principales obsesiones.

Con estas bases, la Guardia Civil, con su uniforme inicialmente azul y su característico tricornio, pasó a «convertirse en una imagen cotidiana, casi familiar, símbolo de orden y autoridad», en los paisajes rurales españoles. Y su rápido éxito en la lucha contra el bandolerismo motivaría que casi todos los pueblos del país reclamaran contar con su propio puesto de la Guardia Civil, algo que resultaría inviable, por el reducido número de efectivos, según detalla el profesor Miguel López Corral en La Guardia Civil. Claves históricas para entender a la Benemérita y a sus hombres (1844-1975) (La Esfera de los Libros, 2009).

La sucesiva caída de las partidas más famosas de bandoleros -El Tempranillo, El Lero, Curro Jiménez, Los Siete Niños de Écija- disparó el prestigio de la Guardia Civil por todo el país, hasta el punto de que periódicos como el pontevedrés El Restaurador defendía en 1856, apenas doce años después de la fundación del cuerpo, «que nada más consolador para el viajero que encontrar una pareja de guardias, que jamás cuentan los enemigos, sino que se lanzan impávidos contra el crimen, cualquiera que sea la forma bajo que se presente».

La Benemérita

Y si la persecución de los crímenes granjeaba prestigio a la Guardia Civil entre la población española no menos efectiva resultaba su labor humanitaria ante accidentes y desastres naturales, que le valdría pronto el sobrenombre de benemérita. «Ora es un carruaje que vuelca o que se atasca en el fango o en la nieve; ora un edificio preso de las llamas; ora un pueblo atacado del terrible cólera y abandonado por casi todos sus moradores. En todas partes la Guardia Civil es una verdadera providencia», resaltaba el mismo artículo de El Restaurador.

Pero como advierte Martínez Ruiz, «para que una institución se consolidara en la España isabelina, no bastaba con que obtuviera buenos resultados y mostrara un alto grado de eficacia, pues el gobierno de partido sesgaba cualquier logro». La Guardia Civil había nacido bajo un gobierno moderado y había servido durante diez años a gabinetes del mismo signo. El modelo de dependencia mixto -dependencia del poder civil y militar- no era suficiente salvaguarda para evitar un uso partidista del cuerpo.

Su empleo en reprimir las diferentes intentonas progresistas del periodo crearían un resentimiento que saldría a relucir en 1854, cuando, triunfante el levantamiento progresista de los generales Baldomero Espartero y Leopoldo O’Donnell, se llegó a plantear su disolución.

Y algo similar volvería a ocurrir tras la revolución de 1868, que pondría fin al reinado de Isabel II y daría inicio al denominado Sexenio Democrático, con el primer experimento de un régimen republicano en España. Su supervivencia a este episodio de cambios profundos consolidaría a la Guardia Civil como «una institución nacional al servicio del Estado -no importa que este sea monárquico o republicano- y de la sociedad», según Martínez Ruiz.

El uso partidista de la institución provocaría pronto las críticas de la oposición y lastró su imagen

Sin embargo, no podía ocultarse que ya para entonces la imagen de la Guardia Civil ante la población había sufrido una mella considerable. Un episodio clave había sido el de la noche de San Daniel (el 10 de abril de 1865), cuando la Veterana, la división urbana del cuerpo, respondió con contundencia a unas protestas universitarias, con el trágico saldo de once muertos y 193 heridos. La falta de preparación y los inadecuados medios con que contaba la Benemérita para hacer frente a los disturbios urbanos habían quedado puestos de relieve de forma dramática. «Este cuerpo ya no tiene prestigio: ya no tiene la autoridad moral que antes tenía, y sus individuos son vistos hasta con espanto, hacen miedo al verlos en las esquinas de las calles», llegó a declarar tras aquellos sucesos el líder progresista Juan Prim.

Pero pocas lecciones se extrajeron de aquel episodio. Como observa López Corral, «a veces por intereses espurios, o en la mayoría de las ocasiones por miopía política, la realidad constató en demasiadas ocasiones a lo largo de la historia que la Benemérita se convirtió en un instrumento utilizado desde el gobierno de turno para, bien atrincherarse en el poder, bien combatir a sus enemigos políticos, bien acallar las protestas ciudadanas, fuesen estas legítimas o no, justas o no. Esta costumbre del poder contribuyó como pocas otras consideraciones a arrojar sombras sobre la trayectoria de la institución».

Esta situación resultaría más preocupante cuando el auge del movimiento obrero, en el último cuarto del siglo XIX, obligó a la Guardia Civil a batirse con mayor asiduidad contra las protestas de las clases populares. La creciente amenaza del terrorismo anarquista obligaría, además, al cuerpo a intensificar su actividad en las ciudades. No tardó en cosechar éxitos también en esta lucha, como la desarticulación de la Mano Negra (una presunta organización secreta anarquista) o la eliminación de las nuevas partidas de bandoleros surgidas en el periodo, mucho más organizadas que las de mediados de siglo, y que contaban, en muchos casos, con el respaldo de algunos potentados.

Pero al mismo tiempo se acrecentaban las críticas al cuerpo, que para luchar con el auge del terrorismo en aquellas fechas recurrió con exceso a fórmulas como la ley de fugas (que autorizaba a disparar contra el delincuente que intentara fugarse) para deshacerse de bandidos y terroristas, bajo el pretexto de intentos de fuga indemostrables. Esta práctica también afectaría a la imagen de la Guardia Civil, pero no al nivel de lo que suponía la represión de las protestas populares. El aumento del militarismo del cuerpo, promovido por la política de la Restauración canovista, provocó, asimismo, un distanciamiento de la sociedad y un deterioro de la conducta de sus miembros.

«El cambio de filosofía predisponía contra la Benemérita a los sectores menos favorecidos de la sociedad, que empezaron a ver en su viraje el más firme baluarte de los intereses de la aristocracia y de la acomodada clase burguesa que sustentaban el régimen de la Restauración», señala López Corral.

En aquellas circunstancias, un episodio como el Proceso de Montjuich, tras el atentado de Cambios Nuevos en 1896, acabaría por socavar la imagen de la Guardia Civil, debido a la sucesión de denuncias de torturas por parte de los detenidos, que llegarían a tener repercusión internacional. «Independientemente de la exageración o no de las denuncias, era innegable que su impacto psicológico en la opinión pública erosionaba el prestigio de la institución, al presentarla a los ojos del mundo como una policía tirana, capaz de utilizar métodos impropios de una sociedad civilizada», comenta el autor de La Guardia Civil. Claves históricas para entender a la Benemérita y a sus hombres (1844-1975). 

En los años siguientes, de crisis económica y desprestigio de las instituciones, tras la pérdida de las colonias de Ultramar, comenzaron a hacerse recurrentes los ataques populares contra guardias civiles, delatando la extendida pérdida del respeto a la institución.

Todo esto no llegaba a ocultar, no obstante, la sucesión de éxitos que la Guardia Civil seguía acumulando en la persecución del crimen o sus actuaciones meritorias en el rescate de personas en peligros, que le acabarían valiendo en 1929 la concesión de la Gran Cruz de la Orden de Beneficencia. El cuerpo gozaba de un prestigio que desbordaba las fronteras nacionales, como muestra el hecho de que países latinoamericanos como Guatemala, Perú, El Salvador, Colombia o Venezuela solicitaran las enseñanzas de la Benemérita para poner en pie sus propias fuerzas de seguridad.

Aún en un año tan agitado como 1931, La Semana Gráfica, de Valencia, resaltaba que «España debe a la Guardia Civil sus horas de tranquilidad y de paz y es la única fuerza, aunque dé pena decirlo, en la que siempre se confía en los momentos difíciles».

Era por entonces cuando Miguel Maura recibía las presiones de sus compañeros de Gobierno para que disolviera aquella institución creada nueve décadas antes. La Guardia Civil arrastraba ya un pesado lastre ante la sociedad. Y los convulsos episodios que vendrían en los años sucesivos harían muy difícil a la Guardia Civil desprenderse de la imagen de cuerpo partidista, al servicio del poder.

Con todo, a la historia de la Benemérita le quedaban aún muchas páginas por escribir, que la cainita historia española no lograría detener. Porque ya entonces el cuerpo fundado por Ahumada acumulaba suficientes méritos para erigirse como una de las instituciones genuinas del Estado español. Y muchos más estaban por llegar.

AGUSTÍN MONZÓN

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