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La Guardia Civil en San Roque (XXI)

Reglamento Ley Guardia Rural

Por real orden de 14 de agosto de 1868 el comandante Miguel Guzmán Cumplido fue destinado a la provincia de Madrid en la recién creada Guardia Rural, cesando por lo tanto en su destino de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo.

Habían transcurrido casi cinco lustros desde la fundación del benemérito Instituto. Sin perjuicio de su trascendental y vital naturaleza militar, se trataba del único cuerpo de seguridad pública de ámbito estatal, desplegado territorial y permanentemente en toda la Península e islas Baleares.

Según se precisaba en el “Escalafón general de antigüedad de los Señores Jefes y Oficiales” del Cuerpo de la Guardia Civil, el 1º de enero de 1868 se contaba organizada en 13 Tercios con una plantilla de 13.154 hombres, de los que 11.565 eran de infantería y 1.589 eran de caballería.

Si bien era cierto que dicha plantilla se consideraba suficiente “para la persecución de criminales y protección de las personas”, no lo era para atender de igual modo la seguridad de las propiedades, especialmente las más aisladas en el ámbito rural. No hay que olvidar que España era entonces eminentemente rural.

Ya por aquel entonces se habían estado barajando varios proyectos. Unos eran tendentes a crear un nuevo cuerpo que velara exclusivamente por las posesiones rurales. Otros contemplaban ampliar hasta 20.000 hombres el de la Guardia Civil. Realmente esto era lo más coherente, conforme a las misiones asignadas en la normativa vigente.

Consecuente con esto último, había llegado a promulgarse la Ley de 27 de abril de 1866, mediante la que se dispuso que la Guardia Civil “recibirá el aumento necesario para que pueda desempeñar por completo el servicio de seguridad rural y forestal, y de policía rural en todo el Reino”. El exceso del coste que ello suponía, correría por cuenta de las provincias afectadas.

A tal efecto, se aprobó que el aumento de plantilla fuese de 1.500 hombres anuales, hasta completar el número de 20.000, lo cual venía a suponer un proceso de unos seis años de duración aproximadamente, con el consiguiente despliegue provincial progresivo.

Sin embargo, tal y como relata el hoy comandante Miguel López Corral en su obra “La Guardia Civil. Nacimiento y Consolidación (1844-1874)”, publicada en 1995, la lentitud de su puesta en práctica junto a la falta de un presupuesto estatal suficiente y las dificultades de una adecuada recluta. Todo ello enmarcado en un momento de aguda recesión económica que padecía la nación, por lo que terminó por hacerlo inviable.

En cambio, poco después surgió un proyecto alternativo, más económico y menos exigente, sobre guardería rural, que consistía en crear un Cuerpo similar al de la Guardia Civil, pero dependiente de él.

En teoría, según indicaba el general de brigada Francisco Aguado Sánchez en su voluminosa obra “Historia de la Guardia Civil”, editada en 1983, la intención era que el benemérito Instituto quedase liberado de aquellos servicios que mermaban su capacidad y su eficacia para actuar principalmente como fuerza de orden público en los numerosos motines y asonadas de la época.

Pero la verdadera motivación era de carácter económico, cuestión trascendental para las maltrechas arcas del Estado y las de las administraciones provinciales y locales que se iban a ver directamente afectadas.

Si se creaba un nuevo cuerpo, de carácter auxiliar, el coste disminuiría a la mitad, reduciendo en tal proporción los sueldos de la tropa respecto a los percibidos en la Guardia Civil. De esta forma las administraciones periféricas podrían asumirlo con mayor facilidad.

Y así fue. Por Ley de 31 de enero de 1868 se creó un nuevo Cuerpo de seguridad denominado “Guardia Rural”. Se trataba de una fuerza armada que se constituiría en cada provincia, “para custodiar la propiedad rural y forestal y velar por la seguridad de la misma”. Para su servicio especial dependería de los ministerios de la Gobernación y de Fomento. Sus presupuestos correrían a cargo a las diputaciones provinciales afectadas.

Por real decreto de 20 de febrero siguiente, se aprobó el correspondiente reglamento para su ejecución. Estaba organizada militarmente y dependía del director general de la Guardia Civil. Se subdividió en compañías que no excedían de 120 hombres ni bajaban de 80.

Sus jefes, oficiales y sargentos pertenecerían al Cuerpo de la Guardia Civil. Los dos primeros grupos procederían de la situación de reemplazo o de supernumerario, mientras que los últimos, podían ser sargentos o cabos en situación de activo en el benemérito Instituto.

Ello implicaba para toda España cerca de quinientos mandos en la Guardia Rural. Como la Guardia Civil no tenía realmente capacidad de proporcionarlos de una sola vez, se ofertó –con carácter excepcional- que pudieran proceder directamente del Ejército, pasando a nutrir seguidamente los escalafones del benemérito Instituto.

En cambio, los cabos y guardias rurales a ingresar en el nuevo Cuerpo eran ajenos al benemérito Instituto. Procedían de alistamientos voluntarios en las provincias de su residencia, quedando sujetos a la ordenanza militar y disfrutando “del fuero militar del ejército”.

Sin embargo, como consecuencia de los cambios políticos, su existencia, al ser considerado un proyecto del gobierno anterior, fue efímera a raiz del proceso insurreccional iniciado en Cádiz el 18 de septiembre siguiente.

Éste culminó días después tras ganar el general Francisco Serrano Domínguez, con su Ejército de Andalucía, la batalla del Puente de Alcolea en la provincia de Córdoba. Ello daría paso al exilio de Isabel II y al comienzo del llamado “Sexenio Revolucionario”.

Por Decreto de 11 de octubre de 1868, dimanante del Gobierno Provisional, “teniendo en cuenta las especiales circunstancias en que la Nación se encuentra, y considerándolo conveniente a los intereses públicos”, se procedió a disolver la Guardia Rural. Poco más de ocho meses había durado tal iniciativa.

Sus jefes, oficiales y sargentos continuarían perteneciendo a la Guardia Civil, siendo uno de ellos el entonces capitán Félix Sos Díaz, jefe de la 3ª Compañía de la Guardia Rural de Cádiz, futuro jefe, ya como teniente coronel, de la Comandancia gaditana.

El comandante Guzmán que se encontraba al frente de la Guardia Rural en la provincia de Madrid, pasó a la situación de reemplazo. Por disposición de 9 de noviembre de 1868, dimanante del director general de la Guardia Civil, teniente general Francisco Serrano Bedoya, nuestro protagonista sería destinado nuevamente al 8º Tercio siéndole asignado el mando de la Comandancia de Granada.

A modo de curiosidad decir respecto a los guardias rurales, que solamente a los que habían sido encuadrados temporalmente en el mentado Ejército de Andalucía, vencedor en Alcolea, se dispuso como recompensa, que “ingresarán desde luego en la Guardia Civil, si lo desean y lo solicitan”.

En cambio, la mayor parte del benemérito Instituto se había mantenido leal al gobierno legalmente constituido y derrocado, como por ejemplo así ocurrió en la provincia de Cádiz.

Ello hubiera podido suponer su disolución pero sin embargo, el prestigio de la Guardia Civil era ya tal que le permitieron solventar con éxito momentos tan difíciles y mantener su existencia, a pesar de haber combatido en buena parte del país contra el bando que resultó vencedor.


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