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IMPLICACIONES SOCIALES DE LA CREACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL: EL SERVICIO MILITAR EN ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XIX E INICIOS DEL SIGLO XX

articulo antonio

Antecedentes históricos

    Hasta el siglo XVIII el reclutamiento se realizaba a través de enganches pagados y levas entre los más marginados, pero la llegada de los Borbones introdujo las famosas “quintas” por sorteo en la Corona española.

    Las Cortes de Cádiz instauraron la obligatoriedad del servicio militar de todos los varones sin ningún tipo de discriminación por primera vez, reiterándose en las Leyes de 1821, 1837 y 1856. En la Ley de 1837 se abolían las exenciones de algunos sectores de la sociedad, aunque no era más que un tupido velo, ya que “esa” parte de la sociedad podía redimirse mediante el conocido popularmente con “el impuesto de los pobres”, con las figuras legales de la redención y la sustitución, que perduró hasta 1912, aunque las “cuotas” se mantuvieron de facto hasta la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de 8 de agosto de 1940, tras la Guerra Civil. En 1912, tras la supresión de las redenciones y sustituciones se creó la nueva figura del “soldado de cuota”, que vio la luz tras los sucesos de Barcelona y Melilla; la clase política no tuvo más remedio que resignarse a su aprobación, no sin antes mitigar la abolición de la redención por medio de cuotas ( recordemos que con los sucesos de Barcelona cesó en el Gobierno Maura y entró Canalejas, lo que nos puede dar una idea de la gran virulencia de los acontecimientos). Tras una teórica universalización del servicio militar, siendo personal e intransferible, abolir la redención y la sustitución se instauró el soldado de cuota, el cual podría ver reducido su tiempo de servicio a cambio del pago de una cantidad en metálico, elegir destino, dormir fuera del cuartel, lo que sin duda era un privilegio económico para las clases más pudientes y un nuevo descontento de las clases populares. Se intentó acabar con los problemas decimonónicos del reclutamiento y dulcificar la contribución de la sangre, pero lamentablemente no se pudo materializar, quedando claramente expuesto en la siguiente cita: “Quienes no pudieran pagar cuota, harían un servicio militar de 3 años. Y como la cuota más barata suponía 12-18 meses de jornal medio de campesino o 6-8 meses del industrial, sin contar los gastos de manutención, equipo y caballo, al servicio militar fueron obligados los de siempre. Acompañados ahora, durante unos meses por los soldados de cuota” (CARDONA, G., El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, p. 8).

A lo largo del presente artículo, se hará referencia a conceptos tales como fianza, redención, sustituto, prófugo, desertor, excepciones, exclusiones y exenciones, por lo que intentaré aclarar someramente, a lo largo del mismo,  los conceptos para una mejor comprensión del entorno social del momento y, de las implicaciones que supuso la creación de la Guardia Civil desde un punto de vista jurídico-social.

La exclusiones se dividían en totales o parciales, aquéllas motivadas por falta de talla, enfermedades o defectos físicos recogidos en la normativa, y éstas para los mozos con enfermedades o defectos que puedan desaparecer en un período determinado. En tanto las excepciones,  no eran por motivos físicos, sino familiares (hijos y nietos únicos que mantengan con su trabajo a padre, abuelos o hermanos menores de diecinueve años, pobres, impedidos o sexagenarios) o de interés nacional ( ejemplo claro de los mineros Almadén con al menos cincuenta jornadas de trabajo subterráneo o en la fundición en el año anterior a su alistamiento). En caso de guerra, estas excepciones quedarían anuladas, aunque el Gobierno debería socorrer a las familias de los alistados.

Para eximirse, destacan entre todas las figuradas del sustituto del servicio militar –individual o colectiva- y la redención mediante el pago al Estado de una determinada cantidad, teniendo una repercusión gravísima en el terreno social al ser extremadamente clasista.

Como en todo, también existía la “picaresca” entre los mozos, siendo uno de los procedimientos más empleados para evitar la suerte de quintas el de marcharse al extranjero o a Ultramar y permanecer fuera hasta que desaparecía para ellos la posibilidad de incorporarse al ejército, justificando su ausencia la incomparecencia a filas. En realidad, tal comportamiento equivale al de los prófugos y, para evitarlo, Isabel II firma un Decreto, el 25 de febrero de 1846, tras un informe presentado por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, que prohibía se expidiesen pasaportes para cualquier lugar, español o no, fuera de la Península a todo individuo que estuviese comprendido entre los dieciséis y los veinticinco años, a no ser que asegure la aceptación del resultado del sorteo correspondiente a su quinta mediante la entrega de una fianza reconocida en escritura pública, que deberá ser aceptada y aprobada por el alcalde del pueblo del que es vecino el mozo que quiere ausentarse. La aceptación tendrá lugar una vez oídos, y reconocida su declaración por escrito, los padres, familiares o tutores de tres mozos de la misma edad del que se marcha y “de otros de la inmediata”. La fianza que se entrega se utilizará en la compra de un sustituto, caso de que el mozo que la depositó no se presentase a la verificación del sorteo y no se incorpore al Cuerpo que le corresponda.

No obstante, los sorteables se las ingeniaban para ausentarse sin pagar la fianza, por lo que se insiste en 11 de febrero de 1852 por medio de una Orden del Ministerio de la Guerra, en la que se determina que en todos los pasaportes que se den para el extranjero a los mozos comprendidos entre los dieciocho y veintitrés años conste el requisito de haber pagado la fianza (el pago de la misma había sido incorporado a la ley de reemplazo, artículo 117) y se determinaba igualmente que aquellos que no tuviesen en su pasaporte la cláusula de haber depositado el pago, fueran directamente detenidos.

Pero el asunto no queda zanjado definitivamente. El problema de la marcha a Ultramar no acababa de resolverse y se hace necesaria una nueva disposición. El 3 de diciembre de 1856 aparece un decreto en el que se ordena a los Gobernadores de las provincias ultramarinas no expidan pasaportes a los mozos sujetos a quintas a no ser que estén libres de toda responsabilidad o acrediten haber hecho el depósito; la prohibición se hizo necesaria porque muchos llegados de la Península querían marcharse después a Estados Unidos sin cumplir con el requisito de la fianza, por lo que se ordena se les retenga en Ultramar hasta que acrediten haber hecho el pago, consiguiendo una doble finalidad: evitar fraudes y que los mozos sufrieran dos desembolso al exigírsele allí también el abono de la fianza; en consecuencia, deberían llevar el certificado de haber pagado en España, en cuyo caso no se les impediría la salida.

La solución que se cree definitiva se da en 1861, dado que en los años anteriores los jóvenes seguían intentando evadir la suerte de quintas mediante su marcha al extranjero. El 17 de julio de 1861 se promulga una ley que contiene unas disposiciones para evitar esa emigración que se reglamenta definitivamente. Sin embargo, tampoco se alcanzaron los resultados que se esperaban con esta ley. Efectivamente, el Decreto de 9 de agosto de 1862 es un mentís rotundo a su efectividad, pues en él se ordenaba a la Guardia Civil y demás fuerzas de seguridad que vigilasen con especial atención las costas de Galicia y Asturias para impedir la salida a los mozos que quieran evitar los sorteos. En dicho decreto se ordena a las referidas fuerzas revisar las cédulas de vecindad de cuantos salían y comprobar si las condiciones en que se efectuaba la salida eran las legales.

El contenido del anterior decreto nos pone de relieve que la sangría del reclutamiento era considerable, que no se lograba la forma de impedirlo y que los interesados siempre encontraban un medio para eludir el depósito de la fianza, unas veces por la salida clandestina del país (causa de que en Ultramar se presente el mismo problema y se impida salir a los españoles jóvenes si no demuestran haber hecho el pago prefijado por la ley), bien al extranjero, bien a las posesiones españolas, siendo el viaje a estas últimas el más utilizado, ya que en ellas las posibilidades de pasar a otro país sin entorpecimiento eran mayores que en la Península. Otras veces, la salida se produciría por corrupción de los funcionarios encargados de estos asuntos y en algunos casos por negligencia o ignorancia de quienes habían de impedirlo. Sea como fuese, el caso es que se precisó la llamada a las fuerzas de seguridad, especialmente a la Guardia Civil, para que con su actuación y vigilancia se cortase este fraude.

”Igualmente aparecen dos figuras relevantes y directamente relacionadas con el servicio diario del Instituto, la condición de prófugo de un mozo y la de desertor de un soldado, que una vez confirmada se iniciará su búsqueda y captura; dependiendo de los Justicias de los pueblos la notificación y canalización de las gestiones de los prófugos mientras que las de los desertores contaban con el respaldo de todo el aparato militar del Estado, pero curiosamente era más fácil la detención de un prófugo que la de un desertor (motivado por la protección familiar y el no perjuicio a los convecinos). Pero es con la instauración de la Guardia Civil cuando se va a contar con un instrumento adecuado para llevar a cabo estas persecuciones con unos resultados muy superiores a los que se lograban hasta su creación. Al constatar los grandes resultados, también se le encargará la persecución de los prófugos.

Y así, «para que los buenos efectos que en la persecución y aprehensión de desertores ha producido el establecimiento de la Guardia Civil sean más eficaces y prontos», la Reina ordena en 11 de junio de 1845, a través del Ministerio de la Guerra, que los Jefes de los cuerpos, tan pronto tengan noticias de alguna deserción, pasen una comunicación a la Guardia Civil de la provincia para que, insertándose en el “Boletín Oficial”, llegue a noticia de la misma. Estas prevenciones las tendrán presentes todos los Jefes de puestos o destacamentos y las cumplirán independientemente del parte que han de cursar a sus superiores. Por otra parte, los comandantes generales de provincia, el mismo día de este decreto, reciben orden de pasar a la Guardia Civil los mismos datos de los desertores que tienen las cajas de quintas y los depósitos y de cuantos «individuos sueltos» haya en la provincia.

Desde el 1 de abril de 1845 estaba ordenado que los comandantes de puesto de dicha institución anotasen en los “diarios de servicios los regimientos a que pertenecen los desertores detenidos, pero como no se hizo mucho caso de ello; por lo que el 25 de octubre de 1847 se vuelve a insistir sobre el mismo punto y se recomienda se tenga muy presente al redactar los citados diarios. Para ejercer un mayor control sobre los desertores se dictamina, según la Orden de 3 de agosto de 1849, que cuando ocurra una deserción en cualquier cuerpo del ejército, el jefe del mismo mandará media filiación al comandante de puesto de la Guardia Civil del punto donde se produjo la deserción y también al comandante de la provincia a la que corresponde el pueblo de donde es natural el desertor, pues, como sabemos, los desertores buscaban la proximidad de su familia. En este sentido abunda la Orden de 31 de julio de 1851, al estipular que en las requisitorias que se dirijan a la Guardia Civil se hará constar los nombres, apellidos y apodos de las personas que se buscan, así como los de sus padres, lugar de nacimiento, sitio donde residió en sus dos últimas estancias, con el Ayuntamiento, provincia y juzgado a que pertenecen dichos lugares y, finalmente, las señas personales del sujeto buscado para evitar confusiones entorpecedoras a la hora de las identificaciones.

Las revueltas de 1856 influyen muy directamente sobre el abandono de filas, hasta el punto de que el Ministerio de la Guerra tiene que dar una orden concreta, independiente de las numerosas que hay sobre el tema, orden que comunica el Duque de Ahumada a los componentes del Cuerpo el 3 de noviembre de ese año, instándoles a que consigan el mayor número posible de capturas, «en inteligencia de que éstas servirán de especial recomendación para los que las logran»; les notifica que los datos de los desertores los recibirán en las cajas y que den parte cada ocho días hasta que todos los huidos de la provincia estén apresados.

Para llevar el mejor control, el Inspector general de la Guardia Civil ordena el 30 de diciembre de 1851 que con el diario de servicios de la cuarta semana de cada mes se envíe la relación de todos los desertores aprehendidos. Con dichas relaciones se confeccionan las listas numéricas mensuales específicas de ambos delitos en cada provincia, las que a su vez componen la relación anual de aprehensiones por Tercios y provincias que son dadas al público en general.

    Los mozos partir de la creación e implantación de la Guardia Civil, serían acompañados en su trayecto por las parejas de este Cuerpo e irían provistos de un pasaporte en el que se expresaba su condición. Sin embargo, en no pocos casos este pasaporte no estaba debidamente redactado y se producía en los guardias civiles la confusión de este cometido con las conducciones de presos, también a cargo de ellos. El Capitán General de Burgos denuncia estas dificultades y pide se especifique claramente en el pasaporte en qué calidad va el conducido por los guardias civiles. La reina Isabel II, en 21 de febrero de 1848, por indicación de su gobierno, determina que figure en dichos  salvoconductos, según los casos, la frase «Pasa en calidad de acompañado por los puestos de la Guardia Civil» o «Pasa en libertad acompañado por los puestos de la Guardia Civil», cuando se refiera, en este último caso, a quintos rezagados que no están filiados.

Además, en tales conducciones se plantearon algunos problemas, bien por falta de claridad en las órdenes recibidas por los componentes del Instituto, bien por no tener estas órdenes las consiguientes comunicaciones a los Cuerpos donde han de recibir a los quintos, bien por variaciones circunstanciales de las disposiciones generales ya establecidas. Sea como fuere, en ocasiones, si bien muy excasas, los guardias civiles  se encuentran con incidentes imprevistos, como el ocurrido en Álava, notificado el 3 de septiembre de 1849: el Guardia de caballería Andrés Martínez presentó al Gobernador de Álava trece quintos, seis del Regimiento de Infantería de Gerona y siete del de Bailén; el Gobernador le ordenó llevarlos todos al de Gerona, cuyo Oficial de servicio sólo quiso hacerse cargo de los que le correspondían; el Guardia insistió y fue abofeteado por el Oficial. Cursado el parte correspondiente al gobernador, éste dispuso que los quintos del de Bailén fuesen llevados a la Plaza y otros quedasen en su Cuerpo. El hecho provocó una fuerte protesta del Duque de Ahumada, Director General de la Guardia Civil, en defensa del componente del cuerpo ultrajado, siendo estos casos completamente excepcionales.

Los prófugos se producían, lógicamente, cuando se aproximaba el momento de concentrarse en el pueblo para su presentación en la caja de quintas respectiva; efectuada la presentación, se producen igualmente deserciones, como se comprueba en una circular del Duque de Ahumada dirigida a los Jefes de los Tercios de la Guardia Civil cuando se aproximaba el reemplazo de 1845: «Acercándose el momento en que los quintos del año 1845 deben tener entrada en las Cajas..., en cuya época siempre se ha cometido considerable número de deserciones».

    Llegados a este punto, el lector puede inducir que el desertor huye siempre a descampado y en él vaga unos días, alejándose de todo núcleo habitado para buscar trabajo o subsistir, ocupándose en algún caserío o rincón olvidado de todos. Sería interesante ver la conexión que pudiera existir entre desertores y bandidos, así como el grado de importancia que tuviese. Hay que pensar que su acción era una ruptura con la sociedad, lo que les empujaría a cualquier acto, y entrar en contacto con los bandidos, abundantes entonces, sería una de las soluciones más asequibles para ellos, pasando así a formar parte de las cuadrillas de bandoleros de forma ocasional, pero después, acostumbrados a este género de vida y ante las dificultades para abandonarlo, acabarían como auténticos bandidos y destinados a la más absoluta clandestinidad. No olvidemos que este tipo arriesgado de vida tiene mucha garra y prende en el hombre con cierta facilidad por la afirmación de individualidad e independencia que supone en todos los órdenes de la vida, lo que sin ningún lugar a dudas los llevará directamente a su encuentro tarde o temprano con los componentes del Cuerpo.

Los datos sobre desertores que aparecen en las publicaciones de régimen interno y en los boletines de la Guardia Civil nos permiten deducir el comportamiento de estos hombres. En numerosas ocasiones, las circulares del Cuerpo insisten sobre la prestación de tal servicio; así la del 20 de febrero de 1847, en la que se notifica: «La aprehensión y continua persecución de prófugos y desertores, debe ser una de las más constantes atenciones de la Guardia Civil por ser uno de los servicios de más consecuencia para la tranquilidad y seguridad del país», o como la de 4 de julio de 1857, que encarga se persiga sin tregua ni descanso a los desertores y prófugos; siempre en beneficio de la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Aquel quien pierde sus riquezas pierde mucho,

aquel quien pierde un amigo, pierde más,

pero el que pierde el valor, lo pierde todo.

“Cervantes”

En función de esta obligación, la documentación del Cuerpo suministra abundantes referencias a tales delincuentes que permiten conocer su comportamiento al margen de la ley. Con las circulares, la Institución pretende adiestrar a sus componentes para este servicio y su contenido va a ser incorporado a la Cartilla del Guardia Civil, especie de memento de las obligaciones del guardia que procura cubrir toda la casuística de los servicios que presta la Institución. En ella hay un apartado dedicado a prófugos y desertores, del que entresacamos lo que ahora interesa conocer para la mejor compresión de lo expuesto. Por lo pronto se advierte que «los que cometen el delito de deserción por lo general se van a la inmediación de sus familias donde pueden encontrar más protección; los prófugos por el contrario varían por lo común de residencia». Así pues, tenemos una clara diferencia en el comportamiento de ambos tipos de delincuentes, diferencia que viene impuesta por las características del reclutamiento al cubrir las plazas de los prófugos con mozos que no entraban en el cupo y al permitir al captor de los prófugos ventajas que iban, según las épocas, desde la inmediata liberación del servicio de aquel que ingresó para cubrir la plaza del que no compareció al llamamiento a filas hasta la exención del servicio. Por eso, el prófugo no se atrevía a volver a su lugar de origen, pues la familia del joven que ocupó su lugar en filas estaba especialmente interesada en su captura y como además allí le conocían todos, podía ser denunciado o detenido por alguien interesado en librarse a sí mismo o a algún familiar de servir en el ejército. Cosa que no ocurría con el desertor, ya que éste con su acción no perjudicaba a un tercero.

Por otra parte, estos delincuentes procuraban cambiar su aspecto a fin de no poder ser identificados. «Todo prófugo y desertor lo primero que procura es disfrazarse, y estas circunstancias deberá tenerlas muy presentes el Guardia Civil para examinar detenidamente a los transeúntes que por sus trajes y especialmente por el desaliño en el modo de llevar alguna prenda militar, o por sus señas personales, pueden inducir sospechas de que se halla en uno u otro caso». Y en función de esta realidad, se recomienda reconocer «con mucha escrupulosidad los documentos de que vayan provistos los viajeros que encuentre, que por su traje parezcan pordioseros o mendigos, porque los criminales fugitivos se aprovechan de este disfraz muchas veces para eludir la persecución que se les hace». Se añade a continuación: «Asimismo reconocerá y examinará con el mayor cuidado los documentos de aquellos que por su traje y porte infundan sospecha, y particularmente si fuesen a caballo o con armas». Y hay más todavía, pues las licencias absolutas podían ser falsas y de este modo moverse dentro de una aparente legalidad en los primeros momentos de la deserción; lo mismo cabe decir de las licencias temporales, por eso se hace especial hincapié en su reconocimiento: «La licencia absoluta o temporal de todo soldado que marcha solo por los caminos o llegue a las poblaciones, debe también examinarla con mucha atención y cuidado el Guardia Civil por si fuese falsa».

Una prueba de que con frecuencia se volvía sobre este tema dentro de la Institución de seguridad aludida es el párrafo siguiente, que nos ofrece nuevos detalles de las artimañas de prófugos y desertores: «De ordinario todo el que se fuga procura disfrazarse, ya cambiando de traje, afeitándose el bigote o patillas, si las tenía, o poniéndose un pañuelo por la cara como si tuviera algún mal de oídos».

También es posible deducir de tales instrucciones que los momentos más propicios para capturar a los prófugos y, más especialmente, a los desertores eran los días inmediatos a aquel en que se descubra su falta.

En efecto, en ambos casos han de huir y la huida impone un desplazamiento por un medio geográfico, prácticamente, desconocido, por lo que es casi imprescindible no apartarse de los caminos, otro inconveniente para ellos al facilitar su localización.

    A continuación se reproduce textual e íntegramente una Real Orden de 1867, sobre el tema tratado en el presente artículo, para la aclaración de la ingente normativa y figuras legales que existían en el siglo XIX por parte de algunos Gobernadores Civiles.

REALES ÓRDENES. AÑO 1867

MINISTERIO DE LA GUERRA.- Núm. 19.-Circular. Excmo. Sr.:- Por el Ministerio de la Gobernación del Reino se dice á este de la Guerra en 25 de Enero último lo siguiente:- El señor Ministro de la Gobernación dice con esta fecha á los Gobernadores de las provincias lo que sigue:- A consecuencia de la consulta dirigida á este Ministerio por el Gobernador de la provincia de Lugo, sobre si la revisión de las excepciones legales acordada con arreglo al artículo 88 de la Ley de reemplazos, podrá hacerse estensiva á las esclusiones y exenciones del servicio militar; considerando que la citada ley usa muchas veces indistintamente de dichas tres palabras y sus correlativas exceptuar, escluir y eximir, como se observa en los artículos 76, 78, 81, 87, 89, 91 y 135; considerando que la razon legan en que se funda la revision prevenida por el mencionado artículo 88, comprende lo mismo á todos los casos espresados en los artículos 73, 74, 75 y 76, puesto que de lo contrario la Administración carecería de medios para ejercer la vigilancia necesaria respecto del cumplimiento exacto de la Ley, y quedaría espuesta á dejar sin cubrir su cupo á muchos pueblos donde hubiese mozos que no tengan causa legítima para librarse del servicio militar; la Reina (q.D.g), de conformidad con el dictamen de las Secciones de Guerra y Gobernación del Consejo de Estado, ha tenido á bien declarar que la mencionada revisión debe estenderse, no solo á las excepciones, sino también á las escluciones y exenciones del servicio militar.- De Real órden comunicada por el señor Ministro, de la Guerra, lo traslado á V.E para su conocimiento y demás efectos.- Dios guarde á V.D muchos años. Madrid 20 de Febrero de 1867. El Subsecretario, Francisco Parreño.- Señor...”.

Una vez más al Instituto, rara avis entre las fuerzas del orden público de la época,  tiene que realizar como no podía ser de otra manera, las órdenes del Gobierno en relación con el acompañamiento de mozos, así como la detención de prófugos y desertores, granjeándose entre los más desfavorecidos una reputación de represores al servicio de las élites locales y nacionales. Nada más lejos de la realidad, solamente eran “hombres honrados” que cumplían fielmente con las órdenes encomendadas más allá de cualquier duda razonable sobre su integridad, imparcialidad y dignidad, al igual que se realiza en la actualidad tras el paso por tres siglos, dos ellos sumamente conflictivos desde un punto de vista social, en su 173º aniversario al servicio de nuestros  conciudadanos, no siempre comprendiendo nuestro abnegado y mal remunerado servicio, en ocasiones odiados, pero siempre agradecidos con su actuación, siendo año tras año una de las instituciones más valorados del Estado; siempre cumpliendo los deberes que le impone la ley, protegiendo a sus conciudadanos y a la colectividad contra la violencia, actos depredatorios y todo tipo de actos contrarios a la ley.

No quisiera pasar la ocasión para finalizar parafraseando a D. Antonio Cánovas del Castillo : “con la patria se está con razón o sin ella, como se está con el padre y con la madre”, a la vez que con otra reflexión del momento, “satisfacer los justos anhelos de los que consideran sagrado deber de todos los ciudadanos útiles, sin distinción de clases sociales, la prestación personal del servicio militar, conseguir durante la paz, para cuantos hayan de acudir a las armas en momentos supremos la más perfecta instrucción y hábitos de disciplina, cualidades ambas, que avalaran por sí solas el vigor de un Ejército, y lograr dichas aspiraciones, salvando las dificultades económicas que limitan los efectivos de las fuerzas permanentes...” .

“Y no fue su gobierno de cinco meses totalmente estéril, pues entre el miserable trajín de dar y quitar empleos, de favorecer a los cacicones, de perseguir al partido contrario y de mover, sólo por hacer ruido, los podridos telares de la Administración, fue creado en el seno de España un ser grande, eficaz y de robusta vida: la Guardia Civil.”

EPISODIOS NACIONALES (Bodas Reales-Capítulo XIII)Benito Pérez Galdós.

Dedicado a todos mis compañeros en el aniversario de la fundación de nuestra querida Institución,  pasados, presentes y futuros, que por unos escasos haberes se dejan literalmente la vida día a día por todo el territorio nacional y fuera del mismo; y en otras ocasiones tras habérsela arrebatado unos asesinos que hoy pasean disfrutando del mayor derecho inherente a todo ser humano y que éstos miserables no quisieron respetar: la vida.

- Fuentes primarias:

- MINISTERIO DE LA GUERRA.- Núm. 19.-Circular, 20 de febrero de 1867.

- El reclutamiento militar y sus implicaciones sociales en el marco de la Constitución de 1845. Martínez Ruiz, Enrique. Revista de derecho político, núm. 39 , 1995.

- Otras fuentes:

- La teórica universalización del servicio militar: la ley de 1912. Rivilla Marugán, Guillermo. Universidad de Valladolid.

- Episodios Nacionales (Bodas Reales-cap. XIII), Pérez Galdós, Benito.

Por Antonio Sánchez, Historiador y miembro de la Guardia Civil (A).


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