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Bruselas desmonta las medidas económicas estrella de Sánchez: pensiones y laboral

bruselas desmonta las medidas economicas estrella de sanchez pensiones y laboral

La Comisión dice que derogar la reforma de pensiones de Rajoy elevará el gasto público en 4,7 puntos del PIB hasta 2050 y que desmontar la reforma laboral podría lastrar el crecimiento

 La primera medida que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez tras la investidura de enero fue la de subir las pensiones con arreglo al IPC previsto para el conjunto del año. Dio así cumplimiento a una de las grandes promesas electorales del líder socialista: revalorizar las pensiones, al menos, tanto como suban los precios. Esta política garantiza a los pensionistas el mantenimiento del poder adquisitivo, e incluso algunas ganancias, pero tendrá un precio que recaerá sobre los jóvenes.

La Comisión Europea se ha desprendido de sus recatos habituales a la hora de advertir a un Gobierno de los riesgos de sus decisiones y esta vez ha sido muy clara con las grandes promesas de Sánchez. En el caso de las pensiones, garantizar el poder adquisitivo de los mayores, incluso por encima de lo que cotizaron, supondrá cargar este coste sobre los jóvenes. De ahí que Bruselas haya demandado medidas compensatorias que permitan repartir los costes entre generaciones. “En ausencia de medidas compensatorias, el significativo incremento del gasto en pensiones en el medio y largo plazo deteriorará la equidad intergeneracional”, señala la Comisión en el informe de España publicado el miércoles.

Bruselas estima que la revalorización de las pensiones con el IPC elevará el gasto en pensiones en unos cuatro puntos del PIB hasta 2050. Si se tiene en cuenta el PIB actual, esto significaría un aumento del gasto de casi 50.000 millones de euros en las próximas tres décadas (cifra que habrá que actualizar con la subida del IPC y el crecimiento económico). Para empezar, supone, por ejemplo, el doble de la recaudación que genera todo el impuesto sobre sociedades.

A esta cifra habría que añadirle la reducción del ahorro que suponía el factor de sostenibilidad, una medida que Sánchez ha prometido derogar. El factor de sostenibilidad ajusta cálculo de la pensión inicial al aumento de la esperanza de vida, de modo que penaliza la cuantía mensual de la prestación a medida que aumente el número de años que se percibirá.

La Comisión Europea estima que la derogación del factor de sostenibilidad tendrá un coste adicional de, “al menos”, 0,7 puntos del PIB a largo plazo. Esto es, si se tiene en cuenta el PIB actual, serían unos 9.000 millones de euros adicionales de gasto. Entre las dos medidas, serían más de 55.000 millones de gasto adicional en tres décadas.

Para Bruselas, estas dos promesas no solo suponen un quebradero de cabeza en cuanto a la presión que generarán sobre las cuentas públicas, también introducen una desafección generacional. El coste recaerá sobre los jóvenes, ya sea porque el gasto se financie con deuda (a pagar en el futuro) o con más impuestos.

Este incremento del gasto se produciría sobre la ya delicada situación de las cuentas públicas españolas. La Comisión Europea estima que España elevó su déficit estructural en dos décimas del PIB en 2019 (unos 2.500 millones de euros), superando por primera vez el 3% del PIB.

Este déficit estructural dificultará gravemente la reducción de la deuda pública. La Comisión estima que el endeudamiento se mantendrá por encima del 95% del PIB durante los próximos 10 años. Y eso teniendo en cuenta que España cumple con sus compromisos y comienza a reducir el déficit estructural. En el mejor de los casos, en una década, la deuda no bajará del 90% del PIB. A esta cuantía habría que añadirle el incremento del gasto en pensiones derivado de la derogación de la reforma de 2013. Un escenario muy peligroso para el futuro financiero del país.

Esta brecha generacional se agrava si se tiene en cuenta el escaso gasto social que realiza España para proteger a las familias con hijos de la pobreza. “La debilidad de los regímenes de garantía de ingresos y de las prestaciones familiares limita el efecto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza”, alerta la Comisión. Además, apunta a la paradoja de que España sea uno de los países europeos con menor tasa de natalidad pero que, al mismo tiempo, “las ayudas a las familias sigan siendo las más bajas de la Unión Europea”.

PELIGRO PARA EL EMPLEO

La Comisión Europea también ha mostrado su preocupación por la derogación de la reforma laboral que ha anunciado el Gobierno de Sánchez. Bruselas teme que el desmonte de las medidas tenga un efecto negativo sobre el mercado laboral, que, a día de hoy, sigue siendo el problema número uno de la economía española. Las previsiones apuntan a que 10 años después del inicio de la recuperación, la tasa de paro seguirá cerca del 13%, una situación que no tiene comparación en ningún otro país desarrollado del mundo.

La Comisión ha recordado al Gobierno que la reforma laboral aprobada entre los años 2012 y 2013 “ha jugado un importante papel promoviendo una recuperación rica en creación de empleo”. De ahí su preocupación por que el Ejecutivo vaya a tocar algo que, según sus cálculos, está funcionando.

Ante este escenario de derogación de la reforma laboral, Bruselas pide al Ejecutivo que, al menos, “cualquier nueva medida sea adoptada después de una evaluación rigurosa de su impacto potencial y que se preserven los logros de las reformas pasadas”. Esto es, que no se vuelvan a adoptar medidas sin una buena memoria económica, como ocurrió con las dos pasadas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI).

La Comisión también se ha pronunciado sobre la subida del SMI que ha anunciado el Ministerio de Trabajo, para llevarlo hasta el 60% del salario mediano. Bruselas reconoce que todavía no existen datos suficientes para valorar el impacto de la subida del salario mínimo de 2019, pero recuerda que solo tres países europeos están por encima del umbral del 60% del salario mediano y que todos ellos tienen una tasa de desempleo muy inferior a la de España.

Bruselas también ha alertado en su informe de España sobre la política de control de precios en el mercado inmobiliario. Una alerta que justo coincidió con la comparecencia del Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Congreso para exponer las líneas maestras de su política para los próximos cuatro años. Ábalos anunció que regulará los precios en las zonas tensionadas, una medida que puede generar resultados perversos, según el informe de la Comisión Europea. En concreto, Bruselas señala que “los controles de los alquileres pueden reducir la oferta de viviendas en alquiler a medio y largo plazo y tener efectos colaterales no deseados sobre los precios y la demanda en el mercado de la vivienda”. Esto es, si se intervienen los beneficios, la oferta podría frenarse.

LA REVOLUCIÓN FISCAL

El informe de la Comisión Europea no solo desmonta algunas de las promesas estrella del Gobierno, también pone la lupa sobre la propuesta fiscal de los partidos de la derecha. En concreto, entra de lleno en el debate que han planteado las comunidades del PP sobre la rebaja masiva de impuestos. Bruselas remarca el problema de recaudación que tiene España, con una brecha de presión fiscal de más de cinco puntos del PIB (podría financiar todo el déficit futuro de las pensiones).

Uno de los impuestos en los que existe brecha fiscal es el de patrimonio, como consecuencia de que algunas comunidades lo tienen bonificado. En concreto, la diferencia de recaudación es de tres décimas del PIB (unos 4.000 millones de euros anuales). La Comisión señala que es preferible que España grave el patrimonio preferentemente, por delante de las transacciones, ya que tiene una menor incidencia sobre la actividad económica (es más eficiente). Esto se aleja de la propuesta de los populares de bonificar el tributo en toda España.

Además, la Comisión Europea ha vuelto a remarcar la brecha fiscal que tiene España en el IVA, como consecuencia del “uso generalizado de los tipos reducidos y superreducidos”. Y también ha señalado que existe margen de mejora en la fiscalidad verde para aproximar el país a la media europea y para desincentivar las prácticas contaminantes.


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