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ESPAÑA EN LA VANGUARDIA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES: HUELGA DE LA CANADIENSE 1919

CANADIENSE

Desde la malintencionada “Leyenda Negra”, se ha estado vilipendiando a España desde la cultura anglosajona y centroeuropea; obviamente con la estrategia clara de  menospreciar los grandes logros militares, a la vez que en otros campos, de la nación española, lo cual no puede ocultar realidades mensurables e incomparables, teniendo en cuenta que la historia universal ha pasado por nuestro gran país durante más de dos siglos y medio, siendo escasísimos los  países pueden decir algo tan siquiera semejante.

En este artículo se pondrá de manifiesto que fue en España donde por primera vez en Europa, se establece el horario máximo de 8 horas por normativa entre los trabajadores, a partir de 1 de octubre de 1919 la jornada máxima sería de 8 horas al día y 48 a la semana.

Breve introducción

La Confederación Regional de Cataluña de la CNT celebró, en julio de 1918, el llamado Congreso de Sants que, aun con alcance limitado de Cataluña, tenía de hecho un significado Nacional, dado el decisivo peso del sindicato catalán en el conjunto de la CNT. En este Congreso se establecieron las  bases de una nueva estructura organizativa del sindicato, siguiendo el modelo de la CGT francesa, que a partir de este momento pasó a basarse en los sindicatos de industria -el sindicato único-, abandonando definitivamente la estructura por ramas de oficios que hasta entonces lo había caracterizado.

La nueva estructura organizativa quería ser una adaptación a las nuevas formas de desarrollo de la producción industrial. Juan Peiró, que se había ocupado de este tema en diferentes ocasiones, planteaba la cuestión de la siguiente manera:

”Si el  proceso del sindicalismo es paralelo al del desarrollo del capitalismo, dicho está que este mismo desarrollo determinará la estructura orgánica de aquél, es decir, de los sindicatos La concentración de todo el valor representado por el capitalismo, determinó la concentración de grandes masas obreras en los sindicatos de ramo e industria. El progresivo desarrollo del sentido de concentración del capitalismo, con tendencia cada día más vidente hacia el comunismo de intereses superpuesto a los diversos intereses individuales de industria, etc., tal vez mañana determine el abandono de la actual estructura sindical para sustituirla por la del verdadero Sindicato Único, en el que se acojan todos los trabajadores indistintamente.”

Este tipo de análisis fue el que condujo a la adopción de la estructura de sindicato único. Presentaba, sin embargo, una limitación que, años después, durante la Guerra Civil, cuando los sindicatos tuvieron que hacerse cargo de las empresas incautadas, tuvo consecuencias negativas: los sindicatos únicos sólo se organizaron a nivel local y regional, pero en cambio no se crearon, en general, Federaciones de Industria a nivel de todo el Estado hasta el año 1937, a pesar de que diferentes sectores de la CNT reclamaron en distintos momentos su constitución y, de hecho, los congresos confederales de 1931 y 1936 así lo habían acordado.

El conflicto de “La Canadiense”

Después del Congreso de Sants, la CNT catalana desarrolló una intensa campaña de afiliación y de organización de sindicatos que tuvo como resultado un enorme incremento de los efectivos cenetistas. A finales de año, la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña contaba con 345.000 afiliados y los sindicatos únicos se encontraban en pleno proceso de expansión entre los diferentes sectores de la industria.

Los trabajadores del ramo de Agua, Gas y Electricidad comenzaron a organizarse en ese período. A finales de febrero de 1919, la dirección de la principal empresa del sector, Riegos y Fuerza del Ebro, popularmente conocida como La Canadiense, intentó introducir algunos cambios en las condiciones laborales del personal de facturación que, en la práctica, representaban una disminución de sus salarios. Algunos no aceptaron la decisión y pidieron ayuda al Sindicato Único de Agua, Gas y Electricidad, entonces en proceso de constitución, lo que condujo al despido de ocho de ellos. El día 5 de febrero, el resto del personal de facturación inició un movimiento de solidaridad, declarándose en huelga de “brazos caídos”. La respuesta de la dirección fue despedir a 140 empleados de facturación, a los que se intentó sustituir con personal de otras secciones. Sin embargo, los servicios de producción y distribución se solidarizaron con sus compañeros y el día 8 de febrero la huelga en La Canadiense era casi total, al tiempo que una parte de los obreros de otra empresa del ramo, EEC, se incorporaban al movimiento de huelga.

El día 10 la dirección de la empresa lanzó un ultimátum a los huelguistas, al tiempo que acusaba a los sindicatos de manipular la huelga con finalidades revolucionarias. La tensión aumentó aún más al ser asesinado un cobrador de la compañía dos días después.

Finalmente, el 21 de febrero, todo el personal de las industrias eléctricas abandonó el trabajo, quedaron paralizadas las líneas de tranvías, los periódicos dejaron de publicarse y Barcelona quedó a oscuras. En las comarcas del entorno barcelonés el 70% de las fábricas vieron paralizado su funcionamiento al faltarles el fluido eléctrico tan necesario para su producción.

En este momento se inició la intervención del gobierno, presidido por Romanones, procediendo a la incautación de los servicios de la compañía y a la consiguiente militarización de los mismos. Miembros del cuerpo de Ingenieros y de la Armada consiguieron restablecer parcialmente el fluido eléctrico para la iluminación pública pero la negativa de los carreteros del puerto a transportar carbón empeoró la situación de nuevo. El día 27, los tranviarios, los obreros de la Sociedad General de Aguas, de la Compañía Gas Lebón y de la Catalana de Gas y Electricidad se sumaron a la huelga, finalmente días después lo hicieron los del Ferrocarril Sarriá-Barcelona y los de los Ferrocarriles de Cataluña.

El 9 de marzo el capitán general Milans del Bosch publicó un bando por el que militarizaba a los empleados del ramo de agua, gas y electricidad comprendidos  entre los 21 y 31 años, bajo la amenaza de cuatro años de presidio para aquellos que no acataran la orden. A pesar de ello la mayoría de los obreros no se incorporaron al trabajo, con el resultado de cerca de 3.000 detenidos, que fueron internados en el castillo de Montjuic. La situación se había convertido en explosiva y un movimiento de solidaridad amenazaba, además, con extenderse a otras zonas del Estado. Por otra parte, se corría grave riesgo de que las estaciones receptoras pudieran averiarse, ya que el personal militar no estaba en condiciones de poder sustituir durante mucho tiempo a los huelguistas.

Se imponía por tanto una resolución rápida del conflicto. Ante ello el gobierno tomó una doble resolución: por una parte, decretó el estado de guerra en la provincia de Barcelona; por otra y al mismo tiempo, decidió iniciar seriamente negociaciones con los sindicalistas. Para ello nombró gobernador civil a Carlos E. Montañés, antiguo ingeniero de .La Canadiense. y que contaba con las simpatías de los sectores catalanistas, al tiempo que enviaba al subsecretario de la Presidencia, José Morote, a entrevistarse con las partes implicadas, es decir, las autoridades, los representes de las empresas y el comité de huelga.

El día 17 de marzo llegó el acuerdo. Por el mismo debía ponerse en libertad a todos los detenidos por motivos sociales, se readmitiría a todos los huelguistas sin represalias de ningún tipo, habría un aumento general de los sueldos, se pagaría la mitad del importe de los jornales perdidos durante la huelga y se establecía la jornada máxima de ocho horas. Por La Canadiense. firmó el acuerdo E.R. Peacock, entonces presidente de la Barcelona Traction, vicepresidente de la Compañía Barcelonesa de Electricidad y de los Ferrocarriles de Cataluña y vocal del consejo de administración de Tranvías de Barcelona. Los aumentos de sueldo oscilaron entre el 60% en los niveles inferiores y el 10% en los superiores. Con ello se satisfacían todas las demandas obreras y el triunfo de los sindicalistas era total.

Pero el acuerdo entre los delegados gubernativos, la dirección de .La Canadiense y el comité de huelga debía ser ratificado por la asamblea de los huelguistas. Y ahí empezaron las dificultades. En la asamblea celebrada en la plaza de toros de Las Arenas en día 19 de marzo, con una asistencia de 20.000 trabajadores, los sectores más radicalizados exigieron como condición previa para la vuelta al trabajo la inmediata liberación de todos los detenidos. Solamente la autoridad moral de Salvador Seguí, el principal dirigente de la CNT catalana, consiguió forzar un acuerdo favorable a la vuelta al trabajo, aunque condicionado a que el gobierno liberara a todos los detenidos en un plazo de 72 horas; en caso contrario se declararía la huelga general.

El día 24 de marzo aún quedaban algunos obreros detenidos, sujetos a la jurisdicción militar (entre 8 y 34, según las fuentes). Al mediodía se interrumpió el suministro eléctrico y se declaró la huelga general. Unas horas después se proclamó el estado de guerra y el centro de la ciudad fue ocupado militarmente. Al día siguiente el gobierno suspendió las garantías constitucionales y la burguesía barcelonesa se movilizó en bloque, resucitando al viejo somatén y forzando la apertura de los comercios. Un intento del comité de huelga de negociar la reiniciación del trabajo fue radicalmente descartada por Montañés.

Entonces se inició una dura represión sobre los sindicalistas, con numerosas detenciones, algunas muertes y la suspensión judicial de todas las actividades de los sindicatos. La Federación Patronal de Barcelona amenazó, el día 9 de abril, con el recurso al lock-out. Poco a poco los trabajadores fueron incorporándose al trabajo. El día 14 la huelga prácticamente había terminado; el mismo día Montañés y el jefe de policía Doval dimitieron, al parecer por presiones del capitán general Milans del Bosch, y fueron enviados en tren a Madrid. Al día siguiente dimitió el gobierno de Romanones.

Durante los cuatro meses que siguieron a la huelga general (del 7 de abril al 13 de agosto), continuó la represión de los sindicalistas. El resultado de la misma, según Julio Amado, nuevo gobernador civil de Barcelona, se saldó con unos 70.000 despedidos y 43.000 detenidos, 15.000 de los cuales aún permanecían en prisión en el momento de la llegada de Amado.

A diferencia de la primera fase de la huelga, donde se consiguieron conquistas históricas de la clase obrera (como la jornada de ocho horas, siendo España el primer país europeo en que se estableció, por decreto de Romanones de 3 de abril de 1919, con efectos a partir del 1 de octubre de 1919), la segunda fue un fracaso total. En esto hay unanimidad de criterios y los mismos dirigentes cenetistas así lo valoraron. Manuel Buenacasa, que se encontraba entre los presos no liberados que motivaron la huelga general, la consideró como el mayor error táctico que pudo cometerse y otro destacado dirigente y prestigioso historiador del anarcosindicalismo señalará que:

“La huelga de La Canadiense. había sido nuestro Waterloo. Aquella huelga había empezado por ser un dechado de organización y de ejecución Y hubiese podido ser un triunfo completo de no habérsenos subido los humos a la cabeza. El empeño era demasiado ambicioso para triunfar totalmente. Hicieron cuestión de honor todas las llamadas fuerzas vivas. y las autoridades, comprendidas las militares. No pudiendo ir a la revolución hubo quizás coyunturas para una negociación decente, que nos permitiera conservar el prestigio y el físico.”

La forma de resolver el conflicto probablemente tampoco fue excesivamente del agrado de la dirección de La Canadiense. De hecho, el que era el verdadero hombre de la compañía. en las instancias políticas mediadoras en el conflicto, el ingeniero Carlos E. Montañés, fue una de las víctimas de la línea dura representada por el capitán general Milans del Bosch en alianza con los sectores más inflexibles y aterrorizados de la patronal barcelonesa. El triunfo de la línea dura seguramente tuvo que ver también con la nueva coyuntura económica, menos favorable que durante el período de la Primera Guerra Mundial, que hacia 1919 ya se estaba perfilando y que debió llevar al convencimiento a la patronal de la necesidad de frenar drásticamente el avance del pujante sindicalismo. Milans del Bosch fue su primer instrumento, a cuya actuación siguieron las represiones desencadenada por los sucesivos gobernadores, en especial el conde de Salvatierra y Martínez Anido.

En tal contexto surgieron los sangrientos episodios del “pistolerismo”, como un problema social grave (¿defensa o venganza?), tanto patronal como de los grupos de acción de la CNT, los lock-out y la represión indiscriminada de los sindicalistas, período que políticamente culminó en 1923 al instaurarse la Dictadura del general Primo de Rivera con el “beneplácito” del rey D. Alfonso XIII, con el apelativo de “dictadura con rey” o “dictadura militar de real orden”, con el apoyo de la burguesía y la pasividad, que no aceptación, del PSOE y UGT; siendo la CNT ( con una declaración de huelga general fracasada, lo que la empuja hacia su anulación y aislamiento) y el PCE (de escasa fuerza y articulación) los que se enfrentasen de forma más radical al golpe de Estado.

Fuentes

Conflictos laborales y política social de la empresa (1919-1939), capítulo IX, Vicenç Casals.

Otras abiertas.

    Por Antonio Sánchez, Historiador y miembro de la Guardia Civil (A).


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