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Condenada a 61 años cárcel la exjefa y asesina de ETA ‘Anboto’ por un atentado contra policías y otro en una entidad bancaria

Anboto

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a 61 años de cárcel a la exjefa y asesina de ETA María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto‘, por dos atentados. Uno, contra policías que vigilaban la entrada de las oficinas del DNI en Bilbao, cometido en enero de 1995, en el que murió un agente y otro resultó gravemente herido, y otro, contra una entidad bancaria de Gecho (País Vasco) en 1994.

En sendas sentencias, la Sala de lo Penal (Sección Tercera) condena Anboto por estos atentados ejecutados por el comando Itsasadar de la banda terrorista en ejecución de las órdenes impartidas por ella y con las armas que esta les facilitó.

Respecto al atentado contra los policías que vigilaban la entrada de las oficinas del DNI en Bilbao, el tribunal afirma que Anboto entregó a los miembros de ETA Agustín Almaraz y Aitor Fresnedo las armas con las que cometieron dicha acción el 13 de enero de 1995.

Según relata, los miembros de la banda terrorista se dirigieron a los policías nacionales que custodiaban las dos entradas de las oficinas de expedición de los documentos de identidad y pasaportes en Bilbao y dispararon contra el agente Rafael Leiva, que murió en el acto, y contra Domingo Durán, que sufrió heridas de gravedad.

Por estos hechos, la AN la ha condenado a 30 años de cárcel por delito de atentado terrorista con resultado de muerte y a otros 20 años por delito de asesinato frustrado.

Respecto al artefacto colocado el 14 de septiembre de 1994 en la fachada de un banco por miembros del comando Itasasadar, que causó diversos desperfectos en las viviendas cercanas, la AN considera probado que Soledad Iparraguirre, como jefa de los comandos de ETA, dio las órdenes y facilitó el material necesario para la comisión del atentado terrorista y le impone 11 años de cárcel como cooperadora necesaria de un delito de terrorismo.

La sentencia por el atentado contra agentes es la número 3/2021, dictada el 16 de marzo y notificada hoy.

La firman los magistrados Manuela Fernández Prado (presidenta y ponente), Teresa García Quesada y Ana Rubio Encinas.

La resolución por el atentado contra el banco es la número 2/2021, dictada el 2 marzo y notificada también hoy.

La firman los magistrados Carolina Rius Alarcos (presidenta), María Teresa García Quesada (ponente), y Ana María Rubio Encías.

Contra ambas cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El pasado mes de julio, Anboto también fue condenada a 122 años de prisión por dar la orden de asesinar al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado el 22 de diciembre de 1995 en León, mediante la explosión de una bomba lapa adosada bajo el asiento de su vehículo, y por suministrar el material explosivo para cometerlo.

Esta condena es firme. El Tribunal Supremo la confirmó en febrero.

Fue el primer juicio al que se enfrentó en España tras ser entregada por Francia, donde estuvo 16 años en prisión por pertenencia a organización terrorista.

Iparraguirre fue detenida en Francia en octubre de 2004 junto a su pareja, el que por entonces era máximo responsable del aparato político de la banda terrorista, Mikel Albisu, alias ‘Mikel Antza’.

Éste último quedó en libertad el pasado enero tras cumplir como ella casi dos décadas de prisión por integración en organización terrorista.

Anboto tiene otras causas pendientes y en las que está procesada, que incluyen desde asesinatos a instrucciones para atentar o entregas de armamento.

Para el 17 de marzo estaba previsto el juicio en la Audiencia Nacional por presuntamente dar instrucciones para atentar contra el Rey Juan Carlos I en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997, atentado que resultó frustrado gracias a la intervención de un ertzaina que fue asesinado.

El asesino etarra Eneko Gogeaskoetxea fue condenado por este caso a 92 años.

El tribunal ha acordado aplazar la vista para examinar la solicitud realizada por la defensa a última hora -justo antes de que comenzara- de que se practique nueva prueba.

De momento, no se ha fijado fecha para retomar la celebración del juicio, por el que la Fiscalía solicita 27 años de prisión por un delito contra la Corona con finalidad terrorista y otro de depósito de armas de guerra.


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