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La Audiencia Nacional impide que casi 60 condenados por terrorismo eludan pagar las indemnizaciones

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Los condenados por terrorismo de ETA no podrán eludir la responsabilidad civil que les impuso la justicia por sus actos delictivos. La Audiencia Nacional acordó en su sesión plenaria del pasado 6 de julio establecer el año 2020 como "tope máximo" para que prescriban las ejecuciones de las indemnizaciones que fueron impuestas a casi 60 condenados por delitos de terrorismo antes de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2015.

Tras el intento de varias personas condenadas por delitos de terrorismo -tanto autores de atentados terroristas como de acciones de kale borroka- de evitar pagar al Estado la responsabilidad civil que se les impuso por sus acciones, alegando la prescripción de la misma, el pleno de la Audiencia acordó aplicar los argumentos esgrimidos en un auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que rechazó declarar prescrita la responsabilidad impuesta a un condenado por terrorismo por atacar un cajero en Getxo (Vizcaya) el 15 de marzo de 2002.

Tomando como referencia este auto, fechado el pasado 3 de julio y al que tuvo acceso este diario, todos los casos con sentencias firmes condenatorias previas a 2015 no prescribirán hasta 2020. En esta resolución en cuestión, la Sección Segunda, presidida por la magistrada María José Rodríguez Duplá y con el juez Ángel Hurtado como redactor del auto -ponente-, consideró que la responsabilidad civil derivada del delito enjuiciado no había prescrito. Se trata de la causa contra Jon Etxegarai Begoña, que mantiene una deuda de 16.221 euros.

La representación legal del acusado, cuya sentencia condenatoria firme data del 3 de mayo de 2012, alegó que, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2015, la ejecución de la responsabilidad civil de una sentencia firme prescribe a los cinco años. Lo que significa que habría prescrito para su defendido.

Antes de esta modificación, el periodo de prescripción eran 15 años y con la reforma se redujo a cinco. Sin embargo, el tribunal, con el visto bueno del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, reconoció "más acertada" mantener la alternativa de los 15 años, aunque "con una serie de precisiones".

Los cinco magistrados que conforman esta Sección consideraron que al existir un nuevo plazo con la reforma de la Ley, "los 15 años no se ha de entender en sentido literal de que transcurran en su integridad". Es por ello que, teniendo en cuenta la entrada en vigor de esta modificación -7 de octubre de 2015-, establecieron el 7 de octubre de 2020 como "tope máximo" de cinco años para que prescriban las ejecuciones de las responsabilidades civiles impuestas antes de 2015.

Así, en el caso de Etxegarai, "al no haber transcurrido, a día de hoy, esos cinco años, es por lo que decimos que no está prescrita la responsabilidad civil que resulta de la sentencia", según advierten los jueces.

El pasado mes de mayo, la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia, intervino bienes muebles e inmuebles de más de 50 personas y bloqueó más de 45 cuentas bancarias, en el marco de la Operación Zergo. En total, se intervino propiedades a 57 etarras, cuya deuda contraída con el Estado asciende a ocho millones de euros.


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