NO ACELERES, ELISA

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canto elisa antena

La periodista Elisa Beni, ha publicado un artículo en el diario.es, titulado “ECHA EL FRENO, MARLASKA”, por el título podría parecer que se dirige al Ministro de Interior, nada más lejos de la realidad, el artículo lo que de verdad esconde es todo un alegato para arremeter, no contra el ministro, más bien para cuestionar y criticar la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado y sus actuaciones en relación a quienes se saltan el confinamiento.

Me atrevo a escribir esto, sabiendo que tendré que sufrir la falta de educación de la periodista, como suele hacer en cualquier tertulia en la que participa, cuando grita, corta, discute y no deja hablar a quién discrepa con ella o pone en entredicho su discurso.

Todos conocemos a alguien que, sin saber nada de nada, se las da de conocedor de todo, alguien que como Elisa, sin saber exactamente las funciones y competencias de las Fuerzas de Seguridad del Estado en general y las concretas derivadas de esta crisis sanitaria en particular, se atreve a arremeter contra los agentes que cada día salen a la calle, jugándose su salud y la de sus familias, para que ella pueda cuestionarlos desde la seguridad de su hogar y el resto de la sociedad pueda permanecer a salvo de la pandemia. Funciones y competencias que la periodista al parecer desconoce que están delimitadas y estipuladas en normas, órdenes, leyes y reales decretos, y que dejan claro que deben hacer y cuáles son las competencias en cada caso de los distintos cuerpos policiales.

Dice Elisa, que el pulso se le está acelerando al ministro, para dejar caer inmediatamente que quienes se le están acelerando e incluso asegurando que estarían echándole un pulso, son sus subordinados.

Quizás desconoce la periodista que los miembros de las Fuerzas de Seguridad tienen claro cuáles son sus competencias, cuales sus cometidos y siempre se mantienen dentro del Estado de Derecho y de ese “binomio de eficacia-derechos”, al que apela la periodista.

Es incierto que policías y guardias civiles no estén respetando los derechos y libertades de los ciudadanos, ni que estén subvirtiendo la legislación vigente respecto al confinamiento, ni por supuesto que los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se estén inventando una legislación paralela.

El Real decreto sobre el estado de alarma especifica claramente en su Artículo 5.2. que ”Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo”.

Pero además incluso las sanciones, que recuerdo a la periodista que no las deciden los agentes, están estipuladas, el Artículo 20. Régimen sancionador, mantiene que “El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.” Todo claro, todo regulado, cristalino. 

Son acusaciones muy graves, que imagino alguien tendría que investigar de ser ciertas, o hacerlo igualmente si no lo son, acusaciones que reitera una y otra vez en su artículo, como las que mantiene cuando se refiere a la constatación “de un abuso -ni siquiera dice que es supuesto, dejando caer que es cierto- que se está haciendo intentando considerar como delictivas las rupturas del confinamiento que sólo pueden constituir infracciones administrativas. Aunque se reincida”, debería conocer la experta en funciones y formas de actuación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que tanto Guardia Civil, como Policía Nacional o cualquiera de las policías autonómicas o locales, tan solo denuncian los hechos, las sanciones y la calificación delictiva les corresponden a otros y no, no es a los periodistas.

Y sí Elisa, todos sabemos que si te multan tres veces en el mismo semáforo no has cometido un delito, por mucho que estuvieras advertido, simplemente eres idiota, pero si que se detiene al que se salta el semáforo cuando se produce resistencia a la autoridad en el momento de ser denunciado, aunque sea la primera denuncia, ¿por qué hay que actuar de otra forma ahora?

Mantiene la periodista que los agentes se inventan un código penal paralelo, para decir en el mismo artículo que “El decreto de alarma habla claramente de vías y espacio de uso público” y que “eso es un concepto legal asentado, del derecho administrativo. Ni las terrazas, ni las azoteas, ni las escaleras de los edificios entran en ese concepto legal que es el aprobado por el Gobierno y refrendado por las Cortes”, para preguntarse después “¿Qué hacen las policías de Marlaska legislando por su cuenta?”.

En principio los policías no legislan por su cuenta, respetan, cumplen y hacen cumplir y respetar las leyes, entre otras, las estipuladas por el Gobierno para acometer esta pandemia, pero también están realizando una ingente cantidad de servicios humanitarios, miente una vez más la periodista, ya que evidentemente las terrazas y azoteas particulares, no son públicas, pero terrazas, jardines, piscinas y azoteas de un edificio de pisos o de una urbanización, pertenecen a toda la comunidad y por lo tanto son de uso público y en esos espacios de uso común, Elisa, no se puede estar, ni sólo ni acompañado, ya lo dice la ampliación del Real Decreto de Alarma del 17 de marzo, tres días después del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, “Se añade a la limitación de la libertad de circulación por las vías de uso público otros espacios de uso público”, nadie pasa sin una orden judicial a un domicilio particular, y la periodista lo sabe, ya que como “experta” en el ámbito judicial que dice ser, este pequeño detalle no se le habría escapado.

Tampoco son los agentes los que califican los delitos, al inicio del expediente sancionador los agentes, al denunciar, describen los hechos, no realizan un calificación jurídica, realizan la denuncia que no es más que el inicio del procedimiento que luego hay que sustanciar y que puede terminar en una sanción, o no, sanciones que además pueden ser recurridas, no sé dónde ve Elisa Beni “un retroceso enorme del Estado de Derecho”, simplemente por aplicar la ley, son los Tribunales de Justicia los que determinan si los hechos son constitutivos de delito o no, por ejemplo, en cuanto a los delitos de odio, que tanto menciona la periodista en su artículo y donde cuestiona directamente a la responsable de la Policía cuando esta advierte que se va a investigar como presuntos autores de delitos de odio a aquellos que muestren signos de rechazo a los sanitarios, o cuando da a entender que los guardias civiles que detienen al irresponsable de Torrevieja, se extralimitaron o cuando objeta que el Juez de Instrucción le haya puesto una medida de destierro y haya retirado el pasaporte al imbécil y hasta arremete contra el fiscal que al parecer, según ella, ha permitido la injusticia.

Y en su alegato mantiene Elisa que tan sólo son delitos de odio el “lanzar mensajes incendiarios contra colectivos vulnerables (gitanos, homosexuales, inmigrantes, menas)” y se equivoca una vez más, ya que si bien la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, en su artículo 1.1 limita su objeto a los delitos cometidos contra las personas o grupos definidos en relación a su raza, color, religión, ascendencia, origen nacional o étnico, el legislador español, al transponer la misma, amplia el grupo de sujetos que, por sus características, reales o percibidas, pueden ser objeto de delitos por discriminación, en este caso por qué no los sanitarios que luchan contra el coronavirus y los enfermos por COVID-19, que son señalados, estigmatizados y criminalizados por algunos de sus vecinos como si fuesen auténticos leprosos, por lo tanto en estos casos, como en otros muchos, ante la denuncia el agente iniciará el expediente y el Juez determinará si es o no delito de odio.

Y por último, no es cierto que salgan los agentes a buscar "mentiras" con fines policiales, cumplen su misión, la que tienen encomendada, hacer cumplir las leyes, y lo hacen en este caso de crisis sanitaria atendiendo a la propia ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio de 1981 que prevé en su artículo 10 que “el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes, y por su parte el Real Decreto del pasado 14 de febrero se remite a la Ley de Seguridad Ciudadana”, como tampoco se dedican, como acusa la periodista, a realizar "discursos peligrosos", de eso y de las mentiras ya se encargan otros, también algunos periodistas.

Antonio Mancera Cárdenas

Guardia Civil retirado

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