La Guardia Civil ante el COVID–19: Deber inicial y consecuencias disciplinarias de su inobservancia

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graciela abogado

En los días que atraviesa nuestro país a consecuencia del COVID – 19 se nos hace aún difícil asimilar que nos encontremos en el marco de un estado de alarma como el instaurado a raíz del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020.

El estado de alarma, contemplado en nuestra Constitución en su art. 116 y regulado en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, y más allá de la crisis de los controladores aéreos del año 2010, parecía algo remoto o de casi imposible aplicación nuevamente.

Así las cosas, y centrándonos en la materia que nos ocupa, debemos retrotraernos al Reglamento para el servicio de la Guardia Civil del año 1844, en que se previó en su art. 32, la obligación genérica del Guardia Civil de cuidar y proteger a cualquier persona que se viera en algún peligro o desgracia, ya prestando el auxilio necesario o facilitando el socorro que estuviere a su alcance, prestando en suma, del mejor modo que le fuere posible todo servicio que pudiera conducir al objeto y realce de la institución esencialmente benéfica y protectora.

Es sin embargo un año más tarde (1845), en que la Cartilla del Guardia Civil hace expresa referencia a los escenarios de calamidades, disponiendo la obligación de todo miembro del Cuerpo a prestar cuantos auxilios estuvieran a su alcance, a los que se vieren envueltos en dichos males.

Ambos preceptos fueron y son, el punto de partida de la actual actuación del Cuerpo en estos supuestos, del que se ha hecho eco el legislador actual, y que constituyen la razón de ser de la actuación de la Guardia Civil (y con ella, el resto de FFCCSS), en una tragedia de tan extraordinario alcance como la que ha supuesto el virus COVID – 19.

Es en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, en que se recoge expresamente en su art. 20 el deber de cooperación en caso de catástrofe, disponiéndose expresamente que en los casos de declaración de los estados de alarma, excepción o sitio, o en los casos de alteraciones graves de la seguridad ciudadana, los Guardias Civiles habrán de presentarse en su dependencia de destino o en la más próxima, y ponerse a disposición inmediata de las autoridades correspondientes.

Por su parte, la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, prevé expresamente y como falta muy grave en su art. 7.11, el incumplimiento por parte del Guardia Civil del deber impuesto por el art. 20 de la LO 11/2007 anteriormente expuesto.

Me resulta muy difícil imaginar que en las circunstancias actuales cualquier miembro de la Guardia Civil pudiese incurrir en la falta muy grave del art. 7.11, pero lo cierto es que el legislador del año 2007 no quiso dejar pasar la oportunidad de prever esa situación, catalogando por tanto como muy grave, el incumplimiento de ponerse a disposición inmediata de las autoridades correspondientes y de presentarse en su dependencia de destino o en la más próxima en el supuesto entre otros, de la declaración del estado de alarma.

En el régimen disciplinario anterior (el contemplado en la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, y hoy derogado y sustituido por el de la Ley Orgánica 12/2007), no se recogió expresamente el incumplimiento de estos deberes para el supuesto de la declaración del estado de alarma, pero lo cierto es que su art. 9. 3 disponía como falta muy grave que podía dar lugar a la incoación de un expediente gubernativo: “no prestar con urgencia el auxilio debido en aquellos hechos o circunstancias graves en que sea obligada su actuación”.

A fecha del presente, la interpretación que el TS realiza de dicha falta grave del art. 9.3 nos puede servir de apoyo a la hora de interpretar el contenido de la falta muy grave del art. 7.11 del actual régimen disciplinario, relativa al incumplimiento de ponerse a disposición con carácter inmediato ante la autoridad correspondiente, en los supuestos de declaración del estado de alarma.

En interpretación de dicho art. 9.3, la Sala Quinta de lo Militar de nuestro Tribunal Supremo salió al paso en su sentencia de 18 de junio de 2001 (Rec. 92/2000), para puntualizar que: la conducta típica viene dada por la falta de prontitud, la falta de inmediata respuesta, ante unos hechos en que se está obligado a acudir y actuar, y que la urgencia por su parte, implica inmediatez, el auxilio la ayuda o socorro en orden a remediar la situación producida, siendo en particular el auxilio obligado por conciencia moral, por oficio o por profesión, debiendo ser los hechos o circunstancias de carácter grave.

Asimismo, la referida sentencia recuerda que el reglamento de la Benemérita dispone que es misión esencial de la misma el velar por las personas y propiedades, y el art. 2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establece que llevarán a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana.

GRACIELA RODRIGUEZ

Abogado, Col. nº 818, ICA Santa Cruz de La Palma

https://gracielarodriguezblog.wordpress.com/

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