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Recelos en Interior por las actuaciones del Ejército que invaden las competencias de las Fuerzas de Seguridad

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Marlaska impidió que los militares repartieran mascarillas ayer en Madrid, pero prefiere que no trasciendan las disputas con Robles en este momento de la crisis. Fuentes policiales advierten de que los militares no pueden detener ni sancionar

Los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, mantienen algunas discrepancias sobre el papel que debe tener cada uno de sus ministerios en la lucha contra la pandemia.

La última, en Madrid, con motivo de la distribución de mascarillas a la población, una operación con complicaciones logísticas, ya que eran muchísimos los puntos a los que debía llegar el material para su entrega a los ciudadanos. La decisión final para todo el territorio fue que Interior se encargara de ello, con la dirección de Protección Civil y en coordinación con las delegaciones del Gobierno. Los militares, esta vez, se quedaban fuera.

El Ejecutivo decidió que, en la medida de lo posible, por la escasez de personal, fueran miembros de Protección Civil y Cruz Roja los encargado de repartir las mascarillas a los ciudadanos. Las Fuerzas de Seguridad y los policías locales, por su parte, estarían desplegadas en los puntos de reparto para evitar aglomeraciones o cualquier imprevisto.

No obstante, cuando con esos medios no se pudiera hacer frente a todo el despliegue diseñado, tanto las policías locales, como la Policía Nacional y la Guardia Civil suplirían esas carencias. De hecho, así sucedió ayer en Madrid y fueron numerosos los agentes de todos estos Cuerpos de Seguridad los que tuvieron que hacer esta labor.

El fin de semana, en la capital surgió el debate de si el Ejército debía colaborar en la distribución del material, lo que rechazó de plano el Ministerio del Interior. Desde ese Departamento se ha visto con «inquietud» cómo Defensa ha aprovechado la crisis para dar a conocer a la sociedad todas sus capacidades y potenciar la imagen del Ejército al servicio de la sociedad. La encuesta de GAD 3 publicada ayer por ABC era un buen reflejo de que esta operación paralela –y legítima– es un éxito, ya que en las Comunidades a priori más reacias a las Fuerzas Armadas, como Cataluña o el País Vasco, tienen una buena aceptación, de un 75 por ciento en la primera y hasta de un 85 en la segunda. No llegan a los porcentajes de la Policía y la Guardia Civil, los más valorados después de los sanitarios, pero se sitúan inmediatamente por debajo.

Todas las fuentes de Interior consultadas por ABC valoran mucho el trabajo del Ejército en esta crisis y lo califican de «imprescindible». Piensan así de todas las unidades desplegadas, pero muy particularmente la labor diaria de la Unidad Militar de Emergencias. Ahora bien, desconfían de la «excesiva» exposición mediática diseñada por el Ministerio de Defensa –«da la impresión de que tratan de justificar su presupuesto ante colectivos que lo ven desmesurado»–, muy particularmente cuando se da la impresión de que los militares entran en ámbitos propios de las Fuerzas de Seguridad.

«Ha habido cosas que no han sido correctas –explican las fuentes–. En una rueda de prensa un periodista preguntó a la Guardia Civil por qué no se había visto aún en un pueblo muy pequeño patrullas de la Benemérita. Poco después, una sección del Ejército se presentaba en esa localidad. Lo primero: el Ejército no está autorizado para hacer patrullas; y lo segundo, cuando pase todo esto y sea necesario volver porque se haya producido algún problema de seguridad, ¿van a ir los militares?».

Otras fuentes insisten en la misma idea. «Cada uno tenemos nuestras competencias, y entre las de las Fuerzas Armadas no está el orden público. Ir con vehículos militares y un megáfono por los pueblos y ciudades pidiendo a la gente que se recluya en su casa es invadir competencias. No son especialistas en el trato al ciudadano, ni pueden detener ni sancionar... Por no poder, no pueden ni pedir documentación, y lo han hecho en ocasiones. A veces han actuado y ha habido que auxiliarles, porque no dominan la materia, como es normal. A las Fuerzas de Seguridad nos pasa lo mismo respecto a sus capacidades».

Algunas fotografías, particularmente, han provocado malestar: «¿Qué hacían soldados vigilando la estación de Atocha? Su trabajo es la desinfección; la nuestra, mantener la seguridad. Y por el bien de todos es mejor que siga siendo así», insisten las fuentes de Interior. Marlaska, no obstante, prefiere que no trascienda públicamente el malestar, aunque es ya un secreto a voces. «De momento, se va a seguir utilizando la mano izquierda; no es momento de divisiones», precisan en esos medios consultados.

La mayoría ven en estos «excesos» una disputa velada por ver «quién sale más en la foto», pero se atribuye más a la cúpula política de Defensa que a los profesionales. En estas condiciones, las patrullas conjuntas, anunciadas pero no puestas en marcha, parecen una quimera. El mayor escollo es quién las manda: «No es un problema de graduación, sino de competencias; solo las pueden mandar o policías o guardias civiles, que sí son policía judicial, independientemente de su graduación. Y para los militares aceptar eso es muy duro».

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