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La Audiencia Nacional desestima las acusaciones «gratuitas» de agrupaciones profesionales a la Dirección General de la Guardia Civil

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La Audiencia Nacional ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por asociaciones profesionales de la Guardia Civil para que laDirección General entregase equipos de protección y realizase las pruebas de detección del coronavirus a todos los agentes que se encuentren prestando servicio activo de protección y seguridad y otros cometidos asignados a este Cuerpo dentro de su ámbito competencial.​

En un auto, la Sala de lo Social destaca que no se ha acreditado por parte de quienes insta las medidas cautelares de «las graves aseveraciones que contienen de forma genérica y que, por otro lado, quedan prácticamente desvirtuadas» por la documental aportada por la Abogacía del Estado.

La documentación aportada por la Abogacía del estado acredita que desde finales de enero por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, se está desarrollando una actividad preventiva, encaminada a evaluar los riesgos de las diferentes unidades en atención a los riesgos a que se exponen los agentes en cada una de ellas, así como las gestiones necesarias para el acopio de recursos preventivos en una situación mundial de desabastecimiento para paliar los riesgos de exposición al Covid 19, «habiendo dado cumplida cuenta del material de que se dispone y de los criterios adoptados para su uso».​

«Difícilmente puede apreciarse la actitud de inobservancia de la normativa en materia de seguridad y salud laboral que, de forma un tanto gratuita», imputaban distintas asociaciones profesionales de la Guardia Civil que pedían las medidas cautelares a la Dirección General del Instituto Armado.​

SALUD PÚBLICA COLECTIVA

Además, dice la Sala, la medida que se solicita relativa a la entrega de los EPIs y la realización de los test de forma indiscriminada a todos los agentes que se encuentren en servicio activo en seguridad ciudadana, «lejos de mitigar el riesgo de retardo, lo acrecienta, poniendo, a juicio de esta Sala, en peligro un bien jurídico superior y trascendente al que se pretende proteger con la futura demanda, cual es la salud pública de la sociedad en su conjunto».​

«En efecto -señalan los magistrados-, ante una situación de notoria y conocida escasez de recursos preventivos y de test diagnósticos eficaces para la detección del Covid 19, producida por el alcance mundial de los contagios producidos por el patógeno vírico, la pretensión de la parte, amén de trascender las competencias de la Dirección General de la Guardia Civil pone en peligro el uso racional que de los recursos disponibles debe efectuar por la propia Dirección General con relación a su plantilla así como las prioridades que al respecto puedan efectuarse por las autoridades sanitarias, en orden a la práctica de los test, para garantizar la salud colectiva»​.

En otro auto, la Sala rechaza igualmente la medida cautelar solicitada por sindicatos policiales para que se realicen de forma urgente test de detección rápida a los funcionarios de la Policía Nacional. Añadiendo además, respecto a su petición de que dicha medida se extienda al resto de cuerpos policiales y a la Guardia Civil, los magistrados estiman una falta de legitimación del sindicato para solicitar la ampliación de dicha medida al resto de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.


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