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El CGPJ advierte a las Comunidades que no se puede enviar a los funcionarios a casa

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Recuerda que se deben cumplir los servicios esenciales fijados tras el estado de alarma

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha lanzado hoy una advertencia a todas aquellas comunidades que incumplan la orden de mantener unos servicios esenciales en la Administración de Justicia. Concretamente se refiere a Cataluña. Según fuentes del órgano de los jueces, han tenido conocimiento de una instrucción aprobada por el Gobierno catalán por la que se permite que todos los funcionarios se queden en sus domicilios y sólo acudirán a los juzgados en caso de ser necesarios.Además, estas mismas fuentes sostienen que hay otra comunidades autónomas como Andalucía o la Comunidad Valenciana que estarían sopesando hacer lo mismo, es decir implanar un “régimen de disponibilidad” y no presencial, lo que supondría quebrantar el protocolo establecido tras el estado de alarma.

A esto se añade que algunas asociaciones profesionales de jueces y magistrados y fiscales han realizado comunicados condicionando la prestación de los servicios esenciales a la obtención previa de medios de protección individual y colectiva. Por esta misma razón, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, envió esta semana una carta instando a los fiscales a seguir trabajando y advertir que la declaración el estado de alarma no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado.

Ante esta situación, el órgano que preside Carlos Lesmes ha querido emitir un comunicado recordando el gran esfuerzo que está haciendo el personal sanitario, el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, entre otros, en el servicio público; y en el privado, tantas personas que trabajan en servicios esenciales, como el transporte, la alimentación, que aseguran el abastecimiento, farmacias, y tantos otros.

“No puede ser suspendido”

“En este contexto, la actuación de los jueces es no solo expresión de uno de los Poderes del Estado, sino el garante último de los derechos de los ciudadanos en toda circunstancia, muy especialmente en la actual del estado de alarma y, por tanto, constituye un servicio esencial a la comunidad que no puede ser suspendido ni gravemente limitado”, advierte.

Para aquellos que quieren suspender completamente el funcionamiento de los juzgados, el CGPJ reprocha que “es precisamente en los momentos de crisis cuando a cada cual le corresponde cumplir su compromiso con los demás”. Considera que “es el momento de dar, ser y demostrar la medida de nosotros mismos. Ni la Administración de Justicia ni sus servidores estamos eximidos de ese compromiso y es ahora, más que nunca, cuando se nos debe exigir un ejercicio de responsabilidad”.

“No se contempla el abandono”

La Comisión Permanente insiste a todos los jueces y otros profesionales de la Administración de Justicia que el estado de alarma no contempla “ en modo alguno el abandono de los servicios públicos y menos aún el propio de la Administración de Justicia, al que se hace específica referencia en relación con determinados servicios esenciales”.

Para poder cumpir este mandato, el Consejo recuerda que se debe facilitar los medios personales y materiales por parte de la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas con competencia para que el Poder Judicial cumpla la tarea que tiene constitucionalmente asignada”.

La Administración no puede impedirlo

“En el cumplimiento de esa función, la Administración prestacional no puede, ni de manera directa ni indirecta, impedir o desactivar los acuerdos adoptados por el órgano de gobierno del Poder Judicial establecido en la Constitución Española para asegurar la prestación del servicio que dicho poder tiene encomendado”, añade.

Considera que el permitir que los funcionarios abandonen sus puestos de trabajo en juzgados y tribunales “en estos momentos cruciales impediría, en la práctica, la efectiva apertura de los órganos judiciales, así como la correcta prestación de los servicios esenciales previstos en los acuerdos del CGPJ”.

De llevarse a cabo, supondría, a juicio del órgano que preside Lesmes, un “grave menoscabo” para la integridad de los derechos de los ciudadanos y socava igualmente la igualdad de sus derechos en todo el territorio nacional, “al hacer inefectiva en la práctica la tutela que para la protección de esos derechos han de prestar los jueces”.

Por eso, la Comisión Permanente del CGPJ exige a las Administraciones con competencia en medios personales y materiales de la Administración de Justicia y a todos sus servidores públicos “que se abstengan de adoptar medidas que, directa o indirectamente, impidan o dificulten el cumplimiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia definidos en los acuerdos adoptados”.


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