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Condenan a cuatro ex-miembros de la Mesa del Parlamento catalán por desobedecer al TC al tramitar las leyes del 1-O

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Absuelve a la ex diputada de la CUP Mireia Boya quien también se sentó en el banquillo por el mismo delito

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condenado a 20 meses de inhabilitación especial para cargo público electo de cualquier ámbito y a pagar una multa de 30.000 euros a los ex miembros de la Mesa del Parlament. Lluís M. Corominas, Anna Simó, Ramona M. Barrufet y Lluís Guinó por desobedecer las órdenes del Tribunal Constitucional y tramitar las leyes que desembocaron en la celebración del referéndum independentista del 1-O. La sentencia también les impone el pago de una décima parte de las costas del proceso judicial.

Por otro lado, el TSJC absuelve a la ex diputada de la CUP, Mireia Boya, también procesada, ya considera que podía intervenir y amparar esta tramitación sin que se considere una desobediencia, ya que el delito sólo lo puede cometer una autoridad, ni fue advertida nominalmente por el Constitucional como el resto de condenados. "Será preciso, además, que la autoridad o funcionario público tenga un dominio funcional del hecho, que ostente una posición de control sobre los riesgos de lesión del bien jurídico tutelado" señala el tribunal que recuerda que se debe pedir "que se encuentre en disposición de cumplir o, por lo menos, de impedir u obstaculizar el cumplimiento de lo que se ordena en la resolución judicial, bien porque sea el destinatario de la misma bien porque, aun no siéndolo, sea el competente para llevarlo a cabo por razón de la materia u objeto de que se trate".

La sentencia remarca que los condenados no hicieron caso de las advertencias de que su actuación como representantes de la Mesa del Parlament, por Junts Pel Sí, de permitir el debate y votación de estas leyes podría ser delito pero siguieron adelante.

La resolución judicial todavía no es firme y podría acarrear la pérdida de la condición de diputado para Lluís Guinó, el único de los condenados que tiene escaño en el Parlament. La sentencia resalta que la desobediencia de los miembros independentistas de la Mesa "puede calificarse, sin discusión, de manifiestamente contumaz, obstinada, recalcitrante y persistente y, por lo mismo, de abiertamente opuesta a las prescripciones del Tribunal Constitucional". Los magistrados remarcan que cometieron el delito al admitir a trámite iniciativas parlamentarias con las que "se pretendía a las claras" desarrollar la declaración de ruptura del 9N, "culminando" con las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica aprobadas los días 6 y 7 de septiembre en el Parlament, "mediante la convocatoria de un referéndum ilegal y el advenimiento de un nuevo estado en forma de república".

La causa por la tramitación parlamentaria de las leyes del "procés" estuvo inicialmente en manos del Supremo, que decidió desgajarla del sumario abierto por rebelión contra los líderes independentistas, al entender que era el TSJC el competente para enjuiciar a los exdiputados por su desobediencia al Constitucional. Otro investigado por desobediencia, el ahora diputado de ERC en el Congreso Joan Josep Nuet, miembro de la Mesa de Catalunya Sí que es Pot (SQP) cuando el Parlament aprobó las leyes de desconexió, será juzgado por el Supremo, dada su condición de aforado ante ese tribunal por su escaño en las Cortes.

Tras conocerse la sentencia, el presidente del Parlament, Roger Torrent, afirmó que es un "nuevo ataque al parlamentarismo y a la libertad de expresión". y añadió que "debatir, hablar y discutir libremente sobre cualquier tema en sede parlamentaria no es un delito, es un derecho". El PDeCAT señaló que "nunca se pueden limitar los derechos de los diputados a hacer su trabajo, que es el de representar a los ciudadanos. Se condenan a unos diputados elegidos democráticamente por hacer lo que deben hacer. De nuevo, todo el castigo y ningún diálogo".

La CUP cree que la sentencia "forma parte de una causa general contra el independentismo y es un proceso claramente político. Los procedimientos están vinculados a la toma de decisiones para permitir el ejercicio del derecho a la autodeterminación o a la expresión de ideas vinculadas". Además indican que la absolución de su ex diputada Mireia Boya no puede esconder que el juicio no debería haberse celebrado. Por eso instan a hacer efectivo el acuerdo parlamentario para la autodeterminación, la amnistía y los derechos civiles y políticos.


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