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La Fiscalía pide tres años de cárcel para dos concejales por expulsar de los hoteles a medio millar de policías del 1-O

EXPUSION POLICIAS HOTEL PINEDA

Amenazaron con cerrar los establecimientos si no echaban a los agentes tras las cargas policiales

«A mi me da igual, yo soy el que manda, y haré todo lo que tenga que hacer para cerrarle los hoteles». Con este aire despótico el teniente de alcalde de Pineda de Mar (Barcelona) Jordi Masnou trató de amedrentar, según la Fiscalía, a los responsables de dos hoteles que acogían a medio millar de los policías nacionales desplazados a Cataluña para abortar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Los agentes acabaron marchando, pero más de tres años después de aquellos acontecimientos, el aun edil socialista se tendrá que enfrentar, en un juicio todavía sin fecha, a una pena de tres años de cárcel que reclama la Fiscalía por coacciones. La misma pena –por el mismo delito– pide para Carmen Aragonés, entonces también edil del PSC en el municipio, y para el jefe de la Policía Local, Carles Santacreu. Componían comitiva que irrumpió en el hotel para exigir expulsar a los agentes. El alcalde ese día estaba ausente.

Los policías se habían instalado días antes en los dos establecimientos, que pertenecen a la cadena hotelera Checkin: 268 agentes en uno, y 228 en el otro. Todo transcurría con normalidad hasta la noche del 2 de octubre, el día después de las cargas policiales para abortar el referéndum. A las puertas del hotel una «multitud exacerbada», en términos de la Fiscalía, clamaba contra la presencia de los agentes. Mientras, en el interior se precipitaban los acontecimientos.

Echarlos «sí o sí»

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, que lleva la firma del fiscal especial para delitos de odio y discriminación de Barcelona, fue Aragonés quien conminó a la dirección del hotel para el desalojo. Ante la negativa de los responsables del establecimiento, que defendían que los policías no habían causado problema alguno, tomó la palabra Masnou para redoblar la fuerza de las supuestas coacciones. En tono «desafiante y conminatorio», según la Fiscalía, Masnou instó al gerente a echarlos, «sí, o sí». El responsable del hotel les insistía en que los policías tenían la reserva hasta el 5 de octubre y que no podía echarlos, pero Manlleu no entraba en razón y, a gritos, le amenazó, con «cerrar el hotel al día siguiente y con que iba a estar cerrado cinco años».

Cuando los políticos y el jefe de la Policía Local se fueron, el gerente, atemorizado por las posibles represalias, escribió un correo al director de los hoteles. Le decía: «Debido a una reunión que hemos tenido con responsables del Ayuntamiento de Pineda de Mar nos vemos obligados, bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante cinco años, a desalojar el contingente de policías nacionales de los dos hoteles». Al recibirlo, el director citó a los responsables de los policías nacionales para pedirles que se fueran.

Todavía quedaba en la puerta del hotel esa «multitud exacerbada» que mencionaba el fiscal, cuando el séquito municipal abandonó el establecimiento. Allí, ante una cámara de La Sexta, Aragonés dio una versión que poco tenía que ver con lo que, según la acusación, acababa de acontecer en el interior del hotel. «Hemos llegado a un acuerdo y mañana por la tarde se van», aseguró. Y ante la insistencia de la periodista de si fue petición o una exigencia, Aragonés añadió: «No hemos necesitado ninguna medida de fuerza, pensamos que el diálogo es lo mejor y así hemos llegado a un acuerdo».

Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de coacciones, con el agravante de ser cometidas por cargos públicos. Reclama la inhabilitación de los tres imputados para ejercer cargos públicos durante tres años. La comitiva incluía a la edil de ERC Mònica Palacín, de cuyo caso se encargó el TSJC, por su aforamiento como diputada. Pero se archivó al concluir que no intervino en las coacciones.


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