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Los Mossos dieron cobertura al 1-O con seguimientos y entorpeciendo la labor de la Policía

Jose Luis Trapero

El fiscal pide 10 años de prisión para Trapero por sedición, pero ofrece como alternativa una condena por desobediencia

El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ha pedido este lunes 10 años de prisión para el mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluis Trapero, a quien acusa de un delito de sedición en relación con la pasividad de los Mossos el 1-O. Por su parte, para la intendente Teresa Laplana ha pedido cuatro años por este mismo delito.

Ante el tribunal que juzga al número uno de los Mossos, el fiscal ha modificado sus conclusiones provisionales para rebajar el delito de rebelión a sedición en consonancia con la sentencia del «procés», y, como informó ABC, ha ofrecido a los magistrados la alternativa a una condena por desobediencia para Trapero, Laplana y los otros dos acusados, César Puig y Pere Soler, mandos políticos de aquéllos. Carballo ha señalado que esta alternativa ofrecería la posibilidad de establecer una condena en el caso de que la Fiscalía no apreciara sedición, pues al ser la única acusación personada, de no existir esta alternativa los magistrados podrían verse obligados a absolver.

En el caso de Trapero y Laplana, la condena por desobediencia, por la que el fiscal ha solicitado sendas multas de 60.000 y 30.000 euros, implicaría su inhabilitación como agentes de la Policía autonómica, en el caso del primero, por un año y ocho meses; en el caso de la segunda, por un año.

Pese a que el delito de sedición es menos grave que el de rebelión (el primero atenta contra el orden público, y el segundo contra el orden constitucional), los diez años solicitados por el Ministerio Público para Trapero no difieren mucho de los 11 que pedía por rebelión al inicio del juicio. La explicación radica en que el fiscal considera que el mayor participó en ese delito como autoridad. Así, la condena solicitada rebasa en un año a la que el Supremo impuso, por ejemplo, a los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por este mismo delito.

En sus conclusiones definitivas el fiscal mantiene que los acusados fueron una «pieza clave» para, dentro del ambito de sus respectivas competencias, «impedir 0 dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los Tribunales de Justicia con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista ideado conjuntamente por los máximos responsables del Govern y del Parlament de la Generalitat así como por los lideres de los grupos parlamentarios y de las asociaciones independientes, condenados por el Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de octubre de 2019».

Así, y pese a las instrucciones dadas por el fiscal-jefe del TSJ de Cataluña para impedir el 1-O y de las resoluciones del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad de la consulta, los acusados, «vulnerando su especial obligación de acatar la Constitución como norma fundamental del Estado, dieron cobertura efectiva a las actuaciones de una parte de la población catalana movilizada desde las instituciones autonómicas y las asociaciones independentistas».

FUNCIONES IMPROPIAS DE UN CUERPO POLICIAL

El papel de los Mossos fue para el Ministerio Público «de especial «relevancia» porque «su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organizacion y de los fines independentistas fue imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebracion del referéndum». Los agentes, bajo las órdenes de Trapero, se dedicaron a funciones impropias de un cuerpo policial, como fue la de realizar seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso, oponerse fisicamente».

Para el fiscal Carballo, que los Mossos formaban parte de la estrategia independentista que da acreditado en el famoso documento "Enfocat" y en la agenda encontrada en el domicilio del entonces secretario de Vicepresidencia Josep Maria Jove (quien será juzgado en Cataluña), donde se expresa la necesidad de contar con la Policía autonómica en todo el proceso separatista.

Tras relatar el plan estratégico de Puigdemont para colocar en el Govern a personas que comulgaran con su plan ilegal (ahí vincula el nombraniento del exconsjero de Interior Joaquim Forn y el del propio Trapero al frente de los Mossos), el fiscal asegura que Puig (secretario general de Interior), Soler y Trapero, «cada uno desde su cargo y responsabilidad» en la estructura de la Policía autonómica de Cataluña, realizaron actos a favor del plan secesionista».

En lo que respecta a Puig, esa relación con los responsables del independentismo se manifiestó «de forma inequívoca» en comportamientos como fue alertar de la actuación de los otros cuerpos policiales o facilitar información a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin del mismo. Ahí se ubican los correos que envió a Jové informando, por ejemplo, de la actuaci6n que la Guardia Civil estaba realizando en la sede de Unipost en Tarrasa (Barcelona). En Unipost fueron interceptados los sobres relacionados con la consulta del 1-O.

Soler, por su parte, «daba cobertura y proteccion a las personas implicadas en la organización del referéndum». El 20-S, por ejemplo, prometió a Francesc Sutrías, detenido por adquirir material necesario para la consulta) «medidas de contravigilancia e incluso una protección superior para contrarrestar la investigación judicial que se dirigía contra él».

De Trapero dice que como máximo responsable de los Mossos «diseñó unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes pudieran cumplir con las instrucciones dadas por el Ministerio Fiscal, así como con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña». Le acusa, además, de emplear su máxima autoridad para informar a los políticos independentistas de las investigaciones policiales y judiciales en curso.

DEJACIÓN «CONSCIENTE E INTENCIONADA»

Sobre el 20-S, cuando tuvo lugar el asedio a la Guardia Civil durante los registros en la Consejería de Economía, el fiscal afirma que Trapero y la intendente Laplana (responsable del operativo de seguridad en ese edificio aquel día) y Trapero, «cooperaron de forma decisiva, consciente e intencionada con los fines perseguidos por las instituciones catalanas (...) impidiendo el desarrollo de la diligencia judicial en las condiciones legales exigidas por nuestro ordenamiento jurídico y propiciando con su deliberada pasividad, la concentración durante horas de una gran masa de personas en actitud obstaculizadora y hostil frente a aquella sede». No fue hasta la madrugada cuando la secretaria judicial pudo abandonar ese edificio, y lo tuvo que hacer por la azotea, ante la multitud congregada y el peligro que para su integridad física corría la comisión judicial.

«La acusada Laplana, en su calidad de intendente de Mossos en aquella zona, negó reiterada e intencionadamente la prestacion del auxilio que se Ie reclamaba, guiada del propósito último que alentaba sus acciones, que no era otro que frustrar la actuación de la comisión judicial», señalan las conclusiones definitivas del fiscal.

El Ministerio Público se refiere también al papel protagonista que asumió aquel día el líder de la ANC Jordi Sànchez, a quien, según se deduce del tráfico de llamadas, tanto el entonces consejero Forn como el propio Trapero convirtieron en «interlocutor» autorizado para organizar la salida de la comisión judicial. Las condiciones que impuso Sànchez «fueron totalmente asumidas por Trapero, quien, «con su consciente inactividad, evitó poner fin al grave problema de orden público que se estaba produciendo (...) y aceptando que la comisión judicial se viera incursa en una situación ciertamente peligrosa». Laplana, a su vez, cumplió con las órdenes dadas por Trapero «sin cuestionarlas», consciente de que la situación se agravaba progresivamente «como consecuencia de la renuencia a intervenir».

UN PLAN FRAUDULENTO

A juicio del fiscal, la pasividad mostrada por los Mossos el día del referéndum ilegal formaba parte del plan elaborado por Trapero, Puig, Soler y el consejero Forn. «Aparentando el cumplimiento de las órdenes recibidas del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial, diseñaron un plan de actuación fraudulento, en cuanto que deliberadamente ineficaz». Hubo una inacción y dejación de funciones por parte de los Mossos con las que contribuyeron «de forma decisiva» a la movilización ciudadana.

Una muestra inequivoca de la planificacion fraudulenta del plan fue la actuación que los agentes llevaron a cabo el 29 y 30 de septiembre. Esos días previos al 1-O se debía realizar una labor de comprobación sobre si los centros previstos como «colegios electorales» estaban abiertos y si había alguna actividad preparatoria del referéndum. Sin embargo, lo que se llevó a cabo fue una actuación «meramente formal», en la que se levantaron 4.469 actas por parte de los efectivos de los Mossos d´Esquadra personados en los citados locales, «sin hacer indicacion efectiva ni advertencia alguna a quienes ya los ocupaban ni instalar precinto alguno, pese a contar con ellos». Tampoco esos días se incautó material alguno, ni se cerró ningún colegio, recuerda.

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