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El TSJC confirma el procesamiento de Jové y Salvadó por la organización del 1-O

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La magistrada instructora se remite a la causa inicial instruida por el juzgado número 13 de Barcelona sobre las declaraciones de Santiago Vidal

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha emitido una resolución de la Sala Civil y Penal este viernes en la que se desestima los recursos presentados por los diputados de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, y confirma su procesamiento por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017.

La confirmación del procesamiento obliga a los diputados a personarse mensualmente en el juzgado, puesto que la magistrada instructora Maria Eugènia Alegret les retiró el pasaporte y les prohibió salir del país, e impuso una fianza de responsabilidad civil de 2,8 millones para Jové y de 1,6 millones en el caso de Salvadó.

"El TSJC recuerda que el origen de la causa son las declaraciones realizadas por el senador de ERC, anteriormente juez ejerciente, Santiago Vidal"

En el auto difundido este viernes, la magistrada pone de manifiesto que esta causa tiene su origen en otra, la que se instruyó después de las declaraciones realizadas en el mes de enero de 2017 por el senador de ERC, Santi Vidal, cuando aseguró que la Generalitat había obtenido ilegalmente los datos fiscales de los catalanes, y que disponía de dinero oculto en diferentes partidas presupuestarias para la realización del referéndum y para la construcción de las estructuras de Estado necesarias, además de estar planeando una sistema judicial propio.

Tras esa causa “se unieron otras denuncias en el mismo sentido”, remarca la magistrada, que minimiza “cómo fueran calificados los hechos según los querellantes o denunciantes”, porque la existencia de estas denuncias le hace concluir que “no es cierto, por tanto, que existiese ninguna voluntad prospectiva”. “Los hechos denunciados eran claros y precisos y contaban además con el suficiente grado de verosimilitud dada la fuente de la que procedían”, sostiene.

“Los hechos denunciados eran claros y precisos y contaban además con el suficiente grado de verosimilitud dada la fuente de la que procedían”

El auto destaca que “nada menos que un senador de ERC y además juez de profesión”, era quien afirmaba que la Generalitat estaba preparando el referéndum. Esto le hace concluir que “los hechos indicados implicaban de forma natural al Departament de Vicepresidencia Economía y Hacienda, del cual el Sr. Jové era el secretario general y responsable por tanto de las finanzas de la Generalitat y de los presupuestos.

Alegret rechaza así el argumento esgrimido por las defensas, sobre la existencia de una “investigación general”, una “investigación policial instrumentalizada a fines diferentes de los que justifican su existencia”. También rebate que esta investigación suponga una criminalización del proyecto político independentista: “No supone la criminalización de un proyecto político independentista, sino el análisis de si los procesados relegaron la actuación política para satisfacer sus aspiraciones ideológicas, sirviéndose para ello de ilícitos mecanismos propiciados por su posición institucional”, asegura.

“No supone la criminalización de un proyecto político independentista, sino el análisis de si los procesados relegaron la actuación política para satisfacer sus aspiraciones ideológicas”

En este sentido, la magistrada se remite a los documentos intervenidos a lo largo de la instrucción y concluye que Jové era “el coordinador de las actividades ejecutivas del referéndum” y que presuntamente autorizó los gastos para llevar a cabo la consulta del 1-O. Y en cuanto a Salvadó, sostiene que su investigación está “debidamente justificada” por los indicios detallados en la denuncia que dio pie a la causa, basada en las declaraciones de Santi Vidal.

Atendiendo a las declaraciones de Vidal, Salvadó pudo incurrir en un delito de desobediencia “tanto en el desarrollo de escenarios post referéndum de autodeterminación, como de una Hacienda propia que incluyese impuestos no cedidos”, puesto que el TC ya había decretado la ilegalidad de las pretensiones independentistas.

"El TSJC recuerda que la despenalización del referéndum “no puede ser el vehículo para la despenalización de otras figuras delictivas en las que esa conducta podía ser perfectamente encajada”

El hecho de que haya habido dispersión de causas, con la del juzgado número 13 de Barcelona, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, no es un motivo relevante para la magistrada: Que los hechos fueran denunciados por delitos más graves como sedición o rebelión “carece de toda relevancia” porque en el caso de Jové y Salvadó “parece claro que el instructor no lo consideró así inicialmente, siendo descartado luego por la Sala II del Tribunal Supremo”.

La magistrada también rebate el argumento de las defensas sobre que las conductas llevadas a cabo no invadían el campo penal por haber sido despenalizado en el año 2015 el delito de convocatoria ilegal de referéndum. El auto recuerda que la despenalización aludida “no puede ser el vehículo para la despenalización de otras figuras delictivas en las que esa conducta podía ser perfectamente encajada”.


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