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Un Real Decreto permitirá al Gobierno intervenir redes y servicios de telecomunicación por motivos de orden público, seguridad pública y seguridad nacional

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El decreto para frustrar la república digital catalana convierte el DNI en el único documento oficial para acreditar los datos personales

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, podrá, “con carácter excepcional y transitorio”, intervenir y asumir la “gestión directa” de redes y servicios de comunicaciones electrónicas “en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”. Así lo establece el real decreto ley que aprobó el viernes el Consejo de Ministros con el fin declarado de sofocar el proyecto de república digital en la que trabajan la Generalitat y las fuerzas independentistas catalanas, y que busca crear un Estado paralelo en Internet.

“No va a haber independencia off line ni on line, el Estado va a ser igual de contundente en el mundo digital que lo es en el mundo real”, sostuvo el presidente en funciones, Pedro Sánchez, el viernes.La nueva norma, que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), trata de cegar las vías para que el independentismo aproveche el avanzado proceso de transformación digital de la Administración para fines contrarios al orden constitucional.

El decreto busca evitar el robo de datos personales, el hackeo de dispositivos móviles, los ciberataques contra infraestructuras críticas o el uso indebido del censo o los datos fiscales de los ciudadanos. También pretende defenderse más eficazmente frente a ataques informáticos contra los procesos electorales o las actividades de desinformación, como las denominadas fake news (noticias falsas).El texto, que modifica cinco leyes, entre ellas la de telecomunicaciones o la de seguridad ciudadana, no hace referencia expresa a Cataluña, aunque en su exposición de motivos habla de “los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español”.

La Generalitat ha calificado este decreto de “155 digital”, en referencia al artículo de la Constitución que permite al Gobierno intervenir una comunidad autónoma.La normativa contempla que el Ministerio de Economía pueda ordenar "sin audiencia previa" al interesado el cese de la actividad de las redes de comunicación "cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional".

También cuando esta actividad perturbe el funcionamiento de servicios de seguridad pública, protección civil y emergencias, o cuando "cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones". Los sistemas de comunicación por Internet han sido vitales para el llamado Tsunami Democràtic, la plataforma que controla las protestas independentistas en Cataluña contra la sentencia del procés y que han derivado en choques violentos con las fuerzas de seguridad.

Esta “facultad excepcional y transitoria” de gestión por parte del Ejecutivo central podrá afectar “a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”. Este cambio no afecta a los medios de comunicación ni a los contenidos audiovisuales enviados a través de las redes y servicios de comunicaciones, que están expresamente excluidos del ámbito de la Ley de Telecomunicaciones, que ahora reforma el decreto del Gobierno.

Fuentes gubernamentales consultadas por EL PAÍS aclaran que el espíritu de la nueva norma no es la interrupción o la paralización de los servicios de telecomunicaciones en caso de problemas graves de orden público o seguridad nacional, sino, antes al contrario, “garantizar su prestación” y “evitar o frenar que se den casos de mal uso o de abuso” de las infraestructuras por parte de particulares o administraciones, como la Generalitat, que gestionan las redes.

Las mismas fuentes señalan que la norma, tanto por su espíritu como por su propia naturaleza de decreto-ley, no ampara actuaciones que afecten a los derechos fundamentales, como la libre expresión o el secreto de las comunicaciones, materias de ley orgánica. Así, para seguir clausurando webs como la de Tsunami Democràtic seguirá siendo necesaria la intervención de un juez. “Esto no afecta a derechos de los ciudadanos; los protege”, señala una fuente de La Moncloa.

La norma, señalan las mismas fuentes, tampoco permite el cierre gubernativo de servicios como Facebook o Telegram, que en este caso, operan “por encima de las redes” y no se pueden intervenir por la normativa europea.

El decreto incluye medidas urgentes para impedir, o al menos dificultar seriamente, el uso de datos personales con fines ilegítimos. Y para ello refuerza el control del Gobierno central tanto sobre las acciones de otras Administraciones públicas como del sector privado, forzando a las empresas que quieran contratar con el Estado a someterse expresamente a la normativa española y europea de protección de datos, lo que obliga a las compañías a hacer constar en qué país están los servidores donde se alojarán los datos y a comunicar cualquier cambio. No hacerlo implicaría la nulidad del contrato público.

El decreto, como ya avanzó el Gobierno, establece la obligatoriedad de que los servidores de las Administraciones y entidades públicas estén alojados en la Unión Europea, y para una serie de datos especialmente sensibles, en territorio español. “En cualquier caso, los datos se encontrarán disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes”, señala la nueva norma.

Una de las medidas más llamativas consiste en convertir el documento nacional de identidad (DNI) en “el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular”. De este modo se busca evitar que las autoridades catalanas puedan expedir algún tipo de cédula que permita identificar a los ciudadanos de esa comunidad. El Estado refuerza asimismo su control sobre los procedimientos de firma electrónica de otras Administraciones, que deberán someterse a un régimen de autorización previa del Gobierno con el fin de “garantizar la seguridad pública”, competencia exclusiva del Estado.

Además veta que las Administraciones puedan implantar sistemas de identificación basados en las llamadas “tecnologías de registro distribuido”, como el blockchain.


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