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El Juzgado de Instrucción 25 de Madrid, investiga a tres diputados de Unidas Podemos por "atentado a agente de la autoridad"

mayoral policia

La magistrada ha llamado a declarar a los cargos públicos, identificados como tales por la Policía Nacional, pese a que están aforados ante el Tribunal Supremo. En la protesta fue detenido un representante sindical de CCOO y otros manifestantes figuran también en la causa como investigados. Unidas Podemos solicita "la comparecencia urgente" del ministro del Interior para que explique lo que consideran una "persecución política" previa al 10N

 Una jueza de instrucción de Madrid ha llamado a declarar en calidad de investigados a tres diputados del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (Rafael Mayoral, Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino) y a una exdiputada (Ángela Rodríguez) por un supuesto delito de "atentado contra la autoridad" que habrían cometido durante unas cargas policiales en las proximidades del Congreso, en una protesta de los trabajadores de la empresa Alcoa el pasado mes de marzo.

La titular del juzgado de instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles, les ha notificado la imputación y les ha citado a prestar declaración pese a que están aforados ante el Tribunal Supremo por ser diputados, una condición en la que hace hincapié múltiples veces el propio atestado policial en el que la magistrada basa su investigación y al que ha tenido acceso eldiario.es. Los diputados solo pueden ser investigados -y por tanto llamados a declarar- por el alto tribunal.

Fuentes jurídicas apuntan a que, en ocasiones, los jueces optan por llamar a declarar a los diputados para iniciar los trámites que confirmen que son aforados. Los parlamentarios contestan entonces que el tribunal no es competente para tomarles declaración, y el juez confirma con el órgano correspondiente (en este caso el Congreso) que son aforados. En ese punto queda ya en manos del instructor elevar directamente el caso al Supremo o avanzar en la investigación y posponer ese trámite.

Los hechos investigados se remontan al pasado 28 de marzo de 2019. Varios centenares de trabajadores de Alcoa, cuyas factorías en Galicia y Asturias estaban a punto de ser cerradas, se trasladaron a Madrid a manifestarse frente al Congreso de los Diputados. Un cordón de antidisturbios de la Policía Nacional les impidió el acceso a las inmediaciones del Parlamento.

Los imputados se dirigieron hacia los manifestantes con gestos ostensibles para "incitarles" a saltarse la vallas el pasado 28 de marzo. Además, la acusación señala que la diputada Yolanda Díaz rompió el vallado, arengó a la gente y empujó a policías para que no detuvieran a manifestantes.


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